Sin duda, una de las informaciones que han ocupado este 2024 son las relativas a Begoña Gómez, sobre todo, pero también a David Sánchez, mujer y hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respectivamente. Se trata de casos en los que a fecha de hoy no se ha demostrado que haya nada punible desde el punto de vista penal y que, sin embargo, han servido para que la derecha y la extrema derecha intenten inculpar el responsable del Ejecutivo.
En ambos casos además se han dado paralelismos claros tanto en la base de los casos como en los transcursos de los mismos. Una de las similitudes es que en ambos casos están involucrados actores de la ultraderecha, bien en forma de partido político como Vox; bien en forma de pseudosindicato como Manos Limpias, sin contar con el hostigamiento que algunas asociaciones también ultraconservadoras como Hazte Oír han llevado a cabo.
Por supuesto, otro de los puntos que son idénticos en ambos casos es evidente: las dos personas son familiares del responsable de Moncloa. Y otra de las aristas que podrían guardar similitudes es la de los jueces que llevan cada uno de los casos.
Así las cosas, el escenario en el que actualmente se encuentra lo relativo a la esposa de Sánchez se sitúa en una denuncia de Manos Limpias que después secundaría, entre otros, Vox, basada en recortes de prensa y en la que argumentan que Gómez había actuado “prevaliéndose de su estatus personal” al haber firmado una serie de cartas de recomendación a favor del empresario y codirector de la cátedra por la que se le investiga, Carlos Barrabés, si bien este empresario cerró contratos con administraciones de absolutamente todo color político, tal y como ha explicado en varias ocasiones este periódico.
Para más inri, el propio colectivo que denunció admitió que las informaciones en las que se había basado podrían ser “ciertas o no”. Sin embargo, el juez que analiza la causa, Juan Carlos Peinado, admitió a trámite la causa.
Hermano de Pedro Sánchez
Entretanto, lo que tiene que ver con David Sánchez comenzó con una demanda del mismo pseudosindicato por un delito contra la Hacienda Pública, malversación de fondos públicos y fraude, alegando que estaba cobrando “sin asistir a su puesto de trabajo” y que reside en Portugal para ahorrarse impuestos.
Los magistrados que llevan a cabo la cuestión de cada cual tampoco escapan a la polémica. Las actuaciones en el caso del juez Peinado son de sobra conocidas a la par que controvertidas: posible vulneración de leyes, modificaciones de testigos, imputaciones exprés de otros, filtraciones, mentiras y un largo etcétera de hechos que, objetivamente, como mínimo ponen en entredicho el buen hacer del magistrado.
El hermano de Sánchez también lamenta la manera en la que se están haciendo las cosas. En su caso, lo más reciente es que está citado a declarar como imputado el próximo 9 de enero, una citación que califica como “sorpresiva” dado que la jueza Beatriz Biedma no ha acreditado los indicios que justifican dicha comparecencia. En sus alegaciones, la defensa se queja a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz de que la magistrada vulnerará su derecho a la tutela judicial efectiva y le causará indefensión en caso de persistir en dicha citación al basarse esta “en aquello que la Fiscalía rigurosamente entiende no verificado”, por lo que la decisión, replica a la jueza “nada tiene que ver con la garantía de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley”.
David Sánchez está siendo investigado por presuntos delitos contra la Administración Pública -tráfico de influencias y prevaricación- y contra la Hacienda Pública en relación con su contrato en la institución extremeña. Los hechos se remontan a 2017, cuando el hermano de Pedro Sánchez fue seleccionado al puesto de coordinador de actividades de los conservatorios de música del área de Cultura, Juventud y Bienestar Social en la Diputación de Badajoz.
Años después, el puesto cambió su nombre a jefe de la oficina de artes escénica, pero la diputación aseguró que dicha transformación no trajo consigo un aumento de sueldo y que los incrementos que experimentó fueron los mismos que los del resto de funcionarios.
En este caso también intervino la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), igual que en el de Gómez, sin que hayan encontrado indicios de delito. Fue la jueza quien también en esta ocasión vio “indicios racionales” de delitos en él y el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación y secretario general del PSOE en Extremadura.
La magistrada entiende que su puesto sufrió una modificación de ‘coordinación’ a ‘jefe’ que estuvo “eximida del trámite de negociación y dictamen de la Comisión Técnica de Puestos de Trabajo”, por lo que llamaría a declarar a estas dos y a otras siete personas el mencionado día de enero. Mientras tanto, la Fiscalía de Badajoz ha recurrido el auto de imputación al considerar que no se “determinan los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados”, y espera que se resuelva antes de la declaración.
Caso 'Neurona'
Existen antecedentes recientes de este ‘lawfare’ que han quedado en nada pero que han hecho un daño en ocasiones irreparable. Seguramente el ejemplo más claro es el que tiene que ver con el conocido como ‘Caso Neurona’ con el que se persiguió a Podemos por presunta financiación irregular y que quedaría definitivamente en nada después de que la Audiencia Provincial de Madrid lo archivara de manera definitiva desestimando un recurso que había presentado Vox.
