El Gobierno presume de gozar de una gran estabilidad y relación interna; sin embargo, existen diferentes materias que, cuando acaparan el foco, enfrentan a ambas partes de la coalición. La vivienda es uno de estos aspectos y la emisión del último anuncio lanzado por el Ministerio de Isabel Rodríguez ha reactivado la pelea, dejando espacio a Sumar para poner sobre la mesa un ambicioso paquete de viviendas que aborde la crisis habitacional. Congelar alquileres, expropiar viviendas y nacionalizar inmuebles en riesgo de desahucio son algunas de las propuestas.
“Somos dos formaciones diferentes, que tenemos políticas públicas diferentes para los problemas estructurales”, ha reconocido este jueves la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. La política gallega ha cargado contra el bipartidismo y los abordajes que ha desplegado, desde el decreto Boyer de 1982, para dar respuesta al meteórico ascenso de los preciso de la vivienda y ha defendido un actuación “inmediata” que dé solución “al principal problema que tiene España”. No obstante, en el seno del Gobierno no existe acuerdo sobre cómo acometer el actual abordaje, si bien comparten el análisis de los problemas.
“Hace muchos meses que estamos separados en materia de vivienda”, ha trasladado Díaz en una entrevista concedida a TVE, aunque ha garantizado que el Ejecutivo “está vivo y no para de trabajar”. “Nosotros (Sumar) queremos congelar el precio de los arrendamientos porque los alquileres no se están revalorizando con el IPC (en torno al 3%), sino que están subiendo de media por encima del 30%”, ha desarrollado una de las medidas presentadas. “Esto se tiene que acabar. La gente no puede vivir”, ha ahondado la también ministra de Trabajo y Economía Social.
“Tenemos una discrepancia (con el PSOE), pero se va a imponer el sentido común”, ha ahondado. En esta línea, ha defendido que Sumar es “mucha veces la avanzadilla del Gobierno”. “Llevamos desde el minuto uno del Gobierno con esta discrepancia, una discrepancia leal en la que compartimos el diagnóstico, pero no salidas”, ha matizado. Un choque ideológico que ha asegurado que no tiene nada que ver con la propia ministra de Vivienda, sino con las recetas impulsadas por los socialistas para dar respuesta a una crisis que avanza rápidamente.
“Hay medidas clave para el ahora mismo. No es ser de izquierdas ni de derechas, es que un país que tiene una mediana salarial de 1.668 euros al mes no puede pagar el alquiler. Los barrios están tomados por los fondos de inversión, que están dañando el modo de vivir de la ciudadanía”, ha espetado la número tres del Gobierno de coalición, instando a “acabar con la especulación”. Para ello, la formación magenta defiende un real decreto ley que está generando discrepancias entre los socios.
Medidas ambiciosas
La mayoría de las competencias en materia de vivienda están depositas en las Comunidades Autónomas y la negativa de las administraciones regionales del Partido Popular (PP), que defienden abiertamente dejar la evolución de la vivienda al albur de un mercado que no contemplan intervenir, se lo está poniendo difícil al Gobierno. El PSOE asegura que podría ser inconstitucional inmiscuirse en estas competencias, pero desde Sumar aseguran que puede acometerse siguiendo el ejemplo de la pandemia de la Covid-19.
En los próximos meses, se renovarán hasta 300.000 alquileres y los magentas ven una oportunidad para dar el paso que, por el momento, los socialistas han evitado. Congelar estos alquileres, evitando subidas desmedidas, es una de las propuestas de los magentas. Las CCAA que han decidido implementar la ley de Vivienda y sus zonas tensionadas (Cataluña, País Vasco, Navarra, Galicia y Asturias) disfrutarán ya de un abordaje similar, pero este paraguas no protegerá a ciudadanos de ciudades muy tensionadas como Madrid o Málaga.
Para estos territorios Sumar apuesta por lanzar un decreto que establezca una congelación y prórroga de los alquileres, al más puro estilo pandémico. Esta medida, que fue revelada la pasada semana, es una de las más destacadas de un amplio decreto que engloba también el aumento de la tributación a los fondos de buitre y del establecimiento de un coto a la rápida expansión de los pisos turísticos. Además, los de Díaz también han sugerido expropiar viviendas vacías y nacionalizar las amenazadas por desahucios.
Así consta en la proposición no de ley (PNL) que llega a la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, donde se desarrolla la idea de incorporar al parque público los hogares amenazados con desahucio y explorar la expropiación de viviendas vacías que estén en manos de bancos y fondos de inversión. El conjunto de medidas, defendidas por Díaz en la televisión pública, supondrían un gran avance, pero, por el momento, los socialistas no parecen convencidos.
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