El líder del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha presentado una querella en el Tribunal Supremo por la tramitación de la ley de amnistía contra Pedro Sánchez, Carles Puigdemont, el PSOE y Junts, a los que ha tildado de "organizaciones golpistas" por los delitos de cohecho, encubrimiento de delitos, usurpación de funciones del Poder Judicial y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Además, Abascal ha solicitado al Alto Tribunal que, como medida cautelerísima, suspenda el pleno de investidura previsto para este miércoles y jueves. La querella de Vox está plagada de incongruencias jurídicas como decir que los pactos incluirán medidas ilegales, sin explicar cuáles son esas medidas o acusar al Gobierno de lo que personas anónimas, a los que llama "adeptos al presidente del Gobierno" han dicho sobre el 'lawfare'.

"Mañana se inicia un periodo trágico si no lo evitamos", ha aseverado Abascal a las puertas del Supremo, quien además ha amenazado con querellarse contra la Mesa del Congreso y del Senado si tramitan la ley. Es más, asegura que le ha pedido al PP que no la tramiten en el Senado donde el partido de Feijóo tiene mayoría absoluta y que, por tanto, "quede paralizada, sin efecto. Eso va a dar lugar a un conflicto institucional sin ninguna duda" pero ha asegurado que "es una responsabilidad del Partido Popular".

Durante su comparecencia ante los medios, el líder ultraderechista ha afirmado: "Mañana un presidente en funciones absolutamente ávido de poder, sin ningún tipo de escrúpulos, se dispone a pisotear el Estado de Derecho, acabar con la igualdad de los españoles ante la ley, a pisotear la independencia judicial y a traer un cambio de régimen por la puerta de atrás porque la ley de amnistía no es que sea inconstitucional, es que va directamente contra la Constitución porque supone un proceso constituyente".

Para Vox, el acuerdo de investidura y esta ley de amnistía suponen "la abolición del Estado de Derecho, de inicio del fin de la Democracia y de ataque a la división de poderes". Preguntado por si Felipe VI se debe negar a firma la amnistía ha dicho: "No voy a contribuir a desviar la atención de lo que hoy estamos haciendo aquí, que es señalar el golpe de estado que quiere perpetrar Pedro Sánchez de acuerdo con Junts y todos lo enemigos del orden constitucional.

En cuanto a las movilizaciones que se están produciendo estos días, muchas de las cuales ha acabado con graves disturbios, Abascal ha asegurado que "son absolutamente necesarias, y en función de si la investidura se produce o no, igual no tienen que ser 12 días sino 1.400 días. Los españoles, si esta investidura se produce van a padecer un gobierno ilegal. Nosotros no solo vamos a negar la ilegitimidad del gobierno sino la ilegalidad de este gobierno porque está iniciando un proceso constituyente y un cambio de régimen por la puerta de atrás.

La querella

En la querella de Vox, a la que ha tenido acceso ElPlural.com, los ultraderechistas afirman que la presentan porque Sánchez es "un presidente del Gobierno en funciones y secretario general de un partido político que acepta, a cambio del voto a favor en su investidura de un determinado partido político, realizar por sí, y/o a través de su partido político, y/o del gobierno una vez investido con el voto de ese partido político, una serie de actos que atentan directa y definitivamente con la máxima gravedad la cláusula del Estado de Derecho (art. 2 Tratado de la Unión Europea) y los valores superiores de nuestro Ordenamiento Jurídico consagrados en el artículo 1 de la Constitución de 1978".

Y que lo anterior pone "fin a la separación de poderes y usurpando la función constitucional de Jueces y Tribunales de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, mediante una ley de amnistía, inconstitucional, que discute por entero la legitimidad de nuestro orden jurídico, del ordenamiento penal y administrativo y del Poder Judicial, finiquitando la igualdad ante la Ley de los españoles y la prohibición constitucional de la discriminación por razón de la condición ideológica o partidista, legitimando la comisión masiva de delitos contra el orden constitucional, las instituciones democráticas, las resoluciones judiciales, la autoridad judicial y policial, la debida gestión de los caudales públicos y la vida e integridad física y moral de los españoles, violentando los principios de seguridad jurídica, legalidad, interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos (9.3 CE), y el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho al juez ordinario predeterminado por la Ley recogidos en el art. 24 CE y la Carta Europea de Derechos Fundamentales de la UE así como el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos.

Aseveran desde el partido de Abascal que se está cometiendo un delito de cohecho, de forma flagrante y pública y merece el inmediato "reproche penal del Poder Judicial a través del órgano judicial competente, que el Tribunal Supremo". Añaden qie, por los mismos motivos, el Poder Judicial, en el ejercicio de su alta función democrática y constitucional, en garantía de su existencia misma, del principio de legalidad y de los derechos y libertades de los españoles, "está autorizado y dispone de los mecanismos procesales oportunos para adoptar las medidas oportunas a fin de evitar la completa ejecución de los delitos objeto de la querella, en salvaguarda última de la democracia y de la cláusula de Estado de Derecho; suspendiendo el acto de investidura a fin de que el delito de cohecho no se perfeccione y complete permitiendo al sujeto activo la obtención del favor objeto del cohecho".

Según Vox, si el Supremo no actua, se producirá "un autogolpe al Estado y a las instituciones y desde las instituciones; con apariencia fraudulenta de democracia; un cambio de régimen desde las instituciones, que motiva la querella y la solicitud de medidas cautelares urgentes para detener lo que una vez aprobada la investidura será irreversible".