El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la prórroga de los 200 millones de euros destinados al pago del bono del alquiler joven de 2025. Un montante anunciado este mismo lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la jornada inaugural de ‘World in Progress Barcelona’, un foro organizado por el Grupo Prisa, que ha derivado en un sinfín de reacciones tanto políticas como sociales o sindicales. Y es que esta ratificación, vendida como un nuevo anuncio en respuesta a la manifestación por una vivienda digna que recorrió las calles de Madrid el pasado domingo, no es más que una prórroga de una ayuda que se lleva realizando desde hace tres años, con el mismo importe que hasta ahora y la duda de si beneficia a los receptores o incentiva, aún más, el incremento de los precios del alquiler, el beneficio de los rentistas especuladores y una burbuja cada vez más insostenible en las grandes ciudades.
Los organizadores de la manifestación, histórica por su contenido y la cantidad de asociaciones y personas asistentes, condenaron el anuncio del presidente nada más realizarse. Los partidos de la izquierda a la izquierda del PSOE siguieron la misma línea argumental, arguyendo que no sirve de nada conceder una ayuda al alquiler si los importes que se destinan al arrendamiento de la vivienda no se topan. Es algo en lo que coincidieron desde EH Bildu hasta Podemos, incluyendo a Sumar, partido de Gobierno que mostró sus dudas con una medida que, no obstante, estaba ratificada en el acuerdo de Gobierno de la coalición y se lleva implementando tres años sin queja alguna en el seno del Consejo de Ministros.
De esta forma, la vivienda, patrocinada como quinto pilar del Estado del Bienestar desde el principio de la legislatura, vuelve a enfrentar a la izquierda y a suponer un auténtico quebradero de cabeza para el Ejecutivo, empeñado en salir de esta problemática con las mismas recetas que se han demostrado inútiles para contener su escalada.
La encargada de defender esta nueva prórroga, exigida por las CCAA, ha sido la plenipotenciaria en la materia en La Moncloa, la ministra Isabel Rodríguez. Junto a ella, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros han comparecido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de enhorabuena por las buenas perspectivas económicas de la gran banca y el dato de inflación, y la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.
"Este Gobierno quiere conseguir que la vivienda sea un derecho y no un negocio especulador. Somos absolutamente conscientes del enorme trabajo que tenemos por delante", ha indicado la ministra portavoz, quien, posteriormente, ha cedido la palabra a Rodríguez.
La titular de Vivienda ha anunciado dos medidas, la prórroga del bono del alquiler joven y una regulación de los contratos de alquiler de corta duración, que, a su juicio, son dos pasos más “entre otras actuaciones para “proteger el derecho a la vivienda contemplado en el artículo 47 de la Constitución”. El objetivo, muy lejano aún según el análisis del propio Gobierno, no es otro que conseguir que “ningún español deba dedicar más del 30% de sus recursos a la vivienda”, algo exigido según todos los estudios para evitar entrar en el umbral de la pobreza.
Entrando en materia, la primera de las medidas anunciadas por Rodríguez supone "perseguir todo el fraude y la ilegalidad de los contratos de habitación y los pisos turísticos". Algo que se hará contando con el Registro de la Propiedad y estableciendo un registro para que todas estas viviendas se incriban, no pudiendo promocionarse en aplicaciones como Idealista o Booking si no están recogidas en este registro. "Conseguimos un doble objetivo: proteger a los que necesitan este tipo de alojamientos y poner coto a los ilegales", ha indicado la ministra.
"El segundo asunto tiene que ver con el compromiso de este Gobierno de seguir ayudando en la emergencia hasta que consolidemos el parque de vivienda público", ha proseguido. "200 millones adicionales a cargo del Ejecutivo que deben ser ampliados y mejorados por las CCAA, que deben agilizar su tramitación y su tiempo de pago", ha reclamado. "Es necesario exigir la corresponsabilidad de las administraciones autonómicas en materia de vivienda. Algunas ya han completado este bono -Cataluña o la Comunidad Valenciana, pioneras-", ha agradecido, sin entrar en aquellas que, a juicio de Moncloa, boicotea estas ayudas con retrasos en los pagos.
En qué consiste la ayuda
El Bono Alquiler Joven es una ayuda de 250 euros al mes para los jóvenes de entre 18 y 35 años con ingresos inferiores a tres veces el porcentaje del indicador de rentas múltiples (IPREM) que vivan en un piso alquilado con una renta máxima de 600 euros mensuales (ampliable a 900 en algunos supuestos) o en habitaciones de 300 euros, ampliables a 450.
A diferencia de lo que ocurre con las ayudas de fondos europeos para rehabilitación, si las comunidades autónomas no consiguen dar todas las ayudas del Bono de Alquiler (200 millones, a falta de unos nuevos presupuestos), no se reasignarán los fondos para que otras que han sido más ágiles se puedan ver beneficiadas.
