A veces basta una chispa —o la ausencia de ella— para sacudirnos de la rutina. Lo que parecía una tarde más en casa, en el trabajo o en el transporte público se convirtió, en cuestión de segundos, en un episodio que muchos no olvidarán. No fue un fallo puntual ni un corte aislado. El pasado 28 de abril, España se quedó literalmente a oscuras: un apagón eléctrico masivo dejó sin suministro a millones de personas en todo el país y también afectó a parte de Portugal y del sur de Francia. Un “fundido a negro” que, más allá del desconcierto inicial, ha desatado un aluvión de preguntas.
Según datos oficiales, en menos de cinco segundos se perdió el 60% de la generación eléctrica nacional. La caída de 15 gigavatios de potencia activó protocolos de emergencia a toda velocidad, pero no impidió que se produjera un colapso momentáneo en infraestructuras esenciales. Hospitales que tuvieron que recurrir a generadores, semáforos apagados en plena hora punta, sistemas ferroviarios detenidos y hasta aeropuertos operando en modo manual. Las consecuencias económicas también se han empezado a cuantificar: se habla de más de 1.600 millones de euros en pérdidas en menos de 24 horas.
La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. Pedro Sánchez compareció públicamente el mismo día del apagón para asegurar que “no se descarta ninguna hipótesis”, incluida la de un ciberataque. También anunció la creación de una comisión de investigación para esclarecer las causas del corte masivo y pidió la implicación directa de las grandes eléctricas para revisar el estado de la red de distribución. A su juicio, “esto no puede volver a pasar jamás”, y ha prometido cambios legislativos para reforzar la seguridad energética del país.
Sin embargo, la gestión del Gobierno ha abierto un amplio debate social y político. Mientras algunos sectores aplauden la rapidez con la que se restableció el suministro —la cobertura fue restablecida en un 99,95% en menos de un día—, otros critican duramente la falta de previsión, la opacidad de las primeras horas y la inexistencia de un plan nacional actualizado frente a emergencias eléctricas. La última estrategia de seguridad energética data de 2015, y distintos expertos señalan que no se han tomado en serio los riesgos vinculados al actual modelo de dependencia digital y climática.
Desde la oposición han llegado reproches de todo tipo: desde quienes acusan al Ejecutivo de improvisación hasta quienes lo acusan directamente de negligencia. Incluso dentro del propio espacio progresista han surgido voces que piden más contundencia frente a las eléctricas y una revisión urgente del sistema de regulación.
En este contexto, queremos saber qué piensan nuestros lectores. ¿Cómo valoras la actuación del Gobierno ante el apagón? ¿Crees que se han dado las explicaciones necesarias? ¿Confías en que se adoptarán medidas eficaces para evitar otro colapso?
