La Corte Penal Internacional (CPI, TPI por sus siglas en inglés) ha emitido este viernes una orden de arresto contra Vladimir Putin, presidente de Rusia, por ser "presuntamente responsable" de los crímenes de guerra cometidos en Ucrania al deportar ilegalmente a niños ucranianos de las zonas ocupadas por sus tropas para, posteriormente, enviarlos a su territorio de forma ilegal. 

Según reza en la orden de arresto, el Presidente de la Federación de Rusia es señalado por la deportación de niños ucranianos natales de las ciudades y zonas que han sido asediadas por el Ejército ruso desde, “al menos”, el comienzo de la invasión del país, la cual ya ha cumplido más de un año desde el pasado 24 de febrero de 2022, todo ello en virtud de los artículos 8.2.a.vii y 8.2.b.viii del Estatuto de Roma.

“Hay motivos razonables para creer que Putin es responsable penalmente a título individual de los crímenes mencionados, por haber cometido los actos directamente, conjuntamente con otros y/o a través de otros [artículo 25(3)(a) del Estatuto de Roma], y (ii) por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos, de conformidad con la responsabilidad superior [artículo 28(b) del Estatuto de Roma]", puede leerse en la orden.

El jefe del Kremlin no ha sido la única figura dentro de las fuerzas políticas rusas señalada por la CPI en cuanto a los crímenes cometidos en Ucrania. A María Alekseyevna Lvova-Belova, comisionada de Rusia para los Derechos del Niño, también se le ha emitido una orden de arresto con las mismas características.

Estas órdenes de arresto se oficializan como los primeros cargos internacionales y que, en su proceso, ha sido necesario previa a su publicación la celebración de un panel preliminar de jueces que validase las pruebas presentadas contra Putin.

Pese a este gran paso, la posibilidad de que se produzca el juicio es casi nula, ya que el CPI no puede atender casos ‘in absentia’ sobre el presidente ruso, ya que el país se retiró en 2016 del Estatuto de Roma, el cual sirve como base internacional legal para el tribunal. Por ende, el Kremlin no muestra disposición alguna de entregar a su máximo líder a la Corte. No obstante, el CPI sí que puede imputar a Putin debido a que no se reconoce en ningún caso la inmunidad de los jefes de Estado en caso de crímenes de guerra, contra la Humanidad o genocidios.

Rusia resta “significado” a la orden de arresto

Por su parte, y al poco de conocerse la decisión de la Corte, el Gobierno ruso ha respondido restando importancia al fondo de la orden, asegurando que ésta no tiene “ningún significado” dado que la Federación de Rusia “no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo”.

Reiterado, en estos términos, que “no cooperan con el organismo” y, por ende, sus posibles órdenes en su contra resultan “nulas”, según ha precisado esta tarde del miércoles María Zakharova, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de Telegram.

Miles de niños deportados forzosamente a territorio ruso

Según recogió la investigación del Observatorio de Conflictos, el Kremlin habría trasladado de forma forzosa a más de 6.000 niños ucranianos desde el este del país ocupado hasta dentro de sus fronteras, lo que se comprende como un crimen de guerra. Tal y como apunta este estudio, Rusia habría reubicado a centenares de menores en una red de centros de reeducación y adopción en la Península de Crimea, en concreto, el documento habla de 43 instalaciones operativas desde el inicio del conflicto bélico.

No obstante, la cifra real podría ser mucho mayor. De forma paralela, la organización Human Rights Watch aseguró este lunes que al menos 32.000 niños que, previamente, residían en internados repartidos por toda Ucrania, fueron trasladados a la fuerza a Rusia.

Desde Kiev, el presidente Volodimir Zelenski, durante un discurso telemático en La Haya, ya advirtió de esta situación: “Todavía se está estableciendo cuántos niños secuestraron y sacaron de Ucrania las fuerzas rusas. […] Cada día, Rusia mata a civiles, mata a niños ucranianos, lanza misiles contra civiles. ¿Qué es esto sino un acto abierto de terrorismo?”, condenó.

La postura de la Casa Blanca no se ha distanciado de la adoptada por Ucrania. El Gobierno estadounidense de Joe Biden concibe esta situación de deportación forzosa de menores como “inconcebible desde cualquier punto de vista”. En aras de hacer énfasis en la gravedad de los hechos, recuerdan el Convenio de Ginebra, el cual se centra en la protección de los ciudadanos y que Putin estaría incumpliendo.

La ONU concluye que Rusia ha cometido crímenes de guerra

Pese a que esta noticia llega cuando se ha cumplido el primer aniversario del conflicto, fue a finales de septiembre cuando Naciones Unidas (ONU) se pronunció a este respecto, llegando a la conclusión de que el Kremlin ha cometido numerosos crímenes de guerra en Ucrania.

El presidente de la comisión tripartita, Erik Mose, dijo haberse quedado “impactado” con el “gran número de ejecuciones perpetradas en las áreas” que su delegación visitó, hasta 16 localidades gravemente afectadas por el paso de las tropas rusas.

Además de asegurar que las víctimas por los ataques presentaban heridas en la cabeza y signos de tortura, la misión de la ONU también concluyó que se contabilizaron numerosos encarcelamientos ilegales.