España afrontó la mayor crisis energética de su historia con una Estrategia de Seguridad Nacional caducada hace diez años. En 2020, el Consejo de Seguridad Nacional aprobó el procedimiento para redactar un nuevo texto, pero aquel borrador nunca llegó a aprobarse.
En la práctica esto implica que nuestro país se rige todavía en este ámbito por el documento que salió adelante durante el Ejecutivo de Mariano Rajoy, en 2015. El de Pedro Sánchez sí tenía pensado modificar aquella estrategia, ya obsoleta, pero dicha aprobación se demoró por varios motivos, entre ellos las urgencias derivadas de la pandemia del Covid-19 y la decisión de anticipar la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, el texto genérico del que derivan las estrategias sectoriales. El texto remite a la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 a pesar de que, con posterioridad, se aprobaron las de 2017 y 2021.
Sin embargo, desde ese último años, la renovación no se ha cumplido. Si primero fue la pandemia, después fue la invasión de Ucrania, apenas dos meses después, desvió otra vez el foco de atención a pesar de que el uso del suministro de gas es una de las cuestiones con las que Putin amenazó a Occidente y cuyas consecuencias afectaron en buena parte del continente sobre todo al principio de la guerra. Todo ello a pesar de que es la segunda vez que un documento oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) incluía el mandato de “revisar la Estrategia de Seguridad Energética Nacional de 2015”.
En qué consiste la Estrategia de Seguridad Nacional
La Estrategia de Seguridad Nacional de finales de 2021 incluye la “vulnerabilidad energética” entre los riesgos para la seguridad de los ciudadanos, pero solo incluye dentro de ese “factor de vulnerabilidad” la dependencia de los hidrocarburos y el cambio climático como “riesgo sistemático a nivel global”.
También se refiere la norma vigente a “la actualización insuficiente e inversiones inadecuadas en infraestructuras energéticas” entre los riesgos a los que se enfrenta; y advierte de que el “mantenimiento y la actualización” son indispensables para el desarrollo de una correcta interconexión de la red de la península Ibérica con la del resto de países del continente, que considera insuficientes. Asimismo, avisa de las consecuencias de los “accidentes industriales graves” en infraestructuras energéticas, concretamente a causa de fallos técnicos o fallos humanos.
En el plano de los ciberataques, hipótesis que Red Eléctrica ha descartado por el momento, el texto refleja que “la infraestructura energética tiene un soporte fundamental en los Sistemas de Información y Comunicaciones para su operativa diaria y son vulnerables a ataques cibernéticos que puedan provocar la pérdida de control sobre dichos sistemas o la emisión de mensajes erróneos en la operación que, a su vez, pueden ocasionar fallos o accidentes técnicos”.
Como medida para afrontar posibles ciberataques, la estrategia apunta al desarrollo de planes de contingencia que mejoren la resiliencia de los Sistemas de Información y Comunicación usados por el sector energético, para garantizar la continuidad del suministro; proteger la información sensible sobre infraestructuras energéticas; o impulsar la cooperación entre la industria energética y los servicios de ciberseguridad por la mejora de detección, prevención, respuesta y recuperación. En la misma línea, apunta a la mejora de los canales de comunicación de incidentes para garantizar o restablecer el suministro en caso de que se dé un ataque o promover el intercambio de información e inteligencia en lo referido al intercambio de información e inteligencia sobre puntos débiles y ciberamenazas.
Este es el plan al que recurrió el Gobierno durante el apagón
Cabe destacar que la mayor parte de las medidas que incluye el plan son de carácter preventivo y no sirven para gestionar la crisis una vez que ésta detona. De ahí que el Gobierno recurriera el pasado lunes al conocido como Plan de Preparación frente a las Crisis de Electricidad en España, que sí da para declarar la “crisis energética” y poder movilizar parte de las reservas estratégicas de gas.
Con todo, este plan se centra en la gestión que puede realizar el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico en colaboración con la Red Eléctrica, como hizo el pasado lunes; pero sirve para recuperar el suministro y analizar las causas que lo han podido provocar, no tanto para abordar sus consecuencia sociales y económicas que dejó la situación en el momento mismo de producirse.
