Vía libre para la votación. El Tribunal Constitucional ha aplazado al lunes el debate sobre el recurso de amparo presentado por el PP y que, a la postre, pretendía bloquear la Ley Orgánica. Una decisión a celebrar por los grupos de la izquierda parlamentaria, aunque se mantiene un resquicio a la duda. Por ello, el PSOE se muestra expectante ante lo que pueda ocurrir la próxima semana. "Veremos si el lunes se consuma lo que sería un escándalo o se vuelve a los cauces de normalidad", apuntan fuentes socialistas consultadas por ElPlural.com.
Jornada frenética que acaba tal y como empezó. El pleno del Tribunal Constitucional, que arrancó con tres horas de retraso, se ha saldado sin un acuerdo entre sus miembros. El presidente del organismo, Pedro González-Trevijano, sobre quien descansaba una recusación de Unidas Podemos por conflicto de intereses, ha decretado la suspensión del mismo hasta el próximo lunes.
La decisión de postergar el debate allana el camino a la votación que el Congreso de los Diputados tenía previsto celebrar este mismo jueves, en paralelo al pleno convocado de urgencia tras el recurso del PP para torpedear la reforma del Poder Judicial. Este aplazamiento no implica un camino de rosas al articulado, dado que, en caso de que el lunes se decante la balanza en favor del escrito de los conservadores, este quedaría sin efecto.
Este motivo impide la celebración de una victoria total de los grupos de la izquierda parlamentaria, posando la vista ahora en lo que pueda suceder el próximo lunes. Por ello, el PSOE transmite relativa prudencia ante los sucesos que desencadene la decisión final de los magistrados del TC. "Veremos si el lunes se consuma lo que sería un escándalo o se vuelve a los cauces de normalidad", resuelve un alto cargo de Ferraz a este periódico.
Frente común de la izquierda
El ajetreo en la Cámara Baja no ha cesado en toda la mañana ante la amenaza del seísmo procedente del TC. Si bien en el Partido Popular se vanagloriaban del camino escogido, las formaciones de izquierdas han hecho frente común en los prolegómenos de una votación que parecía no llegar. PSOE y Unidas Podemos respondieron a la maniobra conservadora con dos escritos remitidos al pleno del organismo para que les tuviera como personados. Acto seguido, los morados dieron un paso más allá y solicitaron la recusación de dos de sus magistrados: su presidente, Pedro González-Trevijano, y Antonio Narváez. El partido minoritario del Gobierno abría la posibilidad a la existencia de un conflicto de intereses, dado que, de aprobarse el articulado, ambos serían sustituidos por los jueces nombrados por el Ejecutivo (Juan Carlos Campo y Laura Díez).
Ya en las entrañas de la Carrera de San Jerónimo, Unidas Podemos primero y PSOE después aunaban discursos para apuntar hacia el bloque conservador del TC y el Partido Popular. Los morados elevaron esta "injerencia" a la altura del fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, rebajaba tímidamente el tono de sus compañeros pese a expresarse también con dureza: "Es un salto cualitativo que viene a confirmar el carácter antidemocrático".
Lo cierto es que la maniobra conservadora ha servido para cauterizar -al menos momentáneamente- las visibles heridas de la coalición y sus alianzas y neutralizar el copioso debate sobre la malversación, que ha causado estragos entre las filas socialistas. No obstante, el capítulo no se ha cerrado y promete nuevos giros de guion.
