La controversia generada por la oferta del Ayuntamiento de Pamplona, liderado por EH Bildu, de 5.000 euros a la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) sigue encendiendo el debate dentro del colectivo de víctimas. Roberto Manrique, superviviente del atentado de Hipercor y activista por los derechos de las víctimas, ha expresado su opinión en términos críticos, subrayando la falta de coherencia y entendimiento en este tipo de decisiones.
Para Manrique, la posibilidad de que una institución vinculada a EH Bildu destine fondos a actividades que promueven valores democráticos y los derechos humanos resulta, cuando menos, paradójica. “Si hace unos pocos años alguien hubiera dicho que gente a la que muchos relacionan con el entorno de la banda terrorista ETA aportaría recursos para proyectos como este, lo hubieran tachado de poco menos que de zumbado”, señala en una columna publicada en su blog.
La memoria del pasado y la oportunidad perdida
Manrique lamenta profundamente la falta de representación plural en decisiones que afectan al conjunto de las víctimas. “Es una lástima que ninguno de los supuestos representantes de las víctimas estuviera presente en la conferencia de 2012 en la Universitat de Barcelona, coincidiendo con el homenaje a Ernest Lluch”, recuerda. Según él, ese acto marcó un hito en la reflexión sobre reconciliación y justicia en el contexto del terrorismo, al contar con la participación de figuras clave, incluidas personas relacionadas con el entorno abertzale.
El activista hace referencia a un discurso pronunciado en esa ocasión por Pernando Barrena, miembro de EH Bildu, cuyos comentarios considera esenciales para entender la perspectiva de la izquierda abertzale sobre la reparación y el diálogo. Manrique invita a quienes deseen profundizar en el tema a consultar el libro Hablemos de reconciliación o acercarse a la oficina de UAVAT, donde las palabras de Barrena están disponibles.
Una postura crítica ante la fractura actual
La división dentro de las asociaciones de víctimas ha quedado patente tras la votación del patronato de la FVT, donde nueve miembros rechazaron la ayuda, mientras ocho, incluida Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, la avalaron. Este desacuerdo refleja dos posturas enfrentadas: una que rechaza cualquier colaboración con EH Bildu al considerarlo un intento de "blanqueo" de su pasado, y otra que defiende que los fondos provienen de impuestos ciudadanos y no de la formación política.
Manrique evita posicionarse explícitamente a favor o en contra de aceptar los fondos, pero critica la falta de visión en el manejo de estas decisiones. “Hay decisiones que no tienen sentido alguno”, afirma con contundencia.
En este sentido, la postura de Manrique evidencia una de las principales tensiones en el proceso de reparación y reconciliación en España: cómo manejar el legado de ETA y el papel de actores políticos vinculados a su entorno. Mientras algunas víctimas ven en estas iniciativas una oportunidad para avanzar en la convivencia, otras las perciben como un insulto a la memoria de quienes sufrieron la violencia.
