La Conferencia de Presidentes ha arrancado este viernes a primera hora en el Palacio de La Magdalena de Santander (Cantabria). Una recepción visualmente impecable que precedía a los primeros mensajes de cautela, con presidentes autonómicos del PP como Juan Manuel Moreno Bonilla o Fernando López Miras augurando que, más allá de lo estético, se vislumbran pocos visos de acuerdos pragmáticos en los cuatro bloques centrales que serán debatidos a puerta cerrada: vivienda, inmigración, financiación autonómica y crisis migratoria.

No obstante, y tras los protocolarios saludos y la realización de la foto de familia, encabezada por el rey Felipe VI y las banderas de España y de la Comunidad Valenciana -en un claro mensaje de apoyo a los afectados por la peor gota fría del siglo-, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reclamaba a sus homólogos autonómicos una debate sereno y “constructivo”, basado en el interés general y en la fuerza de la “unidad territorial” como motor desde el que afrontar los retos más acuciantes para la nación.

"Hemos sido conscientes de que si la ciudadanía quiere percibir al Estado como próximo, es necesario que salgamos de Madrid y nos acerquemos a todos los territorios", ha indicado el presidente en un mensaje en el que invitaba a todos los líderes convocados a hablar en nombre propio y rechazar las doctrinas llegadas exclusivamente desde los despachos nacionales sitos en la capital española. "Hoy hemos dado un paso más. La imagen con todos los presidentes autonómicos demuestra la unidad territorial de nuestro país. Es una imagen muy poderosa que gratifica y da certidumbre a los ciudadanos", ha proseguido.

Igualmente satisfecha por la decisión de albergar este cónclave en Santander se ha mostrado la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP):  "Esta cumbre es muy especial porque para mí es la primera. La Conferencia llega a las puertas de la Navidad, cuando los españoles aprovechamos para encontrarnos y compartir con personas que han votado diferente", ha arrancado. “Los ciudadanos no entienden la España de los muros, sino la del acuerdo. Es necesario reforzar nuestra estructura institucional", reclamaba a continuación.

Mensajes iniciales con los que se ha puesto el telón a una negociación donde los barones autonómicos del PP han llegado pertrechados de negativas en todos los sentidos: desde la vivienda, donde se oponen a aplicar la ley en sus territorios, hasta la financiación, donde entienden que la singularidad catalana es injusta, la inmigración, con una ley de extranjería que ha provocado el choque con Vox en buena parte de sus gobiernos, o la sanidad, con territorios como la Comunidad de Madrid incidiendo en sus recortes y en una menor tasa de inversión sobre las cuentas públicas.

Todas las propuestas y anuncios del Gobierno

El orden del día y los temas de discusión estaban pactados y agendados desde hace tiempo. No obstante, y pese a que muchas de las cuestiones se daban por sentadas, aún no se conocían al detalle todos los anuncios y las peticiones que Moncloa realizaría a puerta cerrada a los presidentes autonómicos, con quien el líder del Ejecutivo ya se reunió bilateralmente en la ronda de contactos en el Palacio de La Moncloa que arrancó hace unos meses.

Fuentes del Gobierno, finalizada la declaración institucional de Sánchez, han ofrecido a los medios de comunicación la letra pequeña sobre el plan de actuaciones que el Gobierno pondrá sobre la mesa a todos los barones territoriales, independientemente de su significación política. Medidas concretas en materia de vivienda, inmigración, sanidad y financiación autonómica con las que tratar de superar problemas enquistados y bloqueos que se extienden en el tiempo y complican la aplicación de muchas de las leyes que emanan del Gobierno y son ratificadas por el bloque de investidura en el Congreso de los Diputados.

En cuestión de vivienda, probablemente el problema más acuciante para los jóvenes españoles por la espiral inflacionista del mercado, tanto en régimen de compra como en alquiler, el Ejecutivo pondrá dos medidas y una petición sobre la mesa: blindar el carácter público y social de las viviendas financiadas con recursos públicos de forma permanente e irreversible; aprobar una reforma de la Ley del Suelo que reduzca la burocracia y aporte facilidades para construir vivienda pública; y, por último, insistir en la necesidad de que todas las CCAA hagan uso de la Ley de Vivienda, “cuyas herramientas están dando buenos resultados allí donde se aplican y están contribuyendo a reducir el precio de los alquileres”.

Tres son también las propuestas de Moncloa en materia de inmigración, tema peliagudo por la ruptura de los gobiernos autonómicos por parte de Vox después de que el PP se abriese a negociar los pormenores de una ley de Extranjería que soliviante el problema en las Islas Canarias. Pese a todo, el Gobierno reclamará a las autonomías “que se sumen a una política migratoria responsable y solidaria, basada en la ciencia y no en los prejuicios”; que se ponga fin al debate sobre el reparto de los menores con una posición solidaria y que se unan a las iniciativas del Gobierno de España para fomentar la migración regular, “contribuyendo al Plan de Integración y Convivencia Intercultural que el Gobierno presentará próximamente”.

Sobre sanidad, el Gobierno no pone tantas peticiones ni reclamaciones, sino ayudas e inversiones: “Se transferirán a las CCAA 223 millones de euros extraordinarios a principios de 2025 para que financien la adopción y desarrollo de nuevas soluciones sanitarias basadas en Inteligencia Artificial. Para mejorar la atención a los pacientes y aprovechar mejor el tiempo de los sanitarios”, arrancan las fuentes consultadas. “Se consolidará y aumentará la financiación de nuevas plazas para profesiones sanitarias en las universidades públicas, siempre y cuando exista un compromiso firme de las CCAA para contribuir de forma sostenida a su cofinanciación”, sentencian desde el entorno del presidente.

Finalmente, sobre la financiación autonómica, el tema que más bronca y cabreo ha generado desde que el Gobierno aceptase la singularidad catalana como moneda de cambio para que Salvador Illa fuese investido president de la Generalitat con los votos de ERC, el Gobierno ha anunciado que el proceso de condonación de deuda de las autonomías arrancará en enero. Además, el Ejecutivo ha reclamado a todos los presentes que “reprogramen una parte de los fondos europeos de cohesión FEDER y FSE+ para dar a los territorios afectados por la DANA una línea adicional de ayuda”. Finalmente, y sin más detalles que la multilateralidad como principal baza, Sánchez emplazará al resto de participantes en este foro a tener un debate constructivo y sereno para acordar, entre todos, un nuevo modelo de financiación autonómica que “blinde la solidaridad entre territorios y garantice que todas las CCAA reciban más recursos de los que reciben hoy”.