Alberto Núñez Feijóo afronta los próximos meses con una mochila cargada de causas judiciales que salpican al Partido Popular. Casi 30 casos de corrupción vinculados al partido están a punto de sentar en el banquillo a decenas de cargos públicos —más de 150 imputados—, mientras el líder popular pasa de puntillas por esta realidad. Ninguna medida concreta ha salido a la luz para reforzar los controles internos y, en el Congreso que el PP celebra este fin de semana, no se conocen propuestas para mejorar los mecanismos anticorrupción.
Lo poco que ha trascendido del cónclave popular en relación a este asunto genera más inquietud que confianza. El partido ha colocado a Ana Millán, número tres de Isabel Díaz Ayuso e imputada por delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, en la comisión organizadora del Congreso. Un gesto que, lejos de reforzar el compromiso ético, sugiere impunidad. La magistrada que instruye su caso considera que Millán pudo servirse de su cargo para beneficiar intereses privados.
Escándalos silenciados gracias a las mayorías absolutas
En comunidades como Andalucía y Galicia, las mayorías absolutas del PP bloquean cualquier intento de depuración política. En el Servicio Andaluz de Salud, la justicia investiga un presunto troceo sistemático de contratos. En Galicia, están bajo la lupa adjudicaciones a dedo a empresas vinculadas a la familia de Feijóo. Los parlamentos autonómicos no han abierto comisiones que permitan aclarar responsabilidades políticas.
Situaciones similares se repiten en Estepona y Marbella. En el primero, los escándalos del alcalde ignoran pronunciamientos del partido; en el segundo, los vínculos familiares de la alcaldesa con el narcotráfico no movilizan la dirección de Feijóo. La prioridad es evitar desgaste, no esclarecer los hechos ni depurar responsabilidades.
Calendario judicial: un horizonte cargado a corto y medio plazo
Un Partido Popular que se enfrenta a un calendario judicial plagado de procesos que podrían sacudir sus cimientos. Para ser más concretos, entre 2025 y 2030 están llamados a juicio figuras vinculadas al entorno de Isabel Díaz Ayuso, como su pareja Alberto González Amador, y diversas directoras autonómicas imputadas en el caso Neverland, entre ellas Ana Millán. Estas causas no sólo afectan a rostros locales, sino que apuntan directamente a la forma de actuar del PP en las comunidades donde gobierna.
Paralelamente, se mantienen las grandes macrocausas: los 28 procesos pendientes —entre ellos Gürtel, Púnica, Lezo, Kitchen, Erial, Novo Carthago y las polémicas desaladoras— mantendrán bajo el foco judicial a más de 150 cargos públicos. Cada juicio desvela ramificaciones de una corrupción sistémica que va más allá de casos aislados, demostrando un patrón de adjudicaciones irregulares, espionaje político y financiación opaca.
Ya hay fechas concretas para algunos de estos juicios que podrían marcar el pulso político al PP. La Audiencia Nacional ha fijado el juicio de la Operación Kitchen para mayo‑junio de 2026, en el que se sentarán en el banquillo el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, su número dos Francisco Martínez, altos cargos policiales y comisarios del PP, incluso el expresidente Rajoy como testigo. Se enfrentan a una petición de hasta 15 años de cárcel por el presunto uso de fondos reservados para espiar al extesorero del partido, Luis Bárcenas.
Por su parte, la trama Púnica iniciará su juicio en enero de 2026, con una duración estimada hasta marzo, y llevará ante la justicia a exalcaldes del PP como Esteban Parro y Daniel Ortiz, acusados de adjudicación ilegal de contratos. Las solicitudes de sanciones incluyen años de prisión, inhabilitaciones y responsabilidades civiles. Estos juicios se suman al calendario, cargado además por otros procedimientos como el caso Pujol, cuyas vistas arrancan en otoño de 2025.
