El caso Móstoles ha generado un terremoto en el Partido Popular de Madrid. La información publicada esta semana por el diario El País, que airea las acusaciones de acoso sexual por parte del alcalde de la localidad, Manuel Bautista, a una exconcejal han puesto en la diana no sólo al propio regidor, sino a la guardia pretoriana de Isabel Díaz Ayuso y a la propia presidenta. De ahí que la sucursal conservadora en la región haya activado la maquinaria para rebajar el suflé de las acusaciones, ya sea con amenazas legales o a través de publicaciones como la que ha lanzado este sábado El Confidencial, en cuyas líneas hurgan en la vida privada de la denunciante. El digital se hace eco de dos expedientes previos abiertos durante la etapa de la mujer en el IES Gaspar Melchor de Jovellanos (Fuenlabrada) con el objetivo de contextualizar las denuncias que esta semana han trascendido a la esfera pública.
Dicha publicación llega en pleno estallido del caso Móstoles, con el alcalde del Partido Popular en el ojo del huracán mediático y en un contexto de cierre de filas absoluto del PP regional con su edil y también miembro de la dirección nacional de la formación. Hay quien desde la izquierda interpreta la información como una estrategia de desgaste, que se suma al carrusel de declaraciones y advertencias legales de los altos cargos conservadores próximos a Ayuso, para hacer luz de gas y desplazar el foco del presunto agresor a quien señala la edil conservadora.
Expedientes archivados y una condena posterior
Según la documentación recopilada por el citado medio de comunicación, la exconcejala popular ya vivió dos episodios de acoso que acabó denunciando durante su etapa en el instituto público de Fuenlabrada. En su relato, se hablaba de “situaciones incómodas”, “acercamientos excesivos” y “comentarios verbales” de índole sexual, precisando que no había acudido antes a la Justicia por “miedo a represalias”. El expediente se instruyó en la Dirección del Área Territorial Madrid-Sur de la región, aunque se archivó en julio de ese mismo año – 2018 – sin que se probara la existencia de tal comportamiento.
El informe de la inspección educativa recogía testimonios que aludían a comportamientos inapropiados y reconocía el malestar generado en el centro, aunque concluía que no se traspasaron los límites legales necesarios para catalogar los hechos como acoso sexual. Tampoco se hallaron indicios de conductas similares hacia alumnas, a pesar de las sospechas de la denunciante, habida cuenta de que en el expediente se recogía un trato excesivamente familiar por parte del docente, aunque descarta responsabilidades disciplinarias.
El segundo caso llegó dos años después, en 2020, cuando la entonces profesora presentó una nueva denuncia por acoso laboral contra el director del mismo centro. Se fundamentó sobre represalias, menosprecios, difusión de rumores y discriminación profesional, encajando los hechos en varios supuestos recogidos por el protocolo de prevención de acoso. No obstante, el expediente administrativo volvió a descartar tales comportamientos ante la ausencia probatoria y la no acreditación de entorno hostil sostenido en el tiempo.
En cualquier caso, en el momento de la judicialización del caso, el acusado fue condenado por un delito leve de coacciones, al quedar probado que presionó a la docente para que dimitiera tras pedir actuaciones contra el jefe de estudios.
Maquinaria del ruido
Tal publicación converge en tiempo y espacio con la crisis reputacional del alcalde tras las informaciones adelantadas por El País, lo cual sugiere para algunas voces un intento de menoscabo de la denunciante para desacreditar el relato contra el regidor conservador. Una suerte de patrón que siguen otros casos sensibles para las siglas de la calle Génova y que se agrava en el momento que emerge la relación económica entre el citado medio de comunicación y el Gobierno madrileño.
De hecho, según datos oficiales del Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid – concretamente del Plan de Medios del Ejecutivo -, el Gobierno regional ha regado con dinero público al citado digital. Durante el periodo comprendido entre el año 2021 y el ejercicio 2024, El Confidencial percibe un total de 1.258.096 euros en calidad de publicidad institucional, cifra que se ha puesto de manifiesto en los últimos tiempos, junto a otros medios de comunicación afines ideológicamente a la Administración madrileña.
