El juez Peinado, quien esta semana ha llamado a declarar como investigada a Begoña Gómez -la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,- en el marco de la investigación tras una denuncia de Manos Limpias, rechazó citar al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, para evitar una "estigmatización" así como la "desconsideración de su imagen" del dirigente popular cuando este fue acusado de prevaricación en el cierre de los parques de la capital durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.
Así, el magistrado estimó las alegaciones presentadas por el abogado del alcalde y consideró que, en ocasiones, una denuncia o una querella contra una figura pública solo tiene como objetivo buscar la foto en la puerta del juzgado. "Debe ser objeto de cuidado por el órgano judicial antes de citar caprichosamente a cualquier ciudadano", defendió entonces Juan Carlos Peinado para justificar la anulación de la comparecencia de Almeida tan solo unos días antes de archivar el caso, tal y como publica elDiario.es.
El juez Peinado tapa a Almeida
Este martes, el titular del juzgado 41 de la Plaza de Castilla de Madrid ha anunciado que citaba a declarar como investigada a Begoña Gómez para el 5 de julio. Una citación que llega después del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se descarta cualquier tipo de delito y antes de haber escuchado a los seis testigos a los que ha citado para el próximo domingo. Pero sobre todo se produce a unos días de la celebración de las elecciones al Parlamento europeo, como el propio Pedro Sánchez ha denunciado en una nueva carta.
Pero hace cuatro años, en mayo de 2020, el mismo magistrado Juan Carlos Peinado abrió diligencias por una denuncia contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el que se le acusaba a él y a uno de sus concejales de prevaricar por cerrar los parques de la capital durante los primeros meses de la pandemia. Los dos fueron llamados a declarar el sábado 23 de ese mismo mes, pero un día antes el juez reconsideró su decisión apelando al daño que podría hacerle a la imagen del primer edil.
En concreto, en su auto rechazó buena parte de las alegaciones de la defensa de Almeida, que pasaban por archivar el caso, y defendió que el caso "requiere de una mínima investigación". "Una exposición, que parece ser obtenida de cualquier manual de Derecho Penal Básico, dirigido a estudiantes de los primeros cursos de Derecho", escribió entonces sobre los argumentos del abogado del alcalde en unas palabras muy reveladoras contra el texto de la defensa.
Con todo, Peinado archivó el caso varios días después, pero ese mismo viernes, un día antes de la cita del regidor con el juzgado, sí decidió anular la convocatoria para escuchar de nuevo al denunciante. La defensa de Almeida alegaba que con la petición de declaración para el edil se estaba sometiendo a este a la “pena de banquillo” y el juez les dio la razón. Consideró que se podía estar ante una causa abierta solo con el objetivo de verle entrar y salir del juzgado.
El juez reconoció entonces que podía suponer un “inconveniente” que, en casos de personajes o cargos públicos, una citación del juzgado “puede comportar una estigmatización adicional”, así como que los medios de comunicación publiquen “su imagen o saliendo de la sede judicial” puede llevar “per se a una desconsideración de su imagen”. Para Peinado, esta intención de perjudicar la imagen del querellado podría ser la intención “perseguida por los denunciantes o querellantes”, en ocasiones “como primero y a veces fundamental de los objetivos”.
De hecho, el magistrado argumentó al final que este hecho debía llevar a los jueces a tener especial cuidado a la hora de poner fecha a las declaraciones de los investigados. "Debe ser objeto de cuidado por el órgano judicial y tener presente ese aspecto antes de citar caprichosamente a cualquier ciudadano", sostuvo entonces para afirmar que la citación de Almeida "carece de sentido".
La UCO requisa en la sede de Red.es
Precisamente este jueves la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se ha personado en la sede de la sociedad pública Red.es para recabar información relacionada con la investigación a Begoña Gómez por orden de la Fiscalía Europea. Una actuación que se produce después de que el pasado 26 de abril el órgano comunitario se interesara por la causa y preguntara al titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid -que admitió a trámite la denuncia de Manos Limpias- si el procedimiento afectaba a contratos suscritos con fondos europeos.
En un decreto firmado aquel día, la Fiscalía Europea pidió al juez Peinado que le informara de los hechos que investiga y que le precisara si en el procedimiento "estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley", integrada por una sociedad propiedad del empresario Juan Carlos Barrabés, a quien la organización de extrema derecha señala como beneficiario de las "recomendaciones o avales" firmadas por Gómez.
En el marco de sus diligencias de comprobación, la Fiscalía reclamó a Red.es los expedientes completos sobre los tres contratos en cuestión, relativos a servicios de formación para el empleo en la economía digital. Además, anunció que, "una vez identificados los proyectos anteriores", debería oficiar a la Unidad de Administración del Fondo Social Europeo (UAFSE) para que le remita información de si dichos contratos "hubiesen sido financiados con fondos europeos y, en su caso, si se han certificado".
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