No soy experta en política internacional, no se me escapa la complejidad del conflicto de oriente próximo en términos geopolíticos, pero no puedo dejar de sorprenderme y preocuparme por los razonamientos que conducen a los diferentes actores políticos occidentales a mostrar su apoyo a Israel, especialmente a la derecha española que repite como un mantra vacío dos argumentos algo pobres; el derecho a la defensa de Israel, y su condición de Estado democrático frente al resto de actores del conflicto.
Empezando por el argumento de la legítima defensa, parece poco sostenible que ante el ataque terrorista de octubre puede entenderse la ofensiva de Israel sobre Gaza y el Líbano como legítima defensa, salvo que hayamos aceptado y normalizado que existe una posición de supremacía en uno de los actores que le otorga el derecho a imponer su venganza a todo territorio o población colindante con el conflicto.
A veces simplificar las cosas ayuda a valorar su pertinencia. Si no estuviéramos hablando de relaciones internacionales, sino de terrorismo interno en un mismo país, como el que sufrimos en España en su momento, o de actos violentos entre personas, nadie defendería que ante un secuestro y asesinato masivo de ciudadanos inocentes, sea legítimo asesinar a los hijos de los que sospechamos son sus autores. Pero, sin embargo, se defiende con normalidad que Israel puede asesinar a la infancia que habita la franja de Gaza porque un grupo terrorista secuestró y asesinó de forma execrable a ciudadanos israelitas.
No sería imaginable esta posición si no estuviéramos hablando de relaciones internacionales, porque vivir en un estado democrático implica, entre otras cosas, que las leyes no permiten la venganza individualizada de los actos violentos que se suceden en una sociedad, se llama Estado de derecho, e implica que se reconocen derechos incluso al más terrible de los criminales. El derecho que asiste a todo ciudadano conlleva que, para castigarlo por sus actos, debe demostrarse la autoría de los crímenes, debe juzgarse la gravedad de estos, y sólo después de ambos procesos, se podrá aplicar el castigo que regulen las leyes para esos crímenes.
Es urgente que nos recordemos esta premisa básica, porque si seguimos olvidándola día a día en nuestras relaciones internacionales, debilitamos nuestros valores democráticos, y otorgamos legitimidad a una forma de combatir el crimen, que se nos acabará volviendo en nuestra contra.
Me horroriza como se ha relatado y casi alabado la actuación israelita en las últimas semanas. Todavía con los ataques sobre Gaza, incluso quienes apoyan a Israel, se cuidan de no celebrar lo que llaman daños colaterales, y tratan de no centrar el debate en los centenares de miles de ciudadanos muertos por ataques a todas luces desproporcionados. Pero con actos como el ataque contra el consulado de Irán en Siria, el asesinato de cooperantes de World Central Kitchen, el ataque a Hezbolá mediante la explosión de 5000 buscas y los recientes bombardeos sobre Beirut, son pocas las voces que señalan lo bárbaro de estas acciones, que convierte una supuesta legítima defensa en una acción fuera de toda legalidad internacional y que lleva a muchos a calificarlas como propias de un estado terrorista.
Sin embargo, son más quienes piensan que estas afirmaciones son exageradas y que Israel sigue actuando en legítima defensa. Este pensamiento se basa en definir los bandos en conflicto y forzarse a tomar partido en base a situar a Israel como un estado democrático y, por tanto, como parte de los que deben ser defendidos. Y otra vez son pocas las voces que cuestionan este axioma automático y exigen que pongamos el foco no en las etiquetas previas, sino en los actos concretos de los Estados para determinar si son justificables sus acciones.
¿Es justificable que un Estado democrático distribuya 5000 explosivos en dispositivos electrónicos porque sabe que van a ser usados por miembros de una organización criminal? Obviamente no. Porque en un estado democrático el Estado no combate el crimen con explosivos, sino con la ley y sus instituciones. Parece un razonamiento simplista, y todo el mundo correrá a decir que las guerras son así, pero conviene no olvidar que las guerras también tienen reglas, precisamente son los estados democráticos que se reconocen como tales los que las establecieron para proteger la democracia y el estado de derecho.
Si seguimos permitiendo, como sociedad internacional, que Israel actúe sin ley ni respeto a la democracia, no sólo en sus actos de guerra, sino también en la ordenación de su propia sociedad, en la que una parte de los habitantes del territorio que gobierna no tiene reconocida la igualdad de derechos por su origen o religión, habremos perdido la batalla que se dice crucial, la que lleva a querer no ser parte del bando de Irán; la defensa de las sociedades democráticas y el estado de derecho, que es su esencia.
