Emiliano García-Page y Javier Lambán fueron los primeros en alzar la voz contra el concierto fiscal para Cataluña pactado por ERC y PSC para desencallar la investidura de Salvador Illa. El lamento del aragonés y del castellanomanchego contrastan con el apoyo de otras federaciones socialistas como Navarra, Comunidad Valenciana o Galicia. Castilla y León, sin embargo, también se posicionó en contra, como Madrid, de la mano de Juan Lobato. La última en pronunciarse ha sido Asturias, a través del consejero de Hacienda y Fondos Públicos del Principado, Guillermo Peláez, que se ha desmarcado del argumentario de Moncloa y de Ferraz al esgrimir que este modelo quebrantaría el principio de solidaridad interterritorial.
El Gobierno de Asturias, conformado por el PSOE y Asturias-IU, ha mostrado su rechazo al preacuerdo firmado por los socialistas con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Un pacto que está a expensas de la aprobación de las bases de la formación independentista, que votarán este viernes en una consulta interna. Sin embargo, entre tanto, voces del Partido Socialista se significan en el debate y la posición no es unitaria. Cada cuál tiene su punto de vista y así lo están expresando desde que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente de Aragón Javier Lambán, publicitaran su profundo rechazo a lo que llegaron a calificar como una concesión al soberanismo.
Este jueves, en declaraciones a los medios de comunicación, el consejero de Hacienda y Fondos Públicos del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, ha deslizado que un concierto fiscal supone “una merma de los recursos del Estado”. A su juicio, esta cuestión trasciende el debate de financiación autonómica y afecta a la discusión de la financiación del Estado en su conjunto y que, bajo este planteamiento, se ponen lindes a la “solidaridad” entre los diferentes territorios.
Comportaría, según ha expuesto, “caminar hacia un modelo de financiación que únicamente tenga en cuenta la capacidad fiscal” de las autonomías y quebrantaría, por tanto, la solidaridad interterritorial. El titular de la cartera de Hacienda remarca que el preacuerdo sí contempla una cláusula de solidaridad, aunque ha solicitado “mucha prudencia” para valorarla en su conjunto porque el propio documento la neutraliza por el peso del principio de ordinalidad; el cual “no debe primar a la hora de asignar los recursos” entre comunidades autónomas.
Rechazo a una singularidad asturiana
En consecuencia con lo expuesto, Peláez sostiene que no ha lugar a un modelo de financiación singular para el Principado, tal y como proponen desde UGT. “No es la posición del Gobierno autonómico porque eso conduciría a la ruptura del régimen común de financiación y por tanto supondría irse a un escenario donde únicamente se tenga en cuenta la capacidad fiscal de los territorios”, ha destacado el consejero de Hacienda, quien subraya que liquidaría “el principio de solidaridad” y la huida hacia un “sistema donde los que pagan impuestos son los territorios y no las personas”. “Perjudicaría notablemente a las comunidades con menor capacidad fiscal”, ha deslizado el socialista.
En cualquier caso, Peláez ha avanzado que el Principado defenderá su postura en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque todavía no hay fecha para éste. Interrogado sobre la opción de que diputados socialistas asturianos rechacen el preacuerdo si llega al Congreso de los Diputados, el consejero ha indicado que él representa al Gobierno del Principado y su acción se limitará a las “acciones necesarias” para que el modelo “multilateral y de régimen común” sea el que “sirva para reformar el modelo de financiación de las autonomías”.
El modelo que respalda el Gobierno asturiano se fundamenta en la atención especial al coste efectivo y real de la prestación de los servicios públicos elementales, aunque para ello será necesario que el Estado “introduzco más recursos al sistema porque todas las comunidades autónomas entendemos que estamos infrafinanciadas”. Defienden, en resumen, que en la distribución de esos recursos deben tenerse en cuenta factores que inciden directamente en el coste de la prestación de esos servicios públicos, como son la orografía, la dispersión geográfica o también el envejecimiento y el sobreenvejecimiento. "En definitiva, un modelo que atienda y respete los principios constitucionales de igualdad y de solidaridad", ha resumido.
