Ana Millán ocupa todas las miradas desde que la pasada semana una jueza de Navalcarnero apreciara en su persona cuatro delitos de corrupción.
Breve biografía de Ana Millán
Millán ha forjado buena parte de su trayectoria política como alcaldesa de Arroyomolinos y siempre escalando posiciones dentro del Partido Popular. Actualmente es vicepresidenta de la Asamblea de la región tras convertirse durante las pasadas elecciones en diputada y, en consecuencia, aforada. Esto último ha provocado que la magistrada haya tenido que inhibir el caso en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Ana Millán es una de las persona de máxima confianza de la política conservadora. Se podría decir que forma parte del denominado ‘núcleo duro’ de la baronesa. De hecho, no solo son cercanas en lo profesional, sino también en lo personal, ya que se reconocen amigas desde antes de que la presidenta estuviera en primera línea política.
Nada más hacerse la lideresa de Sol con el control del PP madrileño, una de las primeras acciones que llevó a cabo fue nombrar a Millán como vicesecretaria de Organización y Territorial. Después, la incluyó en su lista electoral, lo que la garantiza el aforamiento. Más tarde, tras las elecciones autonómicas del 2023, se la reconoce con la vicepresidencia de la Asamblea. Cabe destacar que el ascenso se produce mientras ella estaba imputada.
“Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude”
Del auto se desprende que los investigados, entre los que se encuentra la protagonista de estas líneas, “pueden ser autores de los hechos objeto de investigación que se tratarían, sin perjuicio de ulterior calificación de delitos, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública”.
El documento también deja clara la condición de aforamiento de la que en la práctica es la número tres de la presidenta y que implica que las competencias recaigan sobre otros: “Dado que se trata de una persona aforada procede la inhibición del conocimiento del presente procedimiento a favor del T.S.J de Madrid, Sala de lo Civil y Penal en funciones de Sala de lo Penal”, registra el documento del titular del juzgado número 6 de Navalcarnero.
Imputada por primera vez en Púnica
La de ahora es la tercera instancia judicial por la que pasa el caso de Millán, quien fuera imputada por primera vez en el caso Púnica. De aquellos barros, estos lodos; y es que al haber prescrito los delitos que incluyeron en esa instrucción, el instructor de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, decidió remitir los indicios que quedaban por investigar al juzgado de Navalcarnero que ahora, después de varios años, los envía al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El auto de aquel caso contemplaba como “especialmente particular la circunstancia de que se produzcan comidas o reuniones directas entre la concejala responsable -Millán- y el futuro adjudicatario, José Luis Huerta Valbuena”. Los hechos, se añade, “hacen presumir, al menos con la fuerza necesaria que justifica la instrucción penal, la evidencia de un posible delito continuado de prevaricación administrativa”.
La ahora vicepresidenta de la Asamblea fue investigada durante su etapa de concejal de juventud y deporta del ayuntamiento de Arroyomolinos. En concreto, a la que fuera concejala se le atribuye la concesión de más de 675.000 euros de manera irregular en la organización de eventos y festejos del municipio.
El beneficiario de aquellas operaciones fue el empresario José Luis Huerta Valbuena, dueño a su vez de la compañía Waiter Music, quien obtuvo contrataciones para organizar eventos en varias localidades de la región. En Arroyomolinos, el empresario monitoriza las actividades de este tipo desde 2004, pero la actuaciones que pudieran implicarla en el caso caducaron, por lo que el juez dejó de lado la investigación.
Otros casos que implican posibles delitos
Sin embargo, hay otros hechos que podrían relacionarse con indicios de posibles delitos por parte de la mano derecha de Ayuso.
Una de estas tiene que ver con adjudicaciones previsiblemente irregulares a Grupo Educativo, con quien cerró tratos de 51.164,67 euros que nunca se llegaron a justificar. Un empleado de la empresa titular de ese grupo, Neverland, declaró que era el titular del alquiler de un ático de la alcaldesa por el que pagaba una cantidad que recibía su jefe -Francisco Roselló-; que, a su vez, lo regresaba multiplicado por dos a la regidora.
Y, al margen, se pueden considerar también como posibles polémicas la contratación de la hermana de Millán en Neverland como trabajadora social con un salario de 88.642,42 euros, o que la pareja de la edil primera también fue puesta a dedo por Roselló cobrando más de 37.500 euros.
