La multitudinaria protesta por el acceso a la vivienda que el pasado domingo recorrió las ciudades de España encontrando en Madrid y Barcelona sus mayores impulsoras ha tenido respuesta este lunes por parte de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El día después se ha saldado con una promesa del Ejecutivo de coalición que, dentro de la izquierda, parece contentar solo al partido mayoritario del mismo. El responsable de Moncloa ha contestado a las personas que colapsaron Atocha confirmando el reparto de 200 millones de euros en los bonos de alquiler de vivienda para jóvenes y un nuevo reglamento en los contratos de alojamiento turístico, una medida que no ha sentado demasiado bien entre sus socios.

A la izquierda no le contenta la propuesta de Sánchez

En el caso de Sumar se ha pronunciado, por ejemplo, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, quien ha calificado estas líneas de actuación como “otro bizum de dinero público a los caseros”. “No es por ahí. Se quedarán (la ayuda pública), los caseros y volverán a subir los precios”, ha emitido, pidiendo “intervenir para limitar los precios del mercado”.

La portavoz de Más Madrid en la Cámara Baja, Tesh Sidi, ha hablado sobre la propuesta en los mismos términos y ha pedido “valentía” al presidente del Gobierno: “Las gallinas que entran por las que salen. Si das 200 euros a los jóvenes y el casero sube el alquiler 200… o 500”.

Y la misma senda ha adoptado Podemos, cada vez más duro desde que saliera del Gobierno, pero, al margen de eso, siempre insistente en materias como la Vivienda. Así lo demuestra la representante del partido en Europa, Irene Montero, que ha acusado al Ejecutivo de “no hacer nada” con el alquiler. “¿De verdad no sabe el Presidente que las ayudas, si no se topan los precios, provocan que siga subiendo el precio de la vivienda y que rentista y fondos de inversión se llenen más los bolsillos?”, ha preguntado. “Sí lo sabe, sí. El Gobierno que no hace nada”.

Misma explicación ha dado la que fuera número uno de los morados en la Asamblea de Madrid y activista por el Derecho a la Vivienda, Alejandra Jacinto, exponiendo que “subvencionar el rentismo e incentivar que suban los precios no parece que sea lo que se exigió ayer desde la calle (…) Todo mal”.

Otros rostros de la izquierda, en este caso abertzale, como Óskar Matute, ha emitido que “si no se frenan los abusos contra los inquilinos, los alquileres seguirán subiendo y esas ayudas públicas acabarán en el bolsillo de los propietarios”.

Desde los sindicatos, el de Inquilinos e Inquilinas de Madrid; uno de los más activos a la hora de pedir en las últimas semanas a la gente que saliera a la calle por el derecho a techo -como figuraba en algunas de las pancartas que se vieron el pasado domingo- tampoco ha tardado en reaccionar: “El gobierno ha escuchado… a los rentistas. Este tipo de ayudas, sin bajar los alquileres y cuestionar la propiedad se lo quedan los de siempre”.

El agente social ha vuelto a señalar que “no van a parar” hasta que se produzca una “bajada inmediata del 50%” y ha advertido que, si la disminución no llega de parte de las administraciones, se “organizarán” ellos mismos hasta llegar a una huelga de alquileres.

¿Hacia la huelga de alquileres?

La amenaza, que resonó con fuerza en la multitudinaria marcha que impulsaron cerca de 40 asociaciones, consiste en que los inquilinos dejen de pagar la renta a los propietarios hasta que estos bajen los precios. Entre las demandas para no llegar a eso, además de la disminución a la mitad de los precios de los alquileres, exigen la creación de un parque público de viviendas o el establecimiento de políticas de protección para los inquilinos que se enfrenten a desahucios. Todo ello a fin de frenar el descontrol en el mercado inmobiliario y para garantizar que el derecho a la vivienda sea una realidad para todos.

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La portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, Valeria Racu, amenazaba a los caseros con la posibilidad de llevar a cabo una huelga de alquileres. Supondría un paso quien sabe si definitorio -complicado, sí, pero sin precedentes- para que los grandes rentistas actuaran en consecuencia.

La ministra de Vivienda pide “comprensión”

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de quien las calles pedían la dimisión, ha pedido “comprensión” ante un problema evidente. “Yo misma he calificado la situación de emergencia social, estamos ante situaciones dramáticas a las que tratamos de dar respuesta”, ha indicado.

También ha mandado un “mensaje de esperanza” a la vez que ha defendido que el Ejecutivo está actuando “con determinación” para solventar la crisis. De hecho, ha llegado a decir que muchas de las proclamas que se escucharon en la manifestación obedecen a “líneas de trabajo” en las que ya está actuando el Ejecutivo.

Entre las medidas que ha puesto sobre la mesa se encuentran la construcción de un parque público de vivienda o la declaración de zonas tensionadas como una manera de limitar los precios del alquiler. “Este gobierno ha sido capaz de abordar otras grandes crisis, y está decidido también a dar solución a la problemática de la vivienda”, ha concluido.

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