En el marco del plan de regeneración democrática, el Gobierno planteó la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Una iniciativa que responde a la súplica -e intentos- de los aliados de la coalición para reformular un articulado que entienden caduco. Fuera de ese paraguas se quedaría un convenio suscrito por el Gobierno de Mariano Rajoy y el de Israel en el año 2014, que encapsulaba bajo la confidencialidad los negocios armamentísticos con el país hebreo, según informó Público. Algunos grupos del bloque de la investidura intentaron profundizar en dicha cuestión, incluido el socio minoritario de la coalición. Sumar llevó al Congreso de los Diputados dicho acuerdo, a través de una pregunta escrita al Ministerio de Asuntos Exteriores que el departamento de José Manuel Albares despachó con tres párrafos encorsetados en forma de negativa. Desde el partido magenta elevan la voz y afean al PSOE su “insuficiente respuesta”.
Ni las maniobras genocidas del Gobierno de Netanyahu en la Franja de Gaza ni el desmarque de Sánchez y todos sus ministros del apoyo a Israel han evitado que este acuerdo ni tan siquiera salga a la luz. El pacto, desvelado por Público y que se orienta a la “protección de información clasificada entre el Reino de España y el Ministerio de Defensa israelí” descansa y coge polvo en las oficinas del Centro Nacional de Inteligencia. Una suerte de seguro a todo riesgo para mantener bajo el más estricto de los secretos las transacciones militares.
El convenio tiene sus raíces durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. A principios de ese año, como preludio a la visita a España del entonces presidente Shimon Peres, el CNI, con Félix Sanz Roldán a la cabeza, y el Director de la Autoridad de Defensa israelí, Amir Kain, pusieron los primeros pilares. Sin embargo, no fue hasta 2014 cuando el pacto cristalizara y entrara en vigor. Lo hizo ya con Mariano Rajoy en el complejo de La Moncloa, quien dio luz verde al proyecto y se comprometió a encorsetar los negocios de venta de armas. De esta manera, se endureció el que estaba vigente hasta entonces, firmado por Felipe González en 1995.
Sumar se interesa…
Después de que trascendiera tal información, hay un grupo que se interesa por el convenio de manera tácita. Sumar eleva este caso al Congreso de los Diputados, aunque opta por la pregunta escrita. Fue el diputado magenta Agustín Santos Maraver quien interpeló directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores para que arrojara luz sobre el oscuro convenio.
El parlamentario del Grupo Plurinacional, con dilatada experiencia en el ámbito diplomático, reclamó al Ejecutivo “implicaciones exactas” y las “obligaciones” que en teoría impondría a la Administración. También abundó en si Exteriores disponía o se guardaba algún as en la manga para cancelar el acuerdo de secretismo con el Gobierno de Israel. La respuesta de Moncloa llegó, pero no es la que ni mucho menos esperaban entre las filas magentas. El departamento que encabeza Albares se limitó a apostillar que “no realizan declaraciones sobre informaciones periodísticas”.
Exteriores lo evita
Fuentes del Grupo Plurinacional exponen su malestar y su disconformidad con el modo de proceder de Asuntos Exteriores. Especialmente sobre un tema tan sensible como es la guerra en Gaza y los abusos cometidos por el estado de Israel. Lamentan el candado que pone su socio mayoritario a este asunto, donde quieren meter la cuchara para coger aire e ir recuperando el espacio perdido a la izquierda del PSOE, con un Podemos que aún mantiene un discurso más virulento.
“Parecen no estar comunicativos y no quieren responder a la pregunta concreta que hemos realizado”, lamentan estas fuentes a ElPlural.com. Califican como “negativa” e “insuficiente” la escueta versión que ofrece el Ministerio de Asuntos Exteriores, habida cuenta de la “magnitud del problema” y de la realidad geopolítica de la zona; por no mencionar el choque argumental entre el relato que verbalizan los socialistas, claros y concisos en la denuncia pública a Netanyahu. Sin embargo, los magentas entienden que este tipo de acuerdos invalida o pone en cuarentena cualquier postulado en otra dirección.
Por ello, en caso de que persistan en la negativa a no responder las preguntas con luz y taquígrafos, Sumar opta por mantener la presión sobre este punto de fricción al menos entre bambalinas. Lo harán en la comisión de Secretos Oficiales, donde requerirán al ministro del ramo y al PSOE que “ofrezcan más detalles”. Todo ello dando por hecho que “el comercio de armas” con Israel “está protegido por cláusulas de confidencialidad”.
Si bien es cierto que el Gobierno ha garantizado que no se han autorizado nuevas exportaciones de material militar a Israel, sí que se han mantenido en vigor los acuerdos firmados con empresas hebreas. De hecho, una de las compañías principales es Elbit Systems, contratada por el Ministerio de Defensa y que ha suministrado al Ejército israelí para las masacres en la Franja de Gaza. Incluso hay informes de la compañía en los que se jactan del rendimiento económico que extraen de la guerra.
El pacto del silencio
El Ejecutivo de Mariano Rajoy selló el acuerdo con sus homólogos israelíes bajo estrictas condiciones de confidencialidad a operaciones que van desde la venta de “equipos y conocimientos técnicos relacionados con entidades de defensa” hasta “contratos o cualquier otra relación entre entidades gubernamentales, públicas o privadas de las partes en asuntos militares o de defensa”.
En definitiva, un silencio que, además, no tiene fecha de caducidad, pues se le dio validez por “un periodo indefinido de tiempo”. Tal es así que incluso se firmó que, en el supuesto de que una de las partes quisiera salirse, la denuncia “tendrá lugar de mutuo acuerdo”. “Permanecerá en vigor y será de aplicación a todas y cada una de las actividades, contratos o intercambio de información clasificada que hayan tenido lugar con anterioridad a la denuncia”, reza el texto que desveló Público.
