La cúpula del Gobierno de Mariano Rajoy deberá comparecer en el juicio de la operación Kitchen. Lo hará después de que la sección cuarta de la Audiencia Nacional, tal y como ha adelantado Cadena Ser, haya aceptado prácticamente todas las testificales demandadas por las acusaciones populares de PSOE y Podemos.
El listado de nombres que desfilarán por la Audiencia Nacional es lo de más granado: desde el expresidente Rajoy hasta su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, plenipotenciaria en el control del CNI; Juan Ignacio Zoido como sucesor de Fernández Díaz en Interior; María Dolores de Cospedal; el exministro Javier Arenas y varios exsecretarios de Estado.
Sin embargo, los jueces han rechazado citar a varios periodistas, al actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a Ignacio Stampa; primer fiscal del caso Villarejo. Todas ellas habían sido reclamadas por la defensa del que fuera número dos de ese ministerio, el acusado Francisco Martínez.
La visita oral tendrá lugar cuando la Audiencia Nacional pueda celebrarla, ya que por ahora el tribunal está sufriendo una “saturación de plenarios”, según los jueces en el último auto. No obstante, el tribunal quiere que los trabajos vayan avanzando y se puedan ir preparando las pruebas para que se practique el juicio.
La resolución que se avanza en estos momentos responde a las peticiones de defensa y acusaciones que los partidos de la izquierda hicieron y con las que solicitaban que fueran declarados a citar como testigos decenas de dirigentes de la formación de un tiempo a acá liderada por Alberto Núñez Feijóo y a personas vinculadas al partido en la etapa en la que tuvieron lugar los hechos, con Mariano Rajoy al frente. Finalmente, los jueces han acordado citarlos a todos.
Todos los nombres de la Operación 'Kitchen'
La lista completa de personas que deberán comparecer incluye a Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Juan Ignacio Zoido; el exconsejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid Enrique López; el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto; el de Interior Ignacio Ulla; quien fuera director general de la Policía Ignacio Cosidó; el ex jefe de Gabinete de Cospedal el tiempo que ésta se situó al frente de Castilla-La Mancha (2011-2015) y José Luis Ortiz Grande, mismo cargo cuando Cospedal ejercía como secretaria general (la década comprendida entre 2008 y 2018). Además, la Justicia ha llamado también al marido de la exdirigente popular, Ignacio López del Hierro; el exministro y ex vicesecretario del PP Javier Arenas; y quien fuera delegado de seguridad del partido con sede en Génova,13 Guillermo Barroso. En total, son 11 las personas que el juez García-Castellón ha enviado al banquillo.
El tribunal rechaza investigar el coste de la trama
Además de los nombres que el tribunal rechaza investigar, el órgano jurídico también desiste saber cuánto costó realmente la operación, dando así portazo a una petición de la acusación para que Interior cuantifique a cuánto ascendió el operativo de espionaje a Bárcenas para destruir las pruebas que pudiera tener sobre la caja B del PP. Asimismo, ha denegado constatar quién ingresó dinero de manera sistemática en la cuenta carcelaria del falso cura que secuestró a la familia del que fuera tesorero del partido. La cuestión en la que se ampara el tribunal es que las pruebas se debieron practicar en fase de instrucción por parte del juez y que ahora, debido a la “complejidad” de las diligencias propuestas, ya es tarde.
En la misma línea, el órgano jurídico rechaza asimismo practicar diferentes pruebas solicitadas por Martínez, como la certificación de los fondos reservados desembolsados, la autenticidad de las voces y conversaciones registradas por Villarejo o las grabaciones a la familia de Bárcenas en su vivienda de Baqueira.
Esto último lo justifica el tribunal dada, dice, su complejidad. Y es que por su carácter asume que debieron practicarse en fase de instrucción, que ya ha sido cerrada y, por lo tanto, de admitir su práctica el tribunal estaría “excediendo sus competencias”. La contradicción aquí se da porque Martínez pidió su ejecución en fase de instrucción y la sección tercera de la Audiencia Nacional también la denegó entonces argumentando que podrían llevarse a cabo en la fase de juicio oral. La fase que ahora rechaza la sección cuarta con lo que el acusado se sometería a una aparente indefensión en cuanto a su derecho a la defensa se refiere.
