Cuando se cumplen más de tres meses de la catástrofe de la DANA que dejó en Valencia miles de desperfectos y 224 fallecidos, ahora, la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud Valencia (ADDA/HS) solicitará judicialmente la imputación hasta cinco cargos y excargos de la Generalitat de Carlos Mazón por su gestión política e institucional en el marco de la investigación que ya está llevando a cabo la jueza de Catarroja, quien ya ha abierto diligencias previas penales al respecto.
Para ser más exactos, se trata de cinco cargos del Consell popular valenciano: la exconsellera de Interior y Justicia, Salomé Pradas –que fue la encargada de las competencias de Emergencias en el momento de la DANA-; el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso; el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Martín; el subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias de la Comunitat Valenciana, Jorge Suárez; y la jefe de servicio de Emergencias autonómico, Inmaculada Piles. Una lista a la que cabe sumar un sexto cargo, aunque de corte estatal, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo.
De esta manera, la asociación de afectados por la DANA exigirá a la jueza que practique las diligencias pertinentes para que los seis denunciados declaren en sede judicial como investigados y que se esclarezca su responsabilidad ante una respuesta tardía y fatídica desde las competencias de Emergencias a una catástrofe natural sin precedentes en Valencia.
En su petición judicial, los damnificados por la DANA alegan que los cargos mencionados podrían haber incurrido en presuntos delitos de homicidios imprudentes, lesiones imprudentes, daños imprudentes, prevaricación omisiva y de omisión del deber de socorro.
En el caso del presidente Carlos Mazón, queda exento de incluirse en una querella judicial por su condición de aforado, que le restringe de la capacidad de ser investigado por un juzgado de instrucción. Y es que cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ya rechazó las querellas y denuncias contra el barón del Partido Popular al considerar que no tenía indicios directos sobre su actuación el fatídico 29 de octubre, aunque la asociación de afectados pretende que Mazón sea citado, al menos, como testigo.
Quién mandó la alerta a la población, punto clave de la investigación
El punto de encuentro en la investigación en sede judicial radica en la toma de actuaciones y decisiones el mismo 29 de octubre sobre quién y cómo se decidió mandar la notificación del sistema Es-Alert a la población valenciana, la cual llegó a las 20:11 horas de la tarde de aquel día, demasiado tarde y cuando la DANA ya estaba desatada en decenas de municipios.
Recoge especial interés judicial la declaración que aportará el subdirector de la Agencia de Emergencias valenciana, Jorge Suárez, que podría ser determinante para esclarecer lo que sucedió aquella tarde en el CECOPI, el órgano desde el que se gestionó la emergencia y en el que estaban integrados, mayoritariamente, cargos de la Generalitat, pero también la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana.
Con este telón de fondo, la jueza instructora ha reclamado a la Generalitat de Mazón que especifique expresamente quién dio la orden de mandar la alerta a los móviles de los ciudadanos afectados. Aunque ésta dio un plazo “improrrogable” de cinco días para que el Consell respondiese al respecto, lo único que ha trascendido hasta ahora, en voz de la portavoz Susana Camarero, es que la decisión fue “colegiada” entre los miembros del CECOPI.
Asimismo, la jueza desea conocer si la CHJ transmitió a Emergencias la información a través de los canales pertinentes sobre la evolución del desprendimiento del Barranco del poyo entre las 16:13 y las 18:42 horas de aquella tarde. Pese al alegato del Gobierno de Mazón a lo que consideraron un “apagón informativo” por parte de este departamento estatal, el Gobierno central ya ha garantizado que remitirá los datos al juzgado de Catarroja.
La jueza analiza testimonios de víctimas y afectados
Además de esclarecer la gestión de las emergencias aquel día fatídico, la jueza instructora también estudia las causas y perjuicios emocionales derivados de la catástrofe de gran magnitud que provocó la DANA. Así, con los testimonios de los familiares de las más de 220 personas fallecidas en Valencia, se analizarán sus daños psicológicos ante lo que la magistrada entiende que fue un “episodio dantesco”, según se señala en una de sus primeras resoluciones judiciales.
Y es que la investigación judicial ya da cuenta de los daños morales y psicológicos que sufrieron cientos de testigos, que vieron cómo familiares, seres queridos o vecinos “desaparecían ante sus ojos” sumergidos en las riadas “arrastrados por un torrente de agua y barro”. De esta manera, una de las conclusiones más sólidas que se han extraído de momento es que el mayor volumen de víctimas mortales fueron personas de avanzada edad que vivían en casas de planta baja y otros valencianos que se encontraban en calle o sacando sus coches de los garajes.
