El nuevo modelo educativo que pretende implementar el gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha generado una fuerte oposición por parte de los sindicatos, que amenazan con llevar el caso a los tribunales. La medida, que busca incorporar los cursos de 1º y 2º de la ESO en los colegios públicos de Infantil y Primaria, comenzaría a aplicarse en septiembre de 2025 en los nuevos centros y en aquellos ya construidos con las instalaciones adecuadas. Sin embargo, UGT advierte que esta reforma podría vulnerar la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) y, además, agravar la caótica situación del sistema educativo madrileño, marcado por una aguda falta de docentes y becas para las familias más vulnerables.
UGT ha expresado en un comunicado que está estudiando la posibilidad de que los artículos 4 y 24 de la LOMLOE se vean conculcados. "La cohesión entre las etapas de Primaria y Secundaria, cuyos tres primeros cursos tienen elementos organizativos comunes, genera serias dudas sobre la viabilidad jurídica de la medida", señalaron. Además, afirmaron que no dudarán en acudir a los tribunales si se confirma que la medida es ilegal. El sindicato también destacó que la propuesta no ha sido consultada con los representantes de la comunidad educativa, lo que ha exacerbado la tensión entre los sindicatos y la Consejería de Educación.
Este nuevo modelo educativo fue presentado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Debate del Estado de la región, donde anunció que los nuevos centros educativos incorporarían los dos primeros cursos de la ESO. Esta semana, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, amplió la propuesta a aquellos centros que dispongan de las infraestructuras necesarias para acoger a los alumnos de 1º y 2º de Secundaria. Viciana defendió la iniciativa, señalando que existen "numerosos estudios" que avalan la decisión, al argumentar que mantener a los alumnos dos años más en el mismo centro "protege a los menores contra el abandono escolar, las adicciones y el acoso".
Sin embargo, UGT ha manifestado su profundo malestar no solo por el contenido de la propuesta, sino también por la falta de diálogo por parte de la Consejería. "Nos enteramos de esta medida a través de una nota de prensa", criticaron, y añadieron que la red de centros de Madrid necesita una "reforma coherente", que solo podrá lograrse mediante la negociación y el consenso con los representantes de la comunidad educativa.
El sindicato también cuestiona la viabilidad práctica de la reforma en términos de personal docente. En un contexto en el que la falta de profesores sigue afectando gravemente al funcionamiento de las aulas, UGT plantea dudas sobre cómo se gestionarán los recursos humanos en los nuevos centros que acojan a los alumnos de Secundaria. "¿Cómo se va a implementar esta transformación si ya tenemos una carencia de docentes en la región? ¿Completarán horario los profesores de Secundaria en los nuevos CEIPSO?", se preguntan.
Llueve sobre mojado en la educación madrileña
A esta incertidumbre se suma la caótica situación que atraviesa el sistema educativo madrileño debido a la persistente falta de docentes, un problema que continúa afectando a los colegios e institutos de la Comunidad de Madrid incluso después de que el curso académico ya haya comenzado. La falta de profesorado ha obligado a reorganizar horarios y ha generado una sobrecarga laboral entre los docentes que ya están en activo, mientras que miles de estudiantes aún no cuentan con los recursos educativos adecuados. Esta crisis ha llevado a los sindicatos a pedir una solución urgente a la Consejería de Educación, que, según denuncian, sigue sin dar una respuesta clara a este problema estructural.
Además de la escasez de docentes, otro aspecto crítico que preocupa tanto a los sindicatos como a las familias es la falta de becas para los estudiantes más vulnerables. En un contexto de creciente desigualdad, muchas familias madrileñas se ven desamparadas por la falta de ayudas económicas para poder cubrir los gastos escolares. La demora en la concesión de becas y las restricciones impuestas a los requisitos de acceso han generado un sentimiento de frustración entre las familias, que consideran que el gobierno regional no está priorizando adecuadamente las necesidades de los más desfavorecidos. Esto, unido a la crisis de personal docente, configura un panorama educativo especialmente complicado en la Comunidad de Madrid.
