La asociación judicial progresista Jueces para la Democracia ha ha denunciado el incumplimiento del Estado español con sus compromisos internacionales y la falta de aplicación de la Ley de Memoria Histórica dejando sin protección a las víctimas del franquismo. Así lo ha hecho público en un comunicado su portavoz Joaquim Bosch que denuncia que “esta actitud obstruccionista del Gobierno está en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior”.

Este comunicado se produce a raíz de la lectura ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU del informe del relator Pablo de Greiff sobre la situación en España: “Naciones Unidas acaba de declarar con claridad que el Estado español está incumpliendo sus compromisos internacionales y dejando sin protección a las víctimas del franquismo”.

La ONU denuncia incumplimiento
“Los informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por parte del grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas y por parte del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición muestran el manifiesto incumplimiento del Gobierno tanto de la ley interna como de las normas internacionales”, recalca el portavoz de JpD..

Preocupación por las víctimas
Refiere asimismo Bosch que estos documentos del relator “expresan su preocupación por la indiferencia de las instituciones españolas hacia las víctimas, así como reprochan su falta de voluntad de reparar el daño sufrido por los familiares de los asesinados por el franquismo”.

Las fosas, inaceptables
“Desde Jueces para la Democracia denunciamos la falta de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que establece una serie de obligaciones para el Gobierno, entre las cuales se encuentra el deber de adoptar medidas para la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, lo cual representa una situación inaceptable en una sociedad democrática”.

“Obligación de financiar las exhumaciones”
Recuerda JpD que“la ley también establece la obligación de los poderes públicos de financiar las exhumaciones. La inobservancia de estos mandatos legales resulta contraria a las exigencias de reparación a las víctimas de los delitos cometidos durante la dictadura”.

Absoluta paralización de las exhumaciones
“No resulta aceptable el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos, porque ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales”, denuncian.

Contra sus obligaciones internacionales
Para los jueces progresistas “existe por parte del Gobierno una evidente voluntad de no continuar con las exhumaciones. Y eso es contrario a nuestra legislación y a las obligaciones internacionales de nuestro país”.

Condescendencia hacia el régimen anterior
“Esa actitud obstruccionista del Gobierno está en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior. Pero debe recordarse que reparar a las víctimas y permitirles recuperar los restos de sus seres queridos no supone una apuesta ideológica determinada, sino que representa el funcionamiento más básico de un Estado de Derecho, a través de principios que tienen carácter universal”, asevera el portavoz.

Sólo por detrás de Camboya
Bosch señala que seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados.

“Que el Estado cumpla con sus obligaciones”
Expresan su apoyo a las víctimas del franquismo, “muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento. Y reclamamos al Gobierno que no siga haciendo dejación de sus funciones, ni incumpliendo sus deberes legales”.

Miles de víctimas en las cunetas
Para concluir, el portavoz de JpD afirma: “Un Estado democrático no debe tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes junto a cunetas”.