El presidente del Gobierno ya dio unos brochazos en la comparecencia, a petición del PP, sobre política migratoria que acabó degenerando en un monográfico sobre ETA por obra y gracia de los conservadores. En aquella cita, Pedro Sánchez reivindicó la figura del migrante como “gran motor del desarrollo económico” y una ventana de oportunidad frente al inminente invierno demográfico que atenazará a Europa. De ahí, que la carpeta política de Moncloa se haya reorientado a esta situación en un momento en el que Bruselas se ha dejado seducir por los cantos de sirena de Giorgia Meloni en materia de inmigración. Por eso, según avanza El País, están perfilando un nuevo reglamento de extranjería que permitirá facilitar trámites a los 6,5 millones de inmigrantes que residen en España. Texto que llegará al Consejo de Ministros el próximo mes de noviembre y que cambiará la letra pequeña del articulado de extranjería.
La forja de Moncloa trabaja a menor potencia que en la legislatura pasada. Ahora, cada votación cuenta y cada tema tiene su propia carpeta, por lo que también tiene su propio espacio para la negociación. El margen tan estrecho que concede el Parlamento obliga al Ejecutivo a atar bien cada movimiento y por aquí van los tiros en este sentido. El Ejecutivo se lo toma con relativa calma, sobre todo en una cuestión tan de calado y delicada como la migración. En la última comparecencia de Sánchez se vio clara la diatriba, con excepción de un PP que se perdió cegado por la tinta de calamar de ETA. En cualquier caso, ya se pusieron las primeras migas de pan en el camino con el compromiso de allanar los cauces para la obtención de permisos de residencia y trabajo, así como la supresión de determinados requisitos…
Una normativa, en suma, que beneficiará en mayor grado a los estudiantes, trabajadores en busca de empleo, familias y decenas de miles de solicitantes de asilo a quienes se le ha denegado la solicitud en los últimos tiempos, según desgrana el diario El País, que habría accedido al último borrador de la normativa. En este sentido, apuntan que el nuevo reglamento tomará forma a través de la figura del Real Decreto, por lo que no requiere de convalidación del Congreso. Además, va por una ventanilla diferente a la reforma de la ley de extranjería que tanto Canarias como Moncloa negociaban con el PP para delimitar una redistribución de menores migrantes más solidaria. En suma, también circula por un carril distinto a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria y generalizada, que descansa desde hace meses en la Carrera de San Jerónimo.
Estrechar plazos
En resumen, la reforma tiene como objetivo recortar la burocracia y hacer frente a la nueva realidad demográfica, además de solidificar derechos. No obstante, tal y como desgranó el presidente en sede parlamentaria, también está orientada hacia una notoria vertiente económica, en consonancia con la lectura del entonces ministros para la Transformación Digital, ahora en el Banco de España, José Luis Escrivá. El ahora gobernador de la entidad incidió en el “impacto económico positivo” por la atracción y retención de personas extranjeras en el mercado laboral, así como por su potencial “contribución a la economía y al sostenimiento del bienestar”. Así se expone, según El País, en el borrador del texto.
El futuro articulado cobijaría a aquellos inmigrantes en situación irregular que quieran un permiso de residencia y trabajo, dado que en ese momento podrían hacerlo a los dos años de su llegada a España, al contrario que los tres que impone la ley vigente. Se hará especial hincapié en la figura del “arraigo de segunda oportunidad”, al cuál se podrían acoger personas que tuvieron una autorización en el pasado y por los motivos que fueran no se les pudo renovar. Además, se abre una vía transitoria para extirpar de la clandestinidad a infinidad de solicitantes de asilo a quienes se les denegara previamente. Podrán solicitar un permiso de residencia por arraigo al pasar seis meses en territorio español.
En el borrador también se abunda en la obtención de un permiso gracias al arraigo para formación, pues podrán trabajar a su vez hasta 30 horas semanales. Una figura que se creó ya en 2022, pero hasta la fecha se necesitaba un contrato para solicitar la autorización de trabajo que ahora se concederá de manera automática. Así, en términos de extranjeros con estudios en España, se recoge un cambio sustancial, dado que el nuevo reglamento acotará el paso de la estancia por estudios a una mera autorización de residencia y trabajo, siempre y cuando estén respaldados por un contrato laboral en un sector vinculado a sus estudios.
También la concesión de visados sufre diferentes alteraciones. Los destinados a la búsqueda de empleo, una figura que aplica a hijos o nietos de españoles de origen o para determinadas ocupaciones y territorios, tendrán una vigencia de un año y no de los tres meses actuales.
Política migratoria disruptiva
El jefe del Ejecutivo lleva varios meses intentando sacar a los migrantes de los discursos iracundos de la derecha y la ultraderecha tanto en España como en Europa, como allende las fronteras comunitarias. En un momento en el que la política migratoria en Bruselas está virando hacia los postulados de la extrema derecha, con Giorgia Meloni condicionando a Ursula Von der Leyen, Sánchez apuesta en solitario por una visión menos restrictiva de las migraciones y así lo destripa en esta nueva reglamentación.
“La inmigración legal es una forma de financiar nuestras economías”, expuso el jefe del Ejecutivo durante la cumbre del último Consejo Europeo. De hecho, en la memoria se hace hincapié en que la “política migratoria permite aliviar la presión que sufren ciertos sectores del mundo laboral, en los existe escasez de mano de obra. […] Se espera que las innovaciones normativas que se proponen tengan un efecto positivo en el futuro a través del incremento del valor capital humano disponible. La incorporación de personas trabajadoras extranjeras al mercado laboral debe favorecer un incremento de la competitividad de las empresas españolas en el mercado global”, exponen desde el nuevo proyecto.
De hecho, Migraciones ya propina los últimos coletazos al borrador del estudio tras escudriñar un centenar de propuestas. Eso sí, consideran que el texto está prácticamente cerrado, aunque antes de la bendición del Consejo de Ministros, deberá someterse al dictamen del Consejo de Estado, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y de la Comisión General de Secretarios de Estado.
