La denuncia interpuesta por una concejala de Móstoles contra el alcalde de la ciudad, Manuel Bautista, por posibles abusos sexuales, ha abierto un cisma en el PP de Madrid, que está contra las cuerdas y aportando justificaciones vagas y, en ocasiones, vergonzosas, como cuando el pasado viernes el número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, preguntó a un periodista cómo ligaba después de que éste le cuestionara sobre el caso.
Han pasado muchas cosas en las últimas horas, mientras han ido saliendo a la luz las pretensiones del equipo de los ‘populares’ madrileños por callar a la presunta víctima, entremezclándose con las acusaciones de la izquierda y las peticiones de dimisión por parte de las fuerzas progresistas del regidor primero y de Serrano o Millán después.
Ahora, El Constitucional va un paso más allá y saca a la luz la estrategia de la número tres y vicesecretaria de Organización y Territorial de los conservadores en la capital regional, basada en el miedo, y es que su modus operandi con la antigua edil no es nueva.
Así lo denuncian fuentes internas, desterradas por el aparato de Ayuso, al medio mencionado, que sitúan a la también vicepresidenta de la Asamblea como ejecutora de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la lideresa regional.
El silencio está siendo la máxima en este caso, y es la tónica habitual en este tipo de procesos. Responde, dicen desde dentro, a un verdadero régimen de “terror”. Las fuentes a las que ha acudido El Constitucional no hablan, precisamente por este motivo: “En el momento que asocien el caso con nosotros irán a por todas para desprestigiarnos y rebuscar en nuestro pasado”.
“Le pasas información al PSOE”
Una de las veces que Millán se refirió a la concejala de Móstoles le espetó: “El partido tiene una denuncia hacia ti con pruebas de que llevas tiempo pasando información al PSOE de todo este tema”. Un día antes, la concejala había dejado su acta actual y causado baja en el partido.
Las prácticas para coacciones y apartar a los ‘populares’ que le suponen un problema tanto a Ayuso como a MAR (como se conoce a Miguel Ángel Rodríguez). “Cada vez que hay una polémica con alguien del partido se repite la misma coletilla por parte de Ana Millán: te amenaza para que te acojones, inventándote que tú estás hablando con el PSOE y que te tienen grabado”. Se trata, aseguran en declaraciones con el periódico señalado, de algo que Rodríguez “ya usaba cuando estaba con Aznar”.
Millán y Serrano se reunieron en varias veces con la presunta víctima, pero siempre intentando que no hablara. “¿De verdad te merece la pena? ¿Por tus hijos, por tu padre?”, preguntó la vicesecretaria de Organización, que llegó a decirle que “todas hemos aguantado muchas cosas en política”.
La izquierda ha puesto pie en pared contra este presunto encubrimiento. Más Madrid pedía el pasado lunes que apartara a la número tres del PP de Madrid de la Cámara que dirige Enrique Ossorio, partiendo de que accedió a su escaño en pleno Caso Neverland, con origen en Púnica, y que se encuentra imputada por cuatro delitos.
La portavoz del partido progresista apuntaba que “tal investigación ha señalado insistentemente la existencia de indicios suficientes de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, que ha sido protegida toda la legislatura por el aforamiento que ha otorgado su condición de diputada”. “No les importa el deterioro que causara al prestigio de la institución que representa el pueblo de Madrid”, acentuaba.
De esta manera, recordaba que “reiteradamente se ha beneficiado de su condición de aforada, que ha impedido que se someta a la investigación judicial que pretendía la jueza instructora y para la que el Tribunal Superior de Justicia solicitó indicios reforzados respecto de los que habría tenido cualquier ciudadano madrileño sin privilegio procesal”, apunta.
Solo este hecho, destacaba, “ya merecería que esos cuatro miembros de la Mesa tuvieran el decoro de renunciar a sus cargos y así mostrar su voluntad de devolver a la Asamblea de Madrid a los cauces democráticos de los que nunca debieron sacarlo”. Cuanto más, el reciente presunto encubrimiento: “Ante un caso de tal gravedad la vicepresidenta primera de la Asamblea de Madrid en vez de garantizar una investigación garantista que determinara la veracidad y consecuencias de los hechos, hizo lo posible por silenciarlos”.
“El machismo es una lacra que es transversal, lo hemos reiterado decenas de veces. Ante esta lacra es exigible de los representantes públicos una posición firme de acompañamiento y ayuda a sus víctimas y de prevención y lucha contra el acoso”; acentuaba.
El abogado de la exconcejala de Móstoles, Antonio Suárez-Valdés, aseguraba en Mañaneros 360 de TVE que “pediremos responsabilidad al PP” sobre “los ocho meses en los que el PP no ha investigado nada”.
