El caso Móstoles, que pone los focos mediáticos en la localidad madrileña después de que su alcalde, Manuel Bautista (PP), haya sido denunciado por presunto acoso sexual y laboral, ha sacudido los cimientos de los 'populares' madrileño. La información que publicaba esta semana el diario El País, llevando en su portada las acusaciones de acoso sexual contra el edil mostoleño a una exconcejala del propio PP, han puesto en la diana no sólo al propio regidor, sino a la guardia pretoriana de Isabel Díaz Ayuso (Ana Millán y Alfonso Serrano) y a la propia presidenta. La denunciante ha contado que aunque en primera instancia el partido atendió su caso, poco a poco fueron intentando disuadirla de llevarlo a mayores e instándola a que "no hiciera mucho ruido". A esta actitud del silencio se suma el engrase de la maquinaria mediática afín a la sucursal conservadora de los de Feijóo en Madrid, regados de dinero público procedente de la administración que capitanea Díaz Ayuso.
El ejemplo más claro en este sentido lo ha protagonizado El Confidencial, que ha publicado este domingo la denunciante ya había puesto otras dos denuncias en el instituto en el que trabajaba, también por acoso sexual. Según la documentación recopilada por el citado medio de comunicación, la exconcejala 'popular' ya vivió dos episodios de acoso que acabó denunciando durante su etapa en el instituto público Gaspar Melchor de Jovellanos de Fuenlabrada. En su relato, se hablaba de "situaciones incómodas, acercamientos excesivos y comentarios verbales" de índole sexual, precisando que no había acudido antes a la Justicia por "miedo a represalias". El expediente se instruyó en la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur de la región, aunque se archivó en julio de ese mismo año (2018) sin que se probara la existencia de tal comportamiento.
¿Estrategia de desgaste?
El informe de la inspección educativa recogía testimonios que aludían a comportamientos inapropiados y reconocía el malestar generado en el centro, aunque concluía que no se traspasaron los límites legales necesarios para catalogar los hechos como acoso sexual. Tampoco se hallaron indicios de conductas similares hacia alumnas, a pesar de las sospechas de la denunciante, habida cuenta de que en el expediente se recogía un trato excesivamente familiar por parte del docente, aunque descarta responsabilidades disciplinarias.
El segundo caso llegó dos años después, en 2020, cuando la entonces profesora presentó una nueva denuncia por acoso laboral contra el director del mismo centro. Se fundamentó sobre represalias, menosprecios, difusión de rumores y discriminación profesional, encajando los hechos en varios supuestos recogidos por el protocolo de prevención de acoso. No obstante, el expediente administrativo volvió a descartar tales comportamientos ante la ausencia probatoria y la no acreditación de entorno hostil sostenido en el tiempo. En cualquier caso, en el momento de la judicialización del caso, el acusado fue condenado por un delito leve de coacciones, al quedar probado que presionó a la docente para que dimitiera tras pedir actuaciones contra el jefe de estudios.
Más de 1.300.000 euros de publicidad institucional en cuatro años
La publicación del medio conservador llega en pleno estallido del caso Móstoles, con el alcalde del Partido Popular en el ojo del huracán, en un contexto en el que el partido ha cerrado filas de manera durísima en torno a su figura, desestimando completamente las acusaciones. Desde la izquierda, se interpreta la información citada como parte de una estrategia de desgaste, que se suma al carrusel de declaraciones y advertencias legales de los altos cargos conservadores próximos a Ayuso, para hacer luz de gas y desplazar el foco del presunto agresor a quien señala la edil conservadora.
A su vez, cabe recordar que El Confidencial recibió, entre 2021 y 2024, más de 1.300.000 euros del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en concepto de publicidad institucional, según el Plan de Medios de la propia región: 1.258.096 euros en 96 registros para El Confidencial, y 129.291 euros en 62 registros en El Confidencial Digital, que suman un total de 1.387.387 euros en el citado periodo.
Recordando el 'caso Salazar' del PSOE como contrapeso
Por otra parte, llama también la atención que otra de las ramificaciones de la estrategia del PP para tratar este caso haya sido recordar los casos similares que afloraron en el seno del Partido Socialista, en este caso, el de Paco Salazar. Los 'populares' han buscado correr un tupido velo sobre el caso de Bautista recordando el del socialista, llevándolo, incluso, al Congreso de los Diputados con intenciones de que los parlamentarios condenen el caso en el Pleno. Este martes, se debatirá una iniciativa del PP para que la Cámara Baja condene los presuntos casos de acoso sexual surgidos en las filas socialistas y exija "tolerancia cero" y responsabilidades al partido de Pedro Sánchez ante sus "intentos de ocultación y minimización" de los mismos, en un contexto en el que estas reivindicaciones están plenamente a la orden del día después que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista (PP), ha sido también denunciado por presunto acoso sexual y laboral y los 'populares' no hayan hecho otra cosa que cerrar filas en torno a su figura.
La petición del PP se recoge en la moción consecuencia de la interpelación que la portavoz parlamentaria del PP en el Congreso, Ester Muñoz, dirigió en el último Pleno de 2025 al ministro de Justicia y de la Presidencia, Félix Bolaños, en relación con el caso concreto del exmilitante y exasesor socialista Paco Salazar, que dimitió de las siglas tras ser denunciado por acoso sexual. Salazar compareció este jueves en la comisión del Senado que investiga las distintas ramificaciones del 'caso Koldo', y frente a las denuncias por acoso en su contra, se defendió asegurando que "siempre" trató con respeto a sus compañeras como profesionales como mujeres y que si dimitió fue por proteger a su familia, no porque nadie del partido se lo pidiera.
En concreto, el texto de los 'populares' urge al Gobierno a asumir responsabilidades políticas por esos casos, que condene cualquier conducta de acoso, abuso o trato vejatorio contra las mujeres y que garantice una política de "tolerancia cero y búsqueda de la verdad ante cualquier comportamiento incompatible con la igualdad y la dignidad de las mujeres". El PP, a su vez, vincula el texto de su moción a Salazar y a la polémica gestión del caso por parte del PSOE para denunciar la existencia de "maniobras internas destinadas a silenciar a las víctimas, minimizar los hechos y evitar cualquier responsabilidad política". Cabe recordar que el PP de Madrid, en palabras de la propia denunciante, la disuadió y comenzó a ignorarla progresivamente. Durante la comparecencia de Salazar en el Senado, el propio PSOE admitió haber fallado en la gestión de este asunto.
