El cerco sobre Ana Millán, la vicesecretaria de Organización del Partido Popular (PP) de Madrid y número tres de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se estrecha cada vez más, y el presunto encubrimiento al alcalde Manuel Bautista tras la denuncia de una concejala de su partido en Móstoles podría ser la gota que colma el vaso.
Aunque los ‘populares’ cierran filas alrededor de ella, lo mismo que con el secretario general de los conservadores en la región, Alfonso Serrano, la oposición le arrincona desde todos los flancos: a nivel nacional, regional y local.
Peticiones de reprobación y expulsión
El último ejemplo de ello ha sido el PSOE de Arroyomolinos, que esta semana daba a conocer a ElPlural.com que en febrero llevaría a pleno una moción para reprobar a la que fuera alcaldesa del municipio, epicentro en aquella época del caso Neverland, una arista separada de la mediática Púnica y por el que la antigua regidora está siendo investigada.
No muestran muchas esperanzas en tanto en cuanto la actitud de la derecha con la violencia de género en esta localidad no es precisamente la de posicionarse en contra de esta lacra desde lo institucional. Así volvía a ocurrir, como denunciaba la formación socialista, el pasado mes de enero, cuando el Partido Popular votaba en contra de que se guardase un minuto de silencio cuando se cometiera un asesinato machista.
Los socialistas recuerdan cómo Millán “dejó el Ayuntamiento para marcharse a la Comunidad de Madrid, priorizando su carrera política, buscando su aforamiento y dejando atrás el proyecto por el que había solicitado ese respaldo ciudadano”. “Precisamente por esto tiene una responsabilidad pública mayor que la que tienen otros”, refrendaban, afeando el “silencio” y el hecho de que se haya centrado la atención en la denunciante y no en lo acontecido.
“No pedimos nada extraordinario, sino algo tan básico como decir que el acoso sexual es inaceptable. Pedimos que los partidos políticos tengan protocolos reales, evaluables y efectivos contra la violencia machista, no un documento metido en un cajón, sino un mecanismo que funcione y proteja a quien da el paso de denunciar”, reflejaban.
A nivel regional, la máxima es la misma: la dimisión “de todos”. Así lo defendía el secretario regional del PSOE-M, Óscar López, al poco de que El País publicara la información, y lo mismo han reiterado otras figuras importantes dentro de las filas, como la portavoz en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.
Más Madrid, por su parte, solicitaba al organismo que lidera Enrique Ossorio que retirara a su mano derecha de sus cargos en el Parlamento autonómico, donde ejerce como vicepresidenta. Los de Manuela Bergerot indicaban que Millán “se había beneficiado reiteradamente de su condición de aforada” anteriormente, pero que los hechos de las últimas semanas hacen “insostenible” que mantenga su puesto.
“Hemos escuchado como la señora Millán se ha dedicado a presionar a una mujer que denunciaba haber sufrido un acoso laboral como represalia por no haberse sometido a los deseos sexuales de un superior y exigirle que no presentara denuncia y que guardara silencio y no hiciera nada ante esa situación. Hemos conocido como ante un caso de tal gravedad la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid en vez de garantizar una investigación garantista que determinara la veracidad y consecuencias de los hechos, hizo lo posible por silenciarlos”, relataban en el escrito que elevaron.
“El machismo es una lacra que es transversal, lo hemos reiterado decenas de veces. Ante esta lacra es exigible de los representantes públicos una posición firme de acompañamiento y ayuda a sus víctimas y de prevención y lucha contra el acoso”, apostillaba.
Asimismo, aludían al ‘Caso Nevenka’, lo mismo que la propia Bergerot hizo en el cara a cara de este jueves con la presidente, y hablaba de los protocolos que, presuntamente, el PP se ha saltado: “No pueden ser un papel mojado para cumplir nominalmente, pero garantizar la impunidad de quienes cometan acoso sexual y laboral. Y, cuando se busca el silencio y la resignación sin investigación alguna de quienes denuncian estos casos, se está garantizando esa impunidad y por lo tanto la perpetuación de situaciones de abusos machistas tanto por la falta de prevención como por la certidumbre de la falta de investigación y consecuencias”.
Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude
La causa judicial que también arrincona a Millán por cuatro presuntos delitos -prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública se remonta a octubre de 2020 y contiene también el nombre del empresario Francisco Roselló.
Según el juez, existirían “una serie de circunstancias, que vincularían a Ana Millán, en la época en que era concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y su entorno con Grupo Educativo, las cuales pudieron tener relación con posibles irregularidades en materia de contratación o con supuesta contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Arroyomolinos al citado grupo empresarial, dirigido por Francisco Roselló”.
La Justicia cifra en un total de nueve contratos -siete mayores y dos menores- los realizados con varias compañías de este empresario entre 2005 y 2011 que vinieron seguidos de una “diferencia de trato” por cuestiones que tienen que ver con el pago del alquiler de un ático en la localidad.
La vicesecretaria de Organización también está en el punto de mira por las actuaciones con su hermana, quien habría recibido “pagos por un valor global de 88.642, 42 euros de GE Escuelas Urbanas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades”. Por su parte, su marido, Juan Pedro Santos Ceballos, está actualmente citado como testigo en la causa.
