Marea de Residencias y 7291: Verdad y Justicia para las Víctimas en las Residencias han interpuesto una denuncia contra altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y contra los geriatras de los 25 hospitales públicos de la Comunidad de Madrid por la comisión de un delito continuado de denegación de la prestación sanitaria por motivos discriminatorios, a raíz de los protocolos de las residencias de ancianos que terminaron por cobrarse 7291 vidas. En total, son 109 denunciantes familiares de 115 residentes en 72 geriátricos de la Comunidad, de los cuales fallecieron 111 de ellos. Consideran que se ha cometido, como mínimo, una infracción tipificada en el artículo 511 del Código Penal, sin que para su sanción sea necesario esperar a sus consecuencias, sino que basta simplemente con la denegación de la prestación para cometerlo.
La denuncia se dirige contra 29 personas: los dos directores de Coordinación Sociosanitaria del Gobierno madrileño durante la primera ola de la pandemia, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo, quienes a su vez fueron el firmante y el autor de los dos protocolos que impidieron el traslado a los hospitales de los residentes madrileños; Pablo Busca Ostalaza, director del SUMMA 112 en aquel momento; Antonio Burgueño, autor del Plan de Choque contra la Pandemia aprobado por el Gobierno regional que incluía supuestamente una medicalización de las residencias que nunca se llevó a cabo, y los geriatras responsables de aplicar los citados protocolos en los 25 hospitales públicos madrileños.
ElPlural.com ha tenido acceso al documento, que puede leerse íntegro (160 páginas de extensión) a continuación.
El escrito contiene hasta 60 documentos. Buena parte de ellos ya había sido estudiado y publicado con anterioridad, pero existen otros inéditos, como algunos informes internos del Gobierno madrileño en los que se reflejaba día a día la situación en la que estaban los 475 geriátricos de la región. Estos informes empezaron a elaborarse desde el 18 de marzo de 2020, es decir, desde el mismo comienzo de la pandemia, y aportaban datos como el número de residentes positivos o aislados con síntomas de covid, el número de profesionales contagiados o en aislamiento domiciliario o las necesidades de personal que tenía cada centro. Dos de ellos eran elaborados a diario por parte de la Consejería de Políticas Sociales: uno con los datos de las 25 residencias de gestión pública y otro con las 450 residencias de gestión privada, y eran enviados todas las noches a la Consejería de Sanidad para la correspondiente adopción de medidas. Los denunciantes aportan hasta siete informes, fechados en los días 23 de marzo, 31 de marzo, 7 de abril y 15 de abril, pero solicitan a la Fiscalía que pida todos los existentes.
Uno de los problemas principales que aquejan estos informes es la necesidad de personal. El texto explica la necesidad urgente de añadir "37 médicos, 146 enfermeros y 756 gerocultoras" a los servicios públicos. En cuanto a la decisión que prohibió el traslado de residentes a los hospitales, otro documento revela que empezó a aplicarse el 13 de marzo de 2020, y que el anuncio del Gobierno de Ayuso para "medicalizar las residencias" consistió, únicamente, en enviar 24 médicos y 25 enfermeras en marzo y abril de 2020, realizando una cobertura muy por debajo de las necesidades de personal de la región.
Una situación alarmante que está siendo ahora denunciada por los propios familiares de las víctimas, y que dada su antigüedad (casi cinco años), está a punto de prescribir. Está en manos de la Fiscalía que no sea así y que esta investigación sirva para depurar responsabilidades.
