Los contratos concedidos al Gobierno de Carlos Mazón después de la DANA siguen dando de que hablar. Raro es el día que no aparece un nuevo acuerdo que comprometa al Ejecutivo valenciano en la reconstrucción de la ciudad del Turia después del paso del temporal del pasado 29 de octubre.

Condenado por financiar ilegalmente al partido en la era Camps

La última compañía beneficiaria que ha salido a la luz es Tizor Hormigones y Asfaltos SL, integrada en el Grupo Cívica y cuya responsable es la familia del empresario alicantino Enrique Ortiz, persona condenada después de confesar haber financiado ilegalmente el PP valenciano de Francisco Camps.

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorios ha adjudicado a la firma por valor de 1,7 millones de euros, mediante el procedimiento de urgencia -a dedo- y sin dar la oportunidad de que otras empresas participen en concurso la construcción de infraestructuras afectadas por la tormenta que dejó innumerables daños personales y materiales.

Tizor es otra compañía de empresarios vinculados a la trama Gürtel que ha logrado importantes adjudicaciones para realizar obras después de la DANA. Antes de ella, saltó a la palestra la empresa Becsa, del también condenado Ángel Batalla, o Facsa, de Enrique Gimeno; persona que también reconoció haber financiado de forma ilegal al partido. Ambas participaron de la reconstrucción de varios puntos de la costa mediterránea de forma polémica.

La administración de Mazón mantiene su defensa frente a estas actuaciones en declaraciones a elDiario.es, donde siguen justificando que este modo de contratar “sigue escrupulosamente la normativa” y que “se adapta a la actual situación donde no hay tiempo que perder”. “(Por eso) no se presentan varios candidatos para realizar las obras, sino que se asigna de forma directa por parte de la Generalitat”, indican a la vez que deslizan que “este procedimiento también está siendo utilizado por el Gobierno”.

Como en ocasiones anteriores e igualmente comprometidas para el PP valenciano, las mismas fuentes de la Conselleria emplazan que el proyecto de este contrato contempla tres actuaciones en Gestalgar: una en el badén del camino a la depuradora, otro en el que da acceso a la central Hidroeléctrica y el pontón de Morenillo, y el acceso a los mismos. Igualmente, se restaurará el puente que conecta Bugarra y Gestalgar -y que da acceso a la zona agrícola y a la central hidroeléctrica- sobre el río Turia.

Más allá de las actuaciones, defienden que se ha buscado un reparto “equitativo” y que “no fueran pocas empresas las únicas que asumieran las reparaciones”. Así las cosas, pese al procedimiento llevado a cabo para contar con Tizor, el equipo popular sostiene que hay “decenas de involucradas”. “De hecho, en el caso de las carreteras de titularidad autonómicas, de las siete obras más relevantes, ninguna firma repite (…) Una situación muy similar tiene lugar en las obras locales asumidas por la Generalitat ante la imposibilidad de realizarlas los ayuntamientos, como es el caso”, apostillaban.

De la misma manera, abogan que para el caso que concierne estas líneas se han priorizado criterios de “disponibilidad inmediata, solvencia” y capaces de finalizar del todo las obras. Asimismo, se basan en la experiencia de la empresa.

Empresas beneficiadas por Mazón después de la DANA

Los contratos de Emergencia del Gobierno de Mazón están facilitando que multitud de empresas que anteriormente no habían tenido demasiada actividad en la zona comiencen a tenerlo. Un ejemplo de ello es STV, la compañía en la que trabajaba el jefe de gabinete del propio president, José Manuel Cuenca, u Hormigones Martínez; de Rafael Martínez Berna, condenado también en Gürtel.

No son los únicos nombres propios que destacan de entre los acuerdos controvertidos después del temporal. Las concesiones a dedo y por valor millonario a empresas en las que están involucrados de alguna manera personas cercanas al PP se están repitiendo constantemente, y en estas también aparece el nombre del líder de Génova 13, Alberto Núñez Feijóo. En concreto, el de quien fuera jefe de campaña de los conservadores en las elecciones autonómicas y municipales de 2023, a su vez exministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

El suyo es solamente uno de los innumerables casos de posible favoritismo que se han dado después de la tormenta. En esta ocasión, el Gobierno autonómico ha adjudicado 578.512 euros a las siglas Typsa, que dispone de un capital social de 2,4 millones de euros, niveles de venta superiores a los 200 millones de euros y unos beneficios de 28,5.

Sea como fuera, el Gobierno valenciano ha tramitado más de 50 contratos de emergencia tras la riada por valor total superior a los 200 millones de euros.