Como si de una tela de araña se tratara, el esqueleto de contratos a empresas vinculadas a la corrupción que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, va tejiendo en materia de reconstrucción de la DANA se va haciendo cada vez más grueso. 

Se conocía el pasado 4 de febrero la última adjudicación del Ejecutivo valenciano de 1,7 millones de euros a la empresa Tizor Hormigones y Asfaltos S.L. en materia de reconstrucción de los municipios afectados por el temporal. La firma, propiedad de la familia de Enrique Ortiz -condenado después de admitir haber financiado ilegalmente el PP valenciano de Francisco Camps-, ya es una más en el robusto entramado que el gobierno valenciano está confeccionando a base de adjudicaciones millonarias y contratos a dedo a vinculados con tramas de corrupción.

Apenas dos días después de conocerse esta nueva adjudicación, la Audiencia Nacional condenaba a Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a penas de entre seis meses y dos años y medio de prisión por el denominado ‘cártel del fuego’. Castellano, sobre el que ahora pesa delito continuado de cohecho, continuado de malversación, continuado de prevaricación y continuado de falsedad en documento oficial, en relación de concurso medial, ha entrado a formar parte de la trama de Mazón y los contratos a dedo. 

El pasado 20 de noviembre, tras el cese a las conselleras Nuria Montes y Salomé Pradas, se conocían los nombres que iban a ocupar sendos asientos vacíos. El relevo de Pradas lo cogió Nuria Martínez, ex decana de Derecho de la UCV, y el de Montes, Juan Carlos Valderrama, ex subdelegado del Gobierno en Valencia y mano derecha de Castellano. Con esta decisión, el ejecutivo valenciano agranda su lista de adjudicaciones a vinculados a la corrupción.

En esta línea, desde que empezaron los trabajos de reconstrucción y contratación a empresas para este fin, el PP valenciano ha adjudicado ya más de 60 millones a empresarios cercanos a Mazón y a empresas vinculadas a cuatro tramas de corrupción. En concreto, estas son el caso Brugal, la trama Gürtel, el caso Taula y el caso Assut, a las que ahora se le sumaría ‘el cártel de fuego’, tras la adjudicación de la conselleria de Emergencias a la mano derecha de su principal artífice, Serafín Castellano.

Irregularidades con la colaboración de autoridades

Según se describe en la sentencia de 178 páginas sobre el ‘cártel de fuego’ y la condena a Castellano, un grupo de empresarios del sector de la navegación aérea de extinción de incendios, tras concertarse para repartirse geográficamente los concursos públicos licitados a nivel nacional, desarrollaron una serie de conductas ilícitas en las que contaban, en algunos casos, con la colaboración de autoridades o funcionarios públicos con competencias en la materia.

Tal y como se desprende del fallo de la Sala de lo Penal, su proceder consistió en la fundación y posterior funcionamiento de una “asociación” de personas y empresas del sector de la navegación aérea, que, “con previos pactos clandestinos y ánimo de lucro, imponían a las administraciones contratantes precios superiores de los que derivarían de la libre y transparente concurrencia y ello mediante el reparto fraudulento del mercado”.

Al margen de ello, Castellano, mano derecha del actual conseller de Emergencias, tiene también un amplio recorrido con el PP. Tras ser alcalde de Benissanó (Valencia), pasó a la política autonómica en 1999 en calidad de conseller de Justicia y Administraciones Públicas, titular de Sanidad, síndic del PP en las Cortes, conseller de Gobernación desde 2007 a 2014 y delegado del Gobierno desde 2014 hasta su detención el 29 de mayo de 2015.

Sin fecha para la reconstrucción

A todo ello, y con un lazo más de corruptela en el entramado del ejecutivo de Mazón, se le suma la incapacidad por parte del conseller para la Reconstrucción, Francisco José Gan Pampols, para determinar una fecha límite para ejecutar las obras de reconstrucción de los municipios afectados por la DANA. 

Este lunes el vicepresidente segundo del Consell ha dejado en el aire el día en el que finalicen las obras. “No se puede prometer lo que no se puede cumplir. No tengo un plazo. me gustaría que antes del 28 de octubre la normalidad, tal y como existía antes del día 29, se haya alcanzado”.

Al margen de esto, se ha pronunciado también sobre la relación con el Gobierno central en esta materia señalando que “no es una cuestión de reclamar, sino de acordar”: “Nosotros ahora mismo lo que necesitamos es sacar adelante un plan de recuperación en el que las tareas y el presupuesto que las apoya esté perfectamente definido y satisfecho”.

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