La crisis del Covid-19 ha sometido a un test de estrés al conjunto del sistema sanitario de nuestro país. No ha sido éste el único que se ha visto expuesto a una severa revisión de sus capacidades para afrontar situaciones límite. En el ámbito de la seguridad ha pasado algo parecido. Los miembros de la Guardia Civil y de la Policía han estado en primera línea, sin medios y sin una configuración de los servicios adecuada. Incluso entre ambos cuerpos ha habido diferencias en la manera de hacer las cosas y de afrontar los restos derivados de la pandemia.

Nuevamente se ha evidenciado que hay diferencias entre la manera de gestionar las políticas de personal en la Policía y en la Guardia Civil y que, en la mayoría de los casos, son los hombres y mujeres de la Guardia Civil, los que tienen más desventajas y se desenvuelven en un entorno normativo más restrictivo en los derechos, que les causa una insatisfacción persistente.

En este escenario, de agravio y desigualdad, es en el que vamos a tener que desarrollar nuestra labor los miembros de la nueva Junta Directiva Nacional de AUGC. Partimos de un bagaje de veinticinco años de trabajo asociativo y de la entrega exigente y desinteresada de muchos compañeros y compañeras que nos han precedido en estas funciones. La Guardia Civil de hace veinticinco años era bien diferente y distinta a la que ahora encontramos.  Podríamos afirmar que, en gran medida, los cambios y las mejoras que han experimentado los miembros de la Guardia Civil se deben a la acción persistente e inteligente llevada a cabo por AUGC. Se ha avanzado mucho, pero queda mucho por hacer, y muestra de ello son los movimientos que se están produciendo esta semana entre los generales de mayor graduación en el cuerpo.

Sin ir más lejos, se puede configurar una agenda legislativa muy relevante para impulsar cambios imprescindibles que deben acometerse en los próximos años y que queremos impulsar desde el diálogo exigente con los responsables del Ministerio del Interior.

Urgente resulta una nueva ley de la carrera profesional de los y las guardias civiles, que sea atractiva y que garantice una progresión y promoción internas, alejadas de toda sombra de desigualdad y de privilegio, con retribuciones justas. El régimen disciplinario ha de ser reformado con rapidez. El derecho de defensa ha de acomodarse a los estándares más exigentes, que salvaguarden y protejan a quienes puedan ser destinatarios del uso de la potestad disciplinaria, con tipos disciplinarios ajustados a la realidad de los deberes y exigencias de las funciones propias del cumplimiento de la misión de seguridad encomendada por la Constitución española. La Ley de derechos y deberes precisa de una segunda generación, en cuya configuración y debate no se arrumbe, de antemano, la posibilidad de transformar a las asociaciones representativas en sindicatos, y se prioricen foros efectivos de dialogo social y de gobierno abierto con los representantes de los y las guardias civiles. 

Nada hay más urgente, por la naturaleza de la cuestión, que, de una vez por todas, se impida la aplicación del Código Penal Militar a los y las guardias civiles y se evite que sean órganos judiciales militares los que enjuicien el trabajo de los miembros de la Guardia Civil. Nadie entendería que, por ejemplo, la ingente labor de atención, auxilio y apoyo a los ciudadanos durante la crisis del Covid-19, sus incidencias o disfunciones, fueran conocidas por órganos compuestos por miembros de las Fuerzas Armadas, alejados de todo contacto con la realidad de la prestación de servicios de evidente condición policial.

Hay un último elemento en la agenda legislativa y no es de menor nivel que los anteriores. Me refiero al modelo policial que, sin duda, precisa de una profunda reflexión a la que han de estar llamados el conjunto de las Administraciones públicas competentes, los policías y guardias civiles a través de las organizaciones que los agrupan, y en conjunto de la sociedad civil.

En los próximos días, vamos a iniciar una nueva andadura de cuatro años. Lo hacemos con ilusión y con responsabilidad, convencidos de que podemos cambiar las cosas y agradecidos a los que nos precedieron en los órganos de dirección de la asociación. Los cambios en la Guardia Civil son y serán positivos para el conjunto de la ciudadanía y para los que, día tras día, ejercemos como guardias civiles. Por ello apostamos y a ello nos comprometemos.

Juan Fernández es secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)