A las 12:00 horas de este miércoles arrancará el debate de investidura de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Lo hará ensordecido por el ruido alimentado desde los sectores afines a Partido Popular y Vox contra la Ley de Amnistía que registró el lunes el PSOE en la Cámara Baja. Un exceso de decibelios que ha derivado incluso en el acoso sistemático a las sedes de la formación en diferentes puntos del país, especialmente en el cuartel general de la madrileña calle Ferraz. Los socialistas se preparan para una sesión que concluirá el jueves con la reelección del jefe del Ejecutivo para otros cuatro años con el apoyo de nacionalistas vascos, catalanes, gallegos y sus socios de Sumar. Asumen el modus operandi de la derecha ante este tipo de situaciones, al tiempo que afean las estrategias de “la ultraderecha neofascista” y la de un Feijóo que insiste en reclamar elecciones. “No pueden estar más perdidos”, resuelven voces próximas a la dirección.
Desde que arrancaron las negociaciones con las formaciones independentistas, la derecha ha alimentado el mantra habitual de una España que se encamina a la desaparición. Un boceto al que “siempre recurren cuando no gobiernan”. “Cuando el PSOE llega a esos acuerdos, España se rompe; cuando lo hacen ellos, son pactos de Estado”, ha resumido este martes el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. El dirigente socialista fue el encargado de defender la bautizada como Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. El texto, fruto del complejo diálogo con los diferentes socios de la nueva alianza de los progresistas; especialmente con Junts y ERC, ha enfurecido a la derecha hasta el punto de llamar a la movilización permanente en las calles e instigando, como es el caso de Vox, al acoso a las casas del pueblo de todo el país, así como en la sede nacional del PSOE en Ferraz.
Estrategia habitual
En su intervención en la radio pública catalana, Bolaños ha llamado a la derecha a un ejercicio de reflexión. Entiende que los políticos y quienes ostentan cargos de responsabilidad pública han de ser “conscientes” de la importancia que tienen sus palabras. “Hay discursos muy peligrosos […]. Hay que tener cuidado con las cosas que se dicen y desde luego tanto la derecha como la ultraderecha, que en este caso son intercambiables, ponen en peligro la convivencia”, lamentaba el ministro de Presidencia. Y es que altos cargos de PP y especialmente de Vox, han elevado el tono del debate público. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sugerido que Sánchez es un “dictador”. Todo ello, mientras Santiago Abascal llamaba poco menos que a la insurrección y a redoblar la presencia ultraderechista en las calles.
“Discursos peligrosos” que, a ojos de Bolaños y el resto del Gabinete del Presidente, contrastan con la máxima responsabilidad de la clase política, que no es sino la de ser garantes de la “convivencia pacífica” en el país. En cualquier caso, tanto en público como en privado, admiten que no les sorprende la estrategia de la derecha y de la ultraderecha. “Llevan más de 40 años diciendo lo mismo. Siempre cuando no gobiernan”, precisaba este lunes el ministro de Presidencia, aludiendo a las “falacias” distópicas a las que suele recurrir Vox y a las que se ve arrastrado un Feijóo al que le marca el paso tanto Ayuso como Abascal.
“No pueden estar más perdidos”, comenta un alto dirigente del Partido Socialista en privado, al enterarse de que Vox preparaba una querella contra el presidente del Gobierno en funciones por tres delitos indeterminados hasta la fecha. De hecho, el líder ultraderechista, Santiago Abascal, así lo avanzaba el lunes, sin precisar sobre qué presuntas penas caminaría su demanda ante el Tribunal Supremo. Lo que sí puntualizó es que reclamará la suspensión del debate de investidura como medida cautelar. La cúpula del partido ya se ha personado ante los tribunales ante la “abolición del Estado de Derecho, el principio del fin de la democracia y un ataque a la división de poderes".
“La ultraderecha neofascista tiene estas cosas para hacer ruido”, comentan las mismas fuentes a ElPlural.com, al tiempo que destacan el estado de confusión que se ha instalado en Génova. Si Vox acude al Supremo, el líder del Partido Popular entierra bajo infinitas exigencias de elecciones sus críticas al PSOE por sus pactos con Vox. En suma, todo parte de un manual de estilo de la derecha para “inflamar la calle” y alimentar “comportamientos violentos” que reciben a posteriori “tibias condenas”.
A pesar de ser un recurso habitual, según confirman desde el Partido Socialista, la dirección ha extienden las recomendaciones de precaución en todas las sedes de la formación. Al menos hasta que concluya esta semana, marcada por el hostigamiento al cuartel general en Ferraz. Una petición que ya lanzaron el pasado 7 de noviembre y que incluía la limitación de cualquier acto para garantizar la seguridad de todos los trabajadores.
Entre tanto, el Gobierno apacigua las almas apelando a que ya se conoce el texto final y reclamando a la ciudadanía “inquieta” por la Ley de Amnistía la “confianza” sobre los efectos positivos de la norma. Una certidumbre que, según ha trasladado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, al currículum de Pedro Sánchez, que siempre “cumple su palabra”. “Ha mejorado la vida de los españoles durante estos cinco años”, ha agregado, recordando que quienes le critican hoy son los mismos que lo hacían antes de ser presidente y blandiendo “los mismos miedos”.
Investidura de alto riesgo
El temor ante una nueva jornada de incidentes en las calles, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegarán un dispositivo similar al que se recurre en partidos de fútbol considerados de “alto riesgo”. Según atestiguan, el cordón en torno al Congreso de los Diputados lo conformarán entre 1.300 y 1.400 agentes de la Policía Nacional, diseminados por los aledaños del Parlamento desde la noche de este martes. Desde el lunes se han practicado controles y restricciones de acceso a peatones en la Carrera de San Jerónimo, especialmente a la altura de la calle Cedaceros.
La Policía ha acordonado la zona con vallas en los aledaños para que quede totalmente perimetrado antes de que arranque la sesión de investidura. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han truncado durante estos días algún conato de acampada frente a la sede de la soberanía nacional, enmarcada en la escalada de protestas en las calles alimentada por la derecha y la extrema derecha. En suma, desde Interior puntualizan que el dispositivo será “similar” al de otras investiduras y recuerdan que en la coronación de Mariano Rajoy en 2016 se desplegaron unos 1.000 efectivos de antidisturbios ante la manifestación “Rodea el Congreso”.
Pese al grosor que pudiera evocar la cifra, queda muy lejos a la que se desplegó para la reunión del Consejo Europeo de Granada. El gran cónclave de líderes comunitarios requirió un apoyo de más 5.400 agentes -3.670 de la Policía Nacional y 1.382 de la Guardia Civil-. Más pronunciada fue la seguridad de la “histórica” Cumbre de la OTAN de 2022, celebrada en Madrid, donde se movilizaron cerca de 10.000 efectivos; aunque los récords se lo apuntan las jornadas electorales, con un total de 180.000 agentes -entre cuerpos autonómicos y municipales- para prevenir incidentes el 28 de mayo y el 23 de julio.
