La política migratoria ha activado una nueva batalla entre Gobierno y oposición. Este miércoles, varios ministros se verán las caras con las comunidades autónomas, la mayoría gobernadas por el Partido Popular (PP), para abordar la situación de los menores migrantes y plantear una reforma en pro de un reparto “solidario”. Los populares llegan a la cita bajo la amenaza de Santiago Abascal y con voces críticas dentro de la formación, variables que el PSOE consideran que paralizan a Alberto Núñez Feijóo por miedo a acabar como Pablo Casado, “con la cabeza de Casado en una pica”.
La ultraderecha ha movido ficha y asegura que romperá los gobiernos de coalición con el PP si deciden apoyar la modificación del artículo 35 de la ley de Extranjería. Asimismo, los barones territoriales del partido se niegan a asumir una distribución equitativa por ley que auxilie a Canarias, donde los conservadores sí que están a favor. Una situación complicada para el gallego que, desde el PSOE, aseguran que evidencia la “inestabilidad institucional” que atraviesa la formación allí donde ostenta el poder con la extrema derecha.
Desde Ferraz hacen números y, acusados siempre de la fragilidad del Gobierno por los múltiples socios parlamentarios necesarios para sacar adelante las leyes, recuerdan que hace menos de un año de la formación de los gobiernos de coalición de PP y Vox y “la inestabilidad ya es protagonista”. “Feijóo abrió la puerta a la ultraderecha en gobiernos de comunidades autónomas, ayuntamientos y presidencias de parlamentos autonómicos”, añaden los socialistas, atribuyendo al líder de la oposición el papel de creador de su propio problema.
“Este será el legado de Feijóo y la historia juzgará una decisión que ha supuesto un retroceso en derechos para millones de españoles y españolas”, carga la formación mayoritaria del Ejecutivo. Nada queda ya de la sintonía mostrada por los dos principales partidos tras la renovación del CGPJ y, pese a que varios pactos de Estado están sobre la mesa, ambos han optado por la beligerancia. Los del puño y la rosa exigen a los populares que se desliguen de la extrema derecha, mientras que estos devuelven diferentes contraofertas, dependiendo si la respuesta llega desde Génova o desde las divisiones autonómicas.
“El PP se ha convertido en sinónimo de inestabilidad institucional por su incapacidad de desligarse del discurso ultraderechista, lo que provoca que solo puedan pactar con Vox tanto a nivel nacional como en los territorios”, analizan en Ferraz, imputando a Feijóo la máxima responsabilidad de haber llevado al partido “al extrarradio de la política española”. Un movimiento que aseguran que responde a “su frustración” tras el resultado electoral del 23 de julio y “su cobardía para hacer frente a las tentaciones ultras de Isabel Díaz Ayuso”.
“No ha sido capaz de pedir explicaciones por todo lo que rodea al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el dinero que se mueve entre la Comunidad de Madrid, la pareja de Ayuso y Quirón Salud”, concluyen, pero no sin antes dejar una explicación final sobre a la razón a la que atribuyen este comportamiento del presidente del PP: “La cabeza de Pablo Casado en una pica frente a la puerta de la sede de la calle Génova sigue siendo un aviso que Feijóo atiende con orden germánico”.
Reunión clave
La Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se celebrará este miércoles en Tenerife tratará la problemática sufrida por Canarias, que alberga a 6.000 menores migrantes con una población de apenas dos millones de personas. El ejecutivo plantea una reforma de la Ley de Extranjería que establezca un tope máximo de acogida por comunidad autónoma y defina una distribución “solidaria” entre el conjunto de territorios del país. El PP asegura que aceptará el reparto, pero se posiciona en contra de que la distribución se establezca por ley y acusa al Ejecutivo de “no tener política migratoria”.
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, presidirá la reunión a la que también acudirá el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Sobre la modificación legislativa únicamente se informará a las comunidades autónomas y no se someterá “a consideración” la propuesta. “Quienes tendrán que votar serán, lógicamente, los grupos políticos en las Cortes, cuando se lleve esta iniciativa legislativa a trámite y se vote”, ha explicado el ministro. Si bien mañana podrían esclarecerse las posiciones de las diferentes formaciones, habrá que esperar a que la norma llegue al Congreso de los Diputados para conocer su destino.
