La militancia de Francisco Pérez de los Cobos en el PP incluso siendo magistrado del Tribunal Constitucional ha provocado muchas reacciones de rechazo, también ya en los juzgados comprometiendo en buena parte decisiones del órgano. Se ha recordado reiteradamente que en febrero de 2007 y en plena polémica por el recurso del Estatut catalán en el alto tribunal, los magistrados apartaron de esa discusión a uno de sus miembros, Pablo Pérez Tremps. Su 'pecado' es que había participado en un trabajo académico sobre la acción exterior de las comunidades autónomas, y lo hizo antes de que el tripartito que impulsó ese Estatut gobernara en Cataluña.

"Se puso el listón muy alto"
Entonces, en febrero de 2007, se apartó a Pérez Tremps alegando que existía "una duda razonable" sobre su imparcialidad en la materia a discutir. Los propios magistrados del TC son conscientes de que ahora su presidente puede ser víctima de sus propia doctrina ante un hecho tan evidente como su reciente militancia en el PP. Así lo expone en La Vanguardia José María Brunet, quien subraya que "en medios del TC se admite que entonces se puso el listón muy alto en las exigencias a los magistrados para que no pueda cuestionarse su imparcialidad".

Contradicción muy evidente
En esos medios del TC son conscientes de que ahora el tribunal "puede quedar prisionero de su doctrina o, si decide ignorarla, incurrir en contradicciones insalvables". DE momento, en las primeras reacciones el TC ha justificado militancia y pertenencia al tribunal, pero el daño está hecho y se pueden producir novedades.

El PP fue con todo y apuntó a Casas por su marido
Cuando se apartó a Pérez-Tremps, el PP fue con todo: no solo pidió la recusación de ese magistrado, sino también la de la entonces presidenta del Constitucional, María Emilia Casas. Como explica Brunet, la iniciativa contra la expresidenta nunva tuvo muchas posibilidades de prosperar, pero hizo de palanca para lograr la otra. Los populares alegaban entonces que Casas podía estar contaminada por las posturas de su marido, Jesús Leguina, que también había realizado un informe para la Generalitat.