El cese del coronel Diego Pérez de los Cobos de su puesto de jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid ha abierto una guerra sin cuartel en el Ministerio del Interior cuyas consecuencias aún están por ver. Lo cierto hasta ahora es que la oposición ha encontrado un filón contra el Gobierno de Pedro Sánchez que no están dispuestos a abandonar y, por otro lado, la actualidad ha quitado el foco sobre la pandemia de coronavirus, al menos en parte. Se trata de una polémica con varias certezas que para analizar, como la supuesta nota secreta desvelada este martes con un sello de reservado que aparece y desaparece, las novedades sobre la actuación de Pérez de los Cobos durante estos meses y sobre la motivación de su cese. Pero también con una duda muy peligrosa relacionada con unas cintas de vídeo.

Primera certeza: Marlaska mintió

El último golpe al Gobierno llegaba este martes, con la publicación en exclusiva en El Confidencial de la propuesta de cese de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, remitida al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, a las 22:14 del domingo 24 de mayo. La justificación, textual era “por pérdida de confianza de esta Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio de Interior, por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial”.

La primera certeza era clara: el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mintió tanto en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, como en el Congreso de los Diputados, al asegurar reiteradamente que el cese de Pérez de los Cobos venía motivado por una simple “reestructuración” de equipos para darle “un impulso a la Guardia Civil”.

Segunda certeza: el sello de "Reservado" que aparece y desaparece

Ahora, analicemos la propuesta de cese en cuestión. Lo primero que llama la atención es el sello de “Reservado” que encabeza la carta. De hecho, la noticia de El Confidencial, señala que el documento había estado “oculto hasta ahora y con membrete de haber sido clasificado como 'reservado’”. La exclusiva es replicada prácticamente por todos los medios de comunicación y agencias de noticias. Varios medios, sin embargo, ofrecen la misma nota, ya sin la marca de agua de El Confidencial y sus subrayados: El País, Telecinco y la Cadena SER la ofrecen limpia; RTVE con su marca de agua. Y en todos coincide que el sello de “Reservado” ha desaparecido.

cese perez de los cobos

La razón, a primera vista, es que hay dos fuentes diferentes filtrando esa nota. ElPlural.com también ha podido acceder a ella y sin sello de “Reservado”. Porque lo cierto es que esa propuesta de cese puede descargarse de Internet, en concreto de la Sede Electrónica del Gobierno. Cualquiera que tenga el código CSV de la firma electrónica (que en todos los medios está borrada de la captura), puede acceder a ese documento y descargarlo. Un código disponible siempre para comprobar la integridad de documentos oficiales y que está a disposición de las personas afectadas por ellos. Eso sí, el sello de reservado no aparece, como ocurre en la imagen que muestran los demás medios. Segunda certeza: el documento no es tan reservado, ni tan secreto, como parecía a priori.

Tercera certeza: el cese no habla de filtrar informes

La exclusiva de El Confidencial se titulaba “Una nota secreta revela que Marlaska cesó a De los Cobos por no filtrarle investigaciones”. Algo en lo que se abundaba en la primera frase: “El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por negarse a filtrarle las diligencias judiciales sobre el 8-M”. Sin embargo, la palabra “filtrar” no aparece por ninguna parte en la propuesta de cese, además de que filtrar documentos oficiales es un delito que afecta al funcionario que difunde el documento.

Al respecto, el magistrado y portavoz territorial de Jueces por la Democracia, Joaquim Bosch, escribía ayer por la noche un interesante hilo donde, entre otras cosas, señalaba que la justificación del cese de Pérez de los Cobos -”por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial”- era lo suficiente ambigua como para no aclarar si se le echaba por no acceder a filtrar el informe en sí o porque no había cumplido su obligación de informar que se estaba realizando ese informe. Una ambigüedad que es más certeza con las siguientes razones.

Cuarta certeza: la orden de Interior de 2012

Porque la línea de defensa del equipo de Grande-Marlaska pasa ahora por la orden del Ministerio del Interior del año 2012, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que obliga a la Policía Judicial a informar al Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil. Esa orden, que ahora aparece en varios medios de comunicación, ya fue publicada por ElPlural.com hace una semana, el 26 de mayo, y señala que cada miércoles, antes de las 11.00 horas, deberán informar del “nombre de su operación y qué unidad participa, el concepto de la operación, fecha previsible, el número previsible de detenidos e implicados, los registros de inmuebles que se prevea practicar y posibles implicaciones de cargos públicos, de personas y de registros de sedes oficiales”.

Orden de la DAO para que se informe de todas las investigaciones

Una polémica orden que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en el cuerpo, denuncia que sigue en vigor. Y pide su retirada porque "establece una obligación aún vigente de dar cuenta a Interior de las investigaciones que se estén llevando a cabo”. Pero aclara: “No de su contenido sino de su mera ejecución". Si, como defienden en Interior, Pérez de los Cobos ocultó al DAO la realización del polémico informe sobre el 8-M -y no hablamos del contenido- el cese por pérdida de confianza estaría justificado. Y entraría dentro de la frase “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones”. Eso es una certeza.

Quinta certeza: la filtración del informe del 8-M

La diferencia no es baladí. Porque, por muy polémica que sea esa orden, el DAO -que es el número dos de la directora general de la Guardia Civil- tiene derecho a conocer la operación y el desarrollo del trabajo de la Policía Judicial, y desde Interior defienden que Pérez de los Cobos les “mintió” al informar de que la juez Carmen Rodríguez-Medel había paralizado los trabajos durante el Estado de Alarma, cuando en realidad había dicho que no era urgente, lo que llevó a los agentes a realizar el polémico informe plagado de bulos y falsedades.

Otro asunto bien distinto es que Interior exigiera a Pérez de los Cobos que les filtrara el informe íntegro. Pérez de los Cobos podía y debía negarse a ello, pero esta versión tiene sus lagunas. Al día siguiente, el informe apareció filtrado en todos los medios, por lo que no parece que fuera muy difícil hacerse con él. Pero, sobre todo, su contenido fue publicado el día 22 de mayo, dos días antes de la destitución de Pérez de los Cobos, en El Confidencial. 

Portada del polémico informe sobre el 8M de la Operación Sanitario, sin sello de entrada en el registro del juzgado.
Portada del polémico informe sobre el 8M de la Operación Sanitario, sin sello de entrada en el registro del juzgado.

De hecho, en una de sus cambiantes versiones, Grande-Marlaska defendió ayer que las llamadas a Pérez de los Cobos antes de destituirle eran para exigirle explicaciones de por qué el contenido del informe había sido publicado en este medio “antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo”. Es decir, habría sido filtrado a la prensa antes de llegar al juzgado que lo requirió, y en ese caso la fuente debería estar dentro del cuerpo que redactó el informe, la Comandancia de la Guardia Civil que dirigía Pérez de los Cobos. Incluso, El Confidencial llega a afirmar este miércoles, en uno de sus despliegues sobre la polémica que la directora de la Guardia Civil, María “Gámez tuvo conocimiento por El Confidencial de que los investigadores dependientes de Pérez de los Cobos habían entregado al Juzgado 51 de Madrid”. Si a todo esto le sumanos que el informe que apareció en todos los medios el día 25 no lleva el sello del registro de entrada en el juzgado, estaríamos ante la certeza de que el informe se habría filtrado desde la Guardia Civil.

Sexta certeza: más allá de la pérdida de confianza

Otra de las vertientes que han surgido en este caso, un tanto menor, es por qué la directora general de la Guardia Civil puso por escrito que cesaba a Pérez de los Cobos “por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil”. La razón tiene también nombre de coronel: Manuel Sánchez Corbí. Sánchez Corbí es el coronel de la Guardia Civil que estaba al frente de la UCO y que Grande-Marlaska cesó en agosto de 2018, al poco de llegar el Gobierno socialista al poder. El motivo fue la “pérdida de confianza” tras filtrarse un correo electrónico suyo en el que pedía a las unidades parar sus actividades por haberse agotado los fondos reservados.

El despido de Sánchez Corbí está en los tribunales. El juez Adolfo Serrano de la Audiencia Nacional falló que “los destinos de libre designación pueden ser revocados libremente”. Pero el coronel recurrió ante la sala jurisdiccional a principios de este año. Y tiene todas las de ganar. Porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo cambió en septiembre de 2019, en una sentencia de casación de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Esta sentencia, originada en el despido de un cargo de libre designación del Consejo de Seguridad Nacional, establece que a partir de ahora, el cese de funcionarios públicos en puestos de libre designación deben motivarse más allá de la mera “pérdida de confianza”. María Gámez tenía justificar el cese por escrito y eso es una certeza.

La gran duda: las cintas de vídeo de Pablo Iglesias

Y, por último, al margen de consideraciones sobre el momento de cesar a Pérez de los Cobos o sobre su ideología, el coronel de la Guardia Civil acumulaba tres strikes, para apuntalar la pérdida de confianza. La más novedosa, todo lo que rodea al informe del 8-M, pero hay más, como desvelaba hoy El Periódico de Cataluña, las otras dos, casualmente, relacionadas con el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.

Dos días antes de su cese, se filtraba a la prensa una orden dada a la Guardia Civil para retirar pancartas y banderas de España en los alrededores del chalet de Iglesias e Irene Montero en Galapagar. La noticia saltaba después de varias caceroladas alrededor de la casa, pero en realidad se había dado el 13 de marzo: una semana después de que manifestantes de Jusapol, tras rodear al Congreso, fueran a hacer un escrache a la casa de Iglesias. La sensación con una noticia que tenía dos meses de antigüedad es que el Gobierno protegía ahora al líder de Unidas Podemos de su famoso "jarabe democrático".

La otra tuvo lugar un mes antes de su cese. Cuando Pablo Iglesias fue grabado en un supermercado cerca de su casa, haciendo la compra sin mascarilla. El vídeo lo vio toda España gracias a un vecino que le grabó con su móvil, mientras le decía "hijo de la gran puta, rojo de mierda". Ante este incidente, el Gobierno decidió no hacer nada a no ser que un juez lo ordenase. Pero Pérez de los Cobos, sin orden judicial, envió a sus agentes al supermercado para pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la compra de Iglesias. ¿Para qué quería esas cintas? Esa es la gran duda de la que no hay certezas.