El PP se encuentra en una encrucijada después de que Vox amenazara la semana pasada con desoír el acuerdo de presupuestos en las comunidades en las que los de Alberto Núñez Feijóo gobierna en minoría; a saber, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Aragón, Murcia, Baleares y Extremadura, aunque este último caso es un poco distinto dado que un miembro de la ultraderecha se pasó a la formación de María Guardiola. Ahora, la formación de extrema derecha exige su dimisión.
Después de romper con todas las regiones en las que gobernaban en coalición, los de Santiago Abascal advierten también ahora que podrían no apoyar los presupuestos si negocian con el PSOE la Ley de Extranjería.
Con esta tesitura, varios alcaldes piden que se lleve a cabo un adelanto electoral. Uno de los ejemplos más claros de ellos es Baleares, donde varios ediles solicitan a la presidenta Marga Prohens que pase a la acción y vuelva a llamar a los ciudadanos a las urnas ante la posibilidad de caída.
Que los presidentes gestionen “como consideren oportuno”
ElPlural.com ha preguntado al PP a nivel nacional sobre esta posibilidad, centrando la cuestión en la comunidad isleña. En concreto, este periódico ha preguntado cómo valoran desde Génova la petición que algunos responsables locales hacen a la presidenta. Así las cosas, en Madrid prefieren “no hacer ninguna valoración” y dejar que sea la presidenta quien gestione “este asunto como ella considere oportuno”, siempre “buscando lo mejor para los ciudadanos de su comunidad”.
Con todo, el temor en las filas populares es tan razonable como evidente. A menos, de esta manera ha quedado patente durante los últimos días en boca de dirigentes autonómicos. Así las cosas, un barón del PP reconocía, coincidiendo con el Día de la Constitución, estar preocupado por el escenario actual, aunque aseguraba que se encontraba focalizado en redactar unos presupuestos positivos que recabaran el respaldo tanto a izquierda como a derecha.
Feijóo considera difícil el acuerdo
Por su parte, en la misma jornada el líder del partido a nivel nacional, Alberto Núñez Feijóo, consideraba muy difícil llegar a un acuerdo en materia de migración y mantenía su negativa a reformar la ley de extranjería si el Ejecutivo no se abría a asumir parte de la acogida de menores no acompañados, por lo que el desacuerdo se mantiene después de medio año de negociaciones fallidas. Todo ello mientras Vox, después de la ruptura de hace cerca de seis meses, amenaza ahora con ir un paso más allá tumbando las cuentas públicas regionales.
El máximo responsable de los populares preguntaba si era “normal” que lleguen “150 inmigrantes a un pueblo de 4.000 habitantes”. “Es la total ausencia de la política migratoria”, apostillaba acentuando que “es muy fácil ser presidente del Gobierno si siempre se echa las culpas a las comunidades autónomas”.
“Serán muchos más dentro de seis meses (…) Surge el debate porque la capacidad para dar casa a un menor ha estallado. El Gobierno utiliza Canarias para arremeter contra el PP y, por ello, estamos en la misma posición que en septiembre”, instaba, apostillando que “el Ejecutivo no ha pasado ningún papel”, por lo que desconoce qué quieren en Moncloa. “¿Qué tiene que ver Canarias? No es un tema de infancia, sino de inmigración”, atestaba.
Por todo lo recogido anteriormente, la reforma de la normativa sobre migración llega sin consenso a la conferencia de presidentes que tiene lugar el próximo viernes.
La amenaza de Vox
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, advertía hace unos días de la suspensión de las negociaciones con el Partido Popular en materia presupuestaria en las que dependan del apoyo de extrema derecha para que den los números después de conocerse, según indicaban en ese momento, que los ‘populares’ planean negociar políticas migratorias con el PSOE”.
“Nosotros no vamos a participar en el reparto de inmigración ilegal y de inseguridad que pretenden Feijóo y Sánchez. Si el PP quiere seguir impulsando las políticas del PSOE, que negocie los presupuestos con ellos”, dijo de forma rotunda previa reunión entre los gobiernos de Canarias y Ceuta, el Gobierno Central y el principal partido de la oposición para tratar de desbloquear la reforma de la Ley de Extranjería y ser capaces de derivar a los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas de manera obligatoria.
Según la versión de la extrema derecha, Vox fue expulsado de los ejecutivos autonómicos por señalar que no iba a participar “en el reparto de la inmigración ilegal” ni el consecuente “reparto de la inseguridad por todos los barrios y ciudades de España”. “Tendrá que romper pactos con el PSOE”, dirigía al PP.
Garriga aseguró en el primero de los avisos que a su partido “no le va a temblar el pulso” y que la pelota está en el tejado de los de Feijóo, quienes “deben decidir si prefieren estar al lado del Partido Socialista en el reparto de inmigración ilegal o decidir caminar de la mano de Vox para recuperar la seguridad y frenar la invasión migratoria de ilegales y desconsolada que están sufriendo los españoles”. “Es una traición a la gente humilde y una estafa política al conjunto de los españoles”.
