La libertad de expresión en la Asamblea de Madrid está bajo amenaza, según denuncian desde la oposición, que acusa al Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso de intentar silenciar a los diputados que se refieren a los escándalos de corrupción que salpican al partido. En el centro de la polémica está Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea de Madrid y número tres del PP madrileño, quien se encuentra bajo investigación por presunta prevaricación administrativa en relación con la adjudicación irregular de contratos públicos. La diputada popular Susana Pérez Quislant ha solicitado medidas para frenar los comentarios que, desde la oposición, señalan a Millán durante las sesiones parlamentarias, tal y como informa este lunes el periódico ‘El País’. Este intento de censura ha encendido las alarmas entre los partidos de izquierda, que temen una restricción de los derechos fundamentales en la Cámara.
Según el citado medio, la petición de Pérez Quislant se formalizó en una reunión de la Mesa de la Asamblea, el órgano encargado de la organización y regulación del funcionamiento del Parlamento regional. En ella, la diputada solicitó "tomar medidas" para que no se permita a los representantes de la oposición continuar con sus críticas hacia Millán, quien está siendo investigada por su gestión al frente de la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Arroyomolinos (Madrid), entre 2006 y 2011. Durante su mandato, Millán adjudicó contratos municipales a empresas vinculadas a Francisco Roselló, empresario que habría pagado la hipoteca y otros gastos personales de la política popular mientras esta ejercía como edil. Este entramado ha suscitado una investigación judicial que podría implicar varios delitos de corrupción.
El PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, podría usar su control de la Cámara para limitar las intervenciones de los diputados de la oposición que hagan referencia al caso de Millán. Las medidas que se barajan incluyen llamadas al orden, la retirada de los comentarios del diario de sesiones y, en casos extremos, la expulsión del pleno. Estas acciones se aplicarían de manera inmediata, durante el transcurso de las sesiones, y dependerían de quién esté dirigiendo los debates: o bien el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, o la propia Millán, quien ha dirigido varias sesiones sin intervenir cuando se la ha mencionado directamente.
El PSOE apunta directamente a MAR
Para la oposición, este movimiento del PP es una clara maniobra para proteger a sus altos cargos implicados en casos de corrupción. No es la primera vez que el partido ha sido acusado de intentar ocultar escándalos o silenciar a sus críticos. De hecho, la figura de Miguel Ángel Rodríguez (MAR), jefe de Gabinete de Ayuso, aparece como un actor clave en esta estrategia de acallar las voces disidentes. Rodríguez, apodado “el triturador”, ha sido señalado por su agresiva gestión de la comunicación y por sus amenazas a medios de comunicación críticos, como en el caso de eldiario.es, a quienes llegó a advertir con “triturar” tras la publicación de noticias comprometedoras para el gobierno regional.
“Hoy hemos conocido que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid tomará medidas contra aquellos diputados que nombren en el Pleno de la Asamblea de Madrid a Ana Millán, número 3 de Ayuso e investigada por la Justicia por haber adjudicado presuntamente de forma irregular contratos municipales a un empresario que después habría contratado a su hermana. También están judicializados contratos con su pareja. Parece que esta sea la única manera de medrar en el PP madrileño”, han denunciado fuentes socialistas tras conocerse la noticia. “Todavía no sabemos qué medidas son, pero nos tememos lo peor por parte del partido que destruyó a martillazos sus discos duros para tapar su corrupción. Más aún, viniendo del PP de Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de Gabinete, más conocido como el ‘triturador’ por haber amenazado con “triturar” a ‘eldiario’”, han añadido.
Asimismo, estas mismas fuentes subrayan que el PP no solo está intentando desviar la atención de las investigaciones judiciales que afectan a Millán, sino que además busca reprimir cualquier debate público sobre la corrupción en el partido: “Este movimiento no demuestra más que la desvergüenza y la falta de escrúpulos del PP, que ya no es que no solo actúe contra la corrupción -Millán, que está imputada por cuatro delitos de corrupción, sigue siendo la 3 de Ayuso y nadie le ha pedido explicaciones-, sino que además ahora tratan de silenciar a los diputados”. “Esta es, pues, la ejemplar lucha contra la corrupción del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo”, sentencian.
Este episodio recuerda a otros escándalos que han salpicado al Partido Popular en el pasado, como la destrucción de discos duros en la sede nacional del partido para ocultar pruebas comprometedoras en el marco de la investigación del caso Bárcenas.
¿Y ahora qué?
En los próximos debates parlamentarios, se espera que la oposición continúe haciendo referencia a los casos de corrupción que afectan al partido, mientras que el gobierno regional de Ayuso, bajo la influencia de Rodríguez, podría intensificar sus esfuerzos para reprimir cualquier alusión incómoda. La pugna por la libertad de expresión y la lucha contra la corrupción se perfilan como temas centrales en la agenda política madrileña de cara a los próximos meses.
