Concluye el fin de semana y con él el XXI Congreso Nacional del Partido Popular que, durante viernes, sábado y domingo, se ha celebrado en Ifema, Madrid. Tres jornadas que han servido para presentar la nueva estructura de la formación integrada en el Comité Ejecutivo Nacional y la consolidación de Alberto Núñez Feijóo como presidente del partido, con una única candidatura y reuniendo el 99,24% de los votos.
Como broche final del Congreso, el reelegido líder de los populares adelantaba que no impondrá ningún tipo de veto a la extrema derecha, con la promesa de legislar en solitario. Durante su discurso de cierre, el líder del PP daba su palabra a la militancia para formar "un Gobierno de todos, no de parte", que recupere la "normalidad" y pare la "pesadilla" del Gobierno actual. En este sentido, se dirigía al electorado para advertir de que en las próximas elecciones habrá que elegir entre Pedro Sánchez o él. "¿Qué Gobierno habrá tras las próximas elecciones generales? Solo hay dos opciones: O Sánchez o yo. Yo quiero un Gobierno en solitario. El único Gobierno de coalición que ha habido hasta la fecha no ha funcionado y no quiero darle a mi país los mismos espectáculos que vemos en el Consejo de Ministros", sostenía.
Con la intención de dotar de nuevos aires al partido, Feijóo ha apostado por una amplia lista de nombres que pasan ahora a formar parte del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva nacional. En el primer grupo, son hasta 35 nombres quienes lo integran y otros cinco a designación del presidente. Entre estos últimos figura la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, que, con el nuevo nombramiento, vuelve a la primera línea de la política en el órgano interno de los populares, tras haber consumado diferentes cambios desde la llegada de Pablo Casado a la presidencia del partido en 2018. Los otros cuatro vocales elegidos por el presidente del PP son Elena Gandía (Galicia), María José Catalá (Comunidad Valenciana), Manuel Cobo (Comunidad de Madrid) y José Manuel Romay Beccaría (Galicia).
Por la parte que corresponde a la Junta Directiva, son un total de 30 nombres quienes figurarán a partir de ahora en el órgano de dirección del grupo. Entre ellos, una de las manos derechas de Isabel Díaz Ayuso y alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, sobre la que, además, la Justicia ha centrado su foco después de la denuncia presentada por el PSOE de la localidad que le acusa de “simultaneidad de funciones”, a raíz de su contratación como trabajadora municipal, en concreto, por su cargo como Agente de Desarrollo Local, mientras ostenta el mando del Ayuntamiento. De la denuncia interpuesta ante los tribunales se desprende que esta situación podría vulnerar lo establecido en el artículo 178.2 B) de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, además del artículo 5.b de la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Albiol, imputado y presidente del Congreso
Al hilo de este caso, y a pesar del supuesto nuevo formato del Partido Popular tras el XXI Congreso Nacional, lo cierto es que Piquet no es el único nombre que hace tambalear los argumentos contra la corrupción sostenidos por los populares y abanderados por Feijóo este fin de semana. Sin ir más lejos, el encargado de ocupar la presidencia del Congreso Nacional ha sido Xavier García Albiol, alcalde de Badalona e imputado recientemente por revelar datos médicos de un hombre sin hogar fallecido. Albiol, que gobierna con mayoría absoluta, fue llamado a declarar el pasado 13 de junio en calidad de imputado en el marco de unas pesquisas iniciadas gracias a una querella de la exalcaldesa y líder de Guanyem Badalona Dolors Sabater. El magistrado registró el Hospital de Badalona a finales de febrero para investigar de qué manera la información médica acabó siendo divulgada por Albiol en un pleno de julio del año pasado.
Sin embargo, no es la primera ocasión que la inmigración pone en apuros al presidente del Congreso del PP. En septiembre del año pasado, Albiol fue denunciado por el Gobierno de España ante el Observatorio del Racismo por verter “peligrosas declaraciones” en un tuit en el que mencionaba un robo de coche en la localidad en la que había sido detenido un ciudadano marroquí. “Perdón por las palabras, pero no puedo contenerme; es un puto escándalo. Esta noche la Guardia Urbana de Badalona ha detenido a un hombre marroquí por robar coches. Esta es la 58 (CINCUENTA Y OCHO) detención de este delincuente; las últimas ocasiones el 27 de agosto y 4 de septiembre, también por robar. Ya podemos contratar a mil policías y poner uno en cada esquina que aquí no pasa nada. El día que un grupo de vecinos se canse y linche a uno de estos sinvergüenzas no seré yo quien se sorprenda. Lo que ocurre en España con esta gente no tiene nombre”. Este era el comentario que proyectó en X, antiguo Twitter, el regidor primero.
La misma línea siguió la campaña electoral que en 2015 defendió el PP de Albiol. Con el lema “Limpiando Badalona”, el alcalde del municipio catalán volvió a despertar críticas por el uso de un lenguaje considerado estigmatizante hacia la población migrante. Diversos colectivos y partidos denunciaron entonces el carácter xenófobo de su mensaje, que sin embargo reforzó su imagen como defensor del orden y de los “vecinos de toda la vida” entre buena parte de su electorado.
La ‘Cerdán de Ayuso’, imputada por cuatro delitos y vocal del Congreso
Si la lista de investigados entre las filas del PP no acababa con Piquet, tampoco lo hace con Albiol. Otro de los pesos pesados es Ana Millán, número tres de Ayuso en el PP madrileño y actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. Quien ha recibido el encargo de figurar como vocal en la organización del XXI Congreso Nacional, está actualmente imputada por corrupción, concretamente está siendo investigada por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, en una pieza separada del caso Púnica conocida como el caso Neverland.
Dicha causa gira en torno a la adjudicación de nueve contratos públicos por parte del Ayuntamiento de Arroyomolinos –cuando Millán ostentaba la concejalía de Juventud– a empresas del entorno del empresario Francisco Roselló, entre los años 2005 y 2011.
Según el auto judicial, los indicios son claros: Millán habría recibido pagos por valor de 51.104,67 euros, relacionados con el alquiler de un ático de su propiedad en Arroyomolinos. Este fue subarrendado por Neverland Eventos, una de las empresas beneficiadas con los contratos públicos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respalda esos indicios, calificados por la jueza instructora como “sólidos”. Pero no queda ahí. La hermana de Millán y su pareja también se habrían beneficiado del vínculo con Roselló, cobrando 88.642,42 euros y 37.578,04 euros, respectivamente, de empresas vinculadas al empresario entre 2008 y 2011.
Con todo ello, la causa fue impulsada desde el Juzgado de Instrucción nº6 de Navalcarnero, pero en junio de 2024 fue remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), debido al aforamiento de Millán como diputada autonómica. La jueza Lidia Prada consideró que los hechos podrían ser constitutivos de delito, por lo que elaboró una exposición razonada en la que pidió que se abrieran diligencias contra la dirigente popular. El TSJM designó al magistrado Francisco Goyena para investigar el caso. En diciembre de ese mismo año, sin embargo, el procedimiento sufrió un frenazo: el tribunal devolvió la causa a Navalcarnero por defectos procesales y ordenó a la jueza subsanar el auto. No la archivó, pero sí dejó la instrucción en pausa. Mientras tanto, Ana Millán ni ha dimitido ni ha sido apartada por su partido, y su caso permanece en el limbo judicial, a la espera de nuevas diligencias o de un posicionamiento definitivo por parte del fiscal.
Manuel Cobo, vocal y pieza clave en el ‘caso Lezo’
Poco antes de que iniciaran este sábado las votaciones para reelegir a Feijóo como líder de los populares, el presidente presentaba a la militancia y a los presentes sus nombres de confianza. Entre los cinco vocales que él mismo designó figura Manuel Cobo, quien fuera mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón y vicealcalde de Madrid entre 2003 y 2011, y actual diputado del PP en la Cámara Baja.
En 2017, el ex vicealcalde fue identificado por la Unidad Central Operativa (UCO) junto al resto de miembros del Gobierno madrileño que en 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, vinculado todo ello a la operación Lezo. Según publicó entonces El Confidencial, la Audiencia Nacional hizo este requerimiento a la Guardia Civil dentro de una de las piezas separadas de la operación Lezo, ya que la compra de esta empresa en Sudamérica se considera la primera aventura del Canal de Isabel II al otro lado del charco.
Con este telón de fondo, el juzgado pidió a la UCO los nombres de los políticos que en diciembre de 2001 formaban parte del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. Aparte del presidente Ruiz-Gallardón, figuraban Manuel Cobo, Luis Eduardo Cortés, Carlos Mayor Oreja, Juan Bravo, Paz González, Luis Peral, Pedro Calvo, Alicia Moreno, José Ignacio Echániz, Pilar Martínez y Luis Blázquez. El juez también quiso saber quién formaba parte del consejo de administración del Canal. En diciembre de 2001 el presidente del Canal era el consejero Pedro Clavo y el director gerente de la empresa pública Arturo Canalda, hoy presidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.
Alberto Nadal, el negacionista de la corrupción de Rajoy
No menos importante resulta el caso de Alberto Nadal, quien fuera secretario de Estado de Presupuestos y Gastos en el mandato de Mariano Rajoy y hermano de Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital. Al frente de ese puesto, Nadal defendió a toda costa la ausencia de corrupción en el Ejecutivo del PP de Rajoy.
Ahora, con los nuevos nombramientos de Feijóo, quien fuera mano derecha de Rajoy asumirá el cargo de vicesecretario de Economía del PP con las competencias en Economía, las relacionadas con Desarrollo Sostenible, un área que hasta ahora dirigía Juan Bravo, que pasará a ser ahora nuevo vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras.
Con todo ello, cierto es que pese a los diez compromisos que Feijóo ha presentado en el Congreso Nacional y las líneas de actuación principales a seguir para, según ha sostenido, tratar de poner solución al escenario que dejaría el Gobierno actual, deberá hacer todo ello con un equipo vinculado a la corrupción y bajo el foco de la Justicia.
