El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo, en el discurso de cierre del 41° Congreso Federal, que el Gobierno impulsará una gran Empresa Pública de Vivienda: "Tendra capacidad para construir y gestionar viviendas desde la administración general del Estado".
Tanto el presidente del Gobierno, como otros gerifaltes de la estructura socialista y monclovita, han trufado el fin de semana de mensajes que prometen dar la batalla a la ofensiva de la derecha "política, judicial y mediática" y para ello, tal y como reiterabael viernes y el sábado el expresidente Zapatero, hay que apuntalar el Estado del Bienestar para blindar al ciudadano.
Ello se consigue a través de la Vivienda. Es el punto de fricción de la legislatura y en el PSOE empiezan a tomárselo en serio. El objetivo tras este cónclave, amén de rearmarse ante la "ola reaccionaria", es llegar en forma al próximo 2027, el superaño electoral con las generales, municipales y autonómicas. Así lo ha verbalizado el presidente, después de anunciar que impulsará una empresa de vivienda pública.
"Nuestra principal prioridad será ganar las elecciones municipales y autonómicas de 2027 y volver a gobernar en toda España. Vamos a trabajar duro para llevar en 2027 el cambio progresista allí donde hoy hay gobiernos negacionistas. Porque estamos ante una década decisiva en la que se decidirá si los Estados del Bienestar siguen creciendo o vuelven a recortarse”, ha dicho.
Blindaje constitucional
Antes de este fin de semana, el PSOE ya aireó su intención de blindar vía Constitución algunos derechos adquiridos y entre ellos se encontraba el carácter público de la vivienda protegida. Sabedores del “avance de la ultraderecha” en todo el mundo, focalizarán sus esfuerzos en esta legislatura a que algunas conquistas sociales queden respaldadas por la Carta Magna y así evitar que el conservadurismo o la extrema derecha pueda meter la tijera. “Independientemente del signo político que gobierne”, exponían.
Sin embargo, en las comisiones privadas, no se encontró el encaje -de momento- en materia de vivienda. Sí se reafirmó el compromiso y la voluntad de atar a la Carta Magna “la revalorización de las pensiones, el matrimonio homosexual, la interrupción voluntaria del embarazo y la paridad de género en las instituciones”. “Los consensos construidos durante años por las mayorías de nuestro país no pueden estar al albur de la agenda regresiva de unos pocos”, explicaban fuentes socialistas durante el cónclave.
En este sentido, se han comprometido a proteger el “acceso a la sanidad pública universal al mismo nivel jurídico que el derecho a la Educación” para, de este modo, evitar cualquier atisbo de privatización del Sistema Nacional de Salud y de los diversos sistemas autonómicos. “Blindaremos la titularidad pública permanente de las viviendas de promoción pública, incluiremos en la Constitución el derecho a la seguridad climática y al agua potable, y el derecho de las generaciones futuras a heredar un planeta saludable y sostenible”, postulaban.
Una declaración de intenciones de lo que supondrán los próximos años de legislatura, en los que se librará no sólo una batalla de las ideas, sino también política contra una derecha que surfea una “ola reaccionaria” de tamaño considerable. Sobre todo en el ámbito judicial, donde pseudoasociaciones, con la aquiescencia de un Partido Popular consumido por la ultraderecha, marcan el panorama político. Una declaración de intenciones que reafirma el compromiso socialista de proteger los pilares que mantienen en alza el Estado del Bienestar.
