El Gobierno de coalición se ha plantado ante la negativa del Partido Popular (PP) de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), bajo dominio de los de Alberto Núñez Feijóo. Después de más de 2.000 días con el mandato caducado, en los que ha dejado claro que no dimitirán ni caminarán hacia su renovación, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha anunciado que le da al partido de la oposición poco más de dos semanas como plazo, hasta junio toque su fin, para alcanzar un acuerdo.
De lo contrario, los dos partidos de la coalición buscarán apoyos en el Congreso de los Diputados para quitar la potestad al CGPJ para designar a los magistrados del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. “El día de la marmota ha durado demasiado, más de 2.000 días y eso se acabó", ha aseverado en una entrevista concedida a TVE, en la que ha apuntado que esta facultad se transformaría para ser “más objetiva, más transparente y no politizada", situación que busca evitar el PP.
"Nosotros nos damos como Gobierno hasta final de este mes, hasta el mes de junio, y si en el mes de junio el Partido Popular no desbloquea esta situación, el Gobierno de España, junto con el Congreso de los Diputados, dará una respuesta a lo que es un auténtico atropello constitucional, que es el secuestro que está perpetrando el Partido Popular a un órgano importante que es el Gobierno de España", ha trasladado. Este ultimátum ha llegado escaso minutos después de que el líder socialista prometiese en la Cámara Baja, durante la sesión de control, que acometerá medidas de regeneración democrática.
“Yo me propuse presentar un paquete de medidas de calidad democrática antes de que termine el verano y lo voy a presentar ante las cortes antes de que concluya este periodo”, se ha comprometido. No obstante, ha trasladado a posteriori que la reforma del CGPJ y la batería de políticas que caminarían en esta dirección corresponden a dos procesos distintos. Eso sí, ambas llegarán a no mucho tardar, una en poco más de dos semanas, si el PP no lo evita, y la otra antes de la conclusión de la época estival.
El PP y su “control” de la sala penal
Habría que retrotraerse al 4 de diciembre de 2018 para encontrar la fecha en la que le actual CGPJ debería haber sido renovado. El objetivo de su no renovación lo explicó claramente el por aquel entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó: “controlaremos la segunda sala desde atrás”. Nada más y nada menos que la Sala de lo Penal es a lo que se refería en conservador, palabras de las que ha querido acordarse Sánchez para esclarecer la situación.
"Recuerde aquella frase del senador del PP”, ha resaltado, buscando evidenciar que el "incentivo perverso" que tiene el PP para seguir "bloqueando" la renovación es la facultad que tiene esta institución de nombrar a magistrados que van al Supremo o a los Tribunales Superiores de Justicia. Al respecto, el presidente del Gobierno considera fundamental eliminar este precepto para evitar que este “atropello institucional” pueda volver a darse, deteriorando el órgano de gobierno de los jueces y el conjunto de la judicatura.
Contra la falacia de que los jueces elijan a los jueces
Que la derecha y extrema derecha defienda que sean los jueces quienes se elijan a sí mismos no es casualidad. Una larga lista de argumentos, desde económicos, pasando por sociales, hasta organizativos, explican porque esta opción tan solo acabaría derechizando aún más la judicatura que ya se rige con lógicas clasistas y de exclusión. Una lógica meritocracia totalmente falsa que persigue una tecnocracia con apellidos compuestos. Sánchez se ha posicionado en contra de esta política defendida por las derechas, que exige cambiar el sistema de elección de vocales para acometer la renovación.
Renovación obligada por la Constitución. "Creo que hemos encontrado un buen equilibrio", ha valorado Sánchez, recordando que son las asociaciones de jueces las que proponen a los candidatos para el CGPJ y, solo entre estos, las Cortes Generales eligen a los agraciados. Los representantes de la ciudadanía también tienen algo que decir sobre el órgano de gobierno judicial, defiende el Gobierno, mientras que la oposición apunta a que este se elija “solo”, es decir, entre ellos.
"Yo ahí sí que discrepo profundamente, porque todo poder emana de la soberanía nacional, es decir, del Congreso de los Diputados, y por tanto yo creo que el Congreso, el Parlamento Nacional, tiene algo también que decir cuando se nombra, nada más y nada menos, que aquellos representantes que van a conformar el gobierno de los jueces", ha sostenido Sánchez.
