Después de que este mismo martes el Gobierno aprobara el primer paquete de medidas para paliar los efectos de la DANA, el Consejo de Ministros se prepara para un segundo lote. Según avanza El País, será el lunes, no en calidad de extraordinario sino adelantado, dado que el presidente, Pedro Sánchez viaja ese mismo día a Bakú (Azerbaiyán) para asistir a la COP, la gran cumbre anual del clima y que en Moncloa asumen que ahora tendrá un papel relevante al abordar la cuestión climática, sus efectos la manera de amortiguarlos. En el Ejecutivo lo relacionan directamente con el temporal que asoló la Comunidad Valenciana a principios de la semana pasada.
Entre medias de este ambiente de crispación y choque con una oposición que no asume su parte alícuota de responsabilidad, el Gobierno prepara otro nuevo resorte para levantar la economía de la Comunidad Valenciana tras el desastre del temporal. Una segunda batería de medidas que se aprobarán el lunes, en una semana en la que previsiblemente también se esperaba debatir y votar el real decreto del primer paquete de 10.600 millones de euros, que está en vigor pero no goza aún de la bendición del Congreso de los Diputados.
El presidente ha reordenado su carpeta de prioridades, situando todo lo relacionado con la urgencia de Valencia en primera posición. De ahí que haya decidido cancelar otro viaje que tenía agendado para la presente semana. Es decir, su asistencia a la Cumbre Iberoamericana en Cuenca (Ecuador). Por primera vez desde que asumiera la Presidencia en 2018, Sánchez será una de las grandes ausencias de un foro al que sí asistirán tanto el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el rey Felipe VI. Un encuentro de máxima relevancia para el jefe del Ejecutivo, pero Valencia necesita soluciones y no hay tiempo que perder, por lo que la política exterior española puede esperar.
En proceso de negociación
No se descarta que, como ocurría esta semana, sea el propio Sánchez el que comparezca tras el cónclave a pesar de que no es lo excepcional. La intención es desdibujar la estrategia de la derecha, que se ha encargado de transmitir la idea de que el Estado ha estado paralizado desde el inicio de la crisis y no ha asumido ninguna responsabilidad. Sobre todo después de que en redes sociales se popularizara el lema de “sólo el pueblo salva al pueblo”. De hecho, él mismo lidera las reuniones del Comité de Crisis. Por otro lado, y ligado a esto como ya ocurriera en la pandemia, se ha decidido que comparecieran técnicos de la administración.
Las dos fuerzas que componen la coalición aun negocian los entresijos de un paquete que se prevé más ambicioso que el recién anunciado. De hecho, se espera que su enfoque no sea cortoplacista, sino que se centre en asuntos cruciales a medio o largo plazo. El propio Sánchez ya ofreció pistas en su comparecencia de este martes sobre un plan compuesto por tres fases: respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento a la par que transformación.
Entre los principales resortes a mejorar se encuentra el apuntalamiento de los servicios sociales en una zona donde resultan más necesarios que nunca. Se incorporan medidas orientadas a la dependencia y la discapacidad para reforzar el trabajo de los profesionales sociales, cuya labor será crucial en términos asistenciales. El modelo se inspira tangencialmente en el escudo social que erigió el Gobierno tras la pandemia y la invasión de la Rusia de Vladimir Putin a Ucrania y que, a la postre, supusieron un encarecimiento generalizado de la vida. También se sopesan sistemas como los ERE y otras iniciativas de calado social, enfocadas a su vez a la reconstrucción del tejido productivo.
Antes de este lunes, en Moncloa continúa la discusión en torno a multitud de medidas medio y largoplacistas, que se colarán en el Consejo de Ministros más inmediato, aunque en las que no haya acuerdo se postergarán hasta posteriores reuniones. Todos los departamentos, según la información de El País, están poniendo su granito de arena y los ministerios de Hacienda por un lado y Presidencia por otro están certificando su viabilidad.
En cualquier caso, la carpeta legislativa de la DANA no sólo tiene esta orientación, sino que contempla otros proyectos que giran en torno a su implementación en otros lugares de España para un cambio climático que, según consideran, centralizará la agenda política y económica en los próximos años. Así pretenden adelantarse a los acontecimientos, a la par que tiran por tierra esa sensación de inmovilismo que airean sus detractores, quienes expanden a su vez el negacionismo climático.
