Consejos vendo que para mí no tengo. Esa es la máxima que ha repetido el Partido Popular desde que estallara el caso que salpica al que fuera número 3 del PSOE, Santos Cerdán, por las presuntas mordidas a cambio de adjudicaciones. El ex Secretario de Organización socialista deberá ingresar en prisión mientras los populares intensifican su ofensiva contra la formación de Pedro Sánchez.
Sin embargo, la derecha pasa por alto cada vez que afea la posible corrupción de algunas personas que han formado parte del Ejecutivo español la forma en que el partido de Génova 13 ha operado históricamente hacia esta lacra.
Es de sobra conocido que normalmente el PP no solo no condena, sino que en varias ocasiones premia a quienes pudieran haber cometido alguna tropelía en detrimento de lo público. Un ejemplo de este modus operandi es el relacionado con Ana Millán, quien a efectos prácticos ostenta el mismo cargo en la formación de Isabel Díaz Ayuso del que contenía Santos Cerdán en el PSOE a nivel nacional y a la que el líder gallego nombraba como vocal de la Comisión Organizadora del XXI Congreso.
El partido tiene marcado a rojo en el calendario la cita, que se desarrollará entre el 4 y el 6 de julio, y Millán será una de las piezas clave de esos días. Todo ello, a pesar de encontrarse bajo investigación judicial por cuatro presuntos delitos de corrupción. No es el único guiño del equipo de Feijóo al de Ayuso, y es que el principal partido de la oposición también anunciaba a Alfonso Serrano, persona de máxima confianza de la administradora de Sol, como presidente de la misma comisión organizadora.
Galicia y Andalucía, también bajo la lupa
El PSOE ha afeado esta línea de actuación del PP, de quien recuerdan también otros casos de posible irregularidad que no dejan en demasiado buen lugar a gobiernos de color azul como el de Galicia, del propio Feijóo; o el de Andalucía, de Juanma Moreno Bonilla.
En el caso concreto de estas dos autonomías, los socialistas recuerdan que en la comunidad del sur la Justicia está investigando el troceo de contratos y que en la comunidad gallega, entre otras cuestiones, están bajo la lupa los documentos adjudicados a dedo a la hermana del expresidente de la región, Micaela Núñez Feijóo.
Fuentes del partido de Pedro Sánchez sostienen que el líder de los populares “pasa de puntillas por los casi 30 casos de corrupción que irán a juicio en los próximos meses”. “Nadie sabe qué medidas tomó el PP tras estallar todos estos casos, si es que tomó alguna”, indican. “En el Congreso que tienen este fin de semana, tampoco conocemos si existe alguna línea en sus ponencias o enmiendas que vayan a mejorar los controles contra la corrupción”, añaden.
En lo que se refiere a Millán, desde Ferraz consideran toda una “declaración de intenciones” el movimiento del PP. “La magistrada que investiga el caso ve en las acciones de Ana Millán delitos de ‘prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública”, adjunta.
Sobre los otros casos mencionados, el PSOE pone el acento en que “las sendas mayorías absolutas del PP en esos dos parlamentos impiden investigaciones para determinar responsabilidades políticas”. Y no solo aquí, sino también en Estepona, donde los “escándalos” rodean al alcalde, o en Marbella, ciudad malagueña que tiene tras de sí todo un entramado relacionado con el narcotráfico y a la alcaldesa como punta de lanza. Pero nada de eso “preocupa a Feijóo”.
Con todo ello encima de la mesa, los socialistas emplazan al Partido Popular a “contar a los españoles qué medidas pretende implantar para detectar casos de corrupción en sus filas, que no sean colocar a imputadas en la organización del Congreso”. “Todos los partidos debemos aplicarnos en la lucha contra la corrupción, y el PP no debería ponerse en una posición de caminar sobre el agua en este asunto, cuando está hasta el cuello de fango”, concluyen.
Los presuntos delitos de Ana Millán
También exalcaldesa de Arroyomolinos, Millán se encuentra bajo la lupa judicial desde que la jueza de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Navalcarnero se inhibió el pasado 21 de junio de favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con esta investigación.
Con esta declaración la magistrada entendió que la que fuera edil de la localidad madrileña podría ser autora, junto a otro empresario, de “los hechos objeto de investigación que se trataría, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública”.
La causa judicial se inició en octubre de 2020, cuando se aceptó la inhibición del mencionado juzgado por presuntos delitos de corrupción detectados en una pieza del caso Púnica y del que no guardaba relación alguna.
Con los datos disponibles, la jueza expuso la existencia de “una serie de circunstancias, que vincularían a Ana Millán, en la época en que era concejal en el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y su entorno con Grupo Educativo, las cuales pudieran tener relación con posibles irregularidades en materia de contratación o con supuesta contraprestación por las adjudicaciones de contratos públicos del Ayuntamiento de Arroyomolinos al citado grupo empresarial, dirigido por Francisco Roselló".
La afirmación llegaba en base a "las diligencias que obran en el mismo, primero de carácter policial concretándose en los informes y diligencias llevadas a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO), en especial el Informe Final de fecha 8 de abril de 2024 y asimismo las diligencias judiciales acordadas con diversas declaraciones y documental recabada".
Atendiendo al trabajo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la magistrada se refirió a la adjudicación de hasta “nueve contratos -siete mayores y dos menores- a varias empresas de Francisco Roselló entre 2005 y 2011”. En estas, se aludió a una “diferencia de trato” por parte de Millán, más aún sabiendo que, de manera paralela a esta participación aludida, se sucedieron una serie de circunstancias que vincularían a la dirigente del PP con Grupo Educativo y con Roselló como el hecho de recibir pagos por un valor global de 51.104,67 euros”. Así se desprendía del auto al que tuvo acceso ElPlural.com.
A ello hay que añadir que la hermana de la exconcejala obtuvo “pagos por un valor global de 88.642 euros de GE Escuelas y Fundación GE Social, en concepto de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, por su desempeño profesional en estas sociedades. A más a más, a la pareja de la que fuera edil también le fueron imputados “rendimientos del trabajo y de actividades económicas” por 37.578,04 euros de una UTE conformada por las mercantiles GE Escuela de Ocio y GE Escuelas urbanas entre 2008 y 2011.
