En el año 2021, los directores del madrileño complejo educativo Ciudad Escolar, donde estudian unos 1.500 alumnos de FP las ramas de sanidad, hostelería, informática o comercio, le trasladaron a un empresario de su confianza la intención de acometer un gran proyecto en el edificio número 5 del macrocentro. Visualizaban un hospital-escuela para prácticas que pudiera ser reversible y se usara como hospital en caso de pandemia, según desvela eldiario.es de boca del empresario y dueño del grupo Virelec, a quien se le encargó el proyecto, Gabriel Navarro. En el portal de contratación de la Comunidad de Madrid no hay ni rastro de la obra, dado que utilizaron la vía del contrato menor pese a que el presupuesto inicial se disparaba a los 2,46 millones de euros, lo que obligaba a sacar el proyecto a concurso público.

El proyecto contaba con tres plantas, camas hospitalarias, odontología y hasta ambulancia, según recoge eldiario.es. Se desconoce el ideólogo del mismo, debido a que no existe documentación escrita que registre las características. En el encuentro tampoco se bautizó al encargo con un nombre concreto. Sí fue presupuestado por el propio Gabriel Navarro, que cifró el coste en 2,46 millones de euros, un importe elevado que obligaba a sacar a concurso público la construcción para que diferentes empresas y ofertas pudieran presentarse, con el pertinente control económico y financiero. Pero no hay ni un solo documento de esta obra en el portal de transparencia del Gobierno madrileño.

La razón es que la Comunidad de Madrid optó por ceñirse al sistema del contrato menor, tal y como revelan en el citado medio a través de un informe que la Consejería de Educación remitió a la Fiscalía. Esta vía permite encargar el proyecto a dedo, aunque hubo que acomodar el presupuesto inicial a este camino. Para ello, se fraccionaron facturas por debajo de los 40.000 euros más IVA cada una. A posteriori se adjudicó de “manera verbal”, según consta en el expediente oficial. De esta manera, se evitó sacar la obra a concurso y, por supuesto, se eludió la posterior fiscalización.

Facturas por pagar

La pelota está ahora en el tejado de la Fiscalía, que deberá dirimir cómo se saltaron los controles durante tres años, el origen del dinero y el encargado de apañar el proyecto. No obstante, del informe oficial se desprende el nombre del que fuera subdirector de Formación Profesional del Ejecutivo autonómico Alfonso Mateos, que fue cesado precisamente por este caso, y quien a priori concertó y organizó los pagos. Dos de los directores de Ciudad Escolar fue él quien les instaba a abonar las facturas conforme llegaba dinero en sus centros en concepto de “ingresos extraordinarios”. Ambos cumplieron con la palabra dada, tal y como admitieron a la inspección cuando se les interrogó por el caso.

Según la testifical de Navarro, que esta misma semana presenta una demanda para que le paguen los más de 1,6 millones de euros que entiende que le deben aún, le fueron abonando la cantidad desde los dos centros, hasta que “dejaron de pagar” y tuvo que endeudarse con “medio millón de euros”. Así se desprende del informe de Educación, donde queda patente que hasta la fecha se han depositado en facturas fraccionadas por importe de 728.000 euros. La cantidad restante, sin embargo, aún no se ha sufragado.

Con fecha del 13 de marzo de 2024, la Consejería de Educación puso “en conocimiento” de la Fiscalía la “posible implicación de tres funcionarios en presuntos delitos relacionados con la contratación de estos trabajos”, según publica el citado medio de comunicación, aunque no se aportaron detalles más pormenorizados ni de los presuntos implicados ni de la cantidad o el método de pago.

Las primeras pesquisas las asumió un inspector de la zona sur de la región del centro de la capital, cuya responsable es Coral Báez, quien ya trascendió al foco mediático al falsear su currículum con títulos de posgrado que no posee. Además, Báez fue firme defensora de la construcción de centros privados en zonas de alta demanda educativa. Tanto la dirección general de Educación como Presidencia de la Comunidad están al tanto del caso desde hace meses, tras recibir un burofax por parte del empresario; incluso llegó a reunirse con un asesor cercano a la jefa del Ejecutivo regional, quien le trasladó que cumplirían con el pago.

Los dos directores del IES explicaron que Mateos les daba indicaciones sobre cómo actuar y pagar, “recibiendo instrucciones” y siendo “desconocedores de la empresa adjudicataria y del presupuesto total de la obra”. Por su parte, el departamento de Recursos Humanos de Educación ha iniciado también un “procedimiento disciplinario por la presunta realización de actuaciones irregulares a nivel económico y de contratación” a los dos directores, aunque aún está por resolver. El exsubdirector de FP, por su parte, ha regresado a su puesto de profesor en el IES La Paloma de Madrid.

Con todo, el proyecto registra aún más irregularidades. Según la información de eldiario.es, a pesar de que la obra no culminó en las interioridades de la administración, un grupo de alumnos dio clase en el centro. Al menos en un aula, según consta en un vídeo. A pesar de ello, tras el regreso de las vacaciones navideñas, el edificio 5 se clausuró con numerosos desperfectos y los estudiantes fueron trasladados a otro de los edificios.

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