Está imputada por corrupción, pero organiza congresos. Fue señalada por la Guardia Civil, pero Feijóo la elige como vocal de su congreso nacional. Cuatro delitos, un caso abierto y una carrera política que no se detiene. Así es la paradoja de Ana Millán, la dirigente popular a la que Ayuso ha blindado pese al escándalo judicial que amenaza con salpicar a su entorno más directo.

Número tres de Ayuso en el PP madrileño y actual vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Millán está siendo investigada por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública, en una pieza separada del caso Púnica conocida como el caso Neverland. En concreto, la causa gira en torno a la adjudicación de nueve contratos públicos por parte del Ayuntamiento de Arroyomolinos –cuando Millán era concejala de Juventud– a empresas del entorno del empresario Francisco Roselló, entre los años 2005 y 2011.

Según el auto judicial, los indicios son claros: Millán habría recibido pagos por valor de 51.104,67 euros, relacionados con el alquiler de un ático de su propiedad en Arroyomolinos. Este fue subarrendado por Neverland Eventos, una de las empresas beneficiadas con los contratos públicos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respalda esos indicios, calificados por la jueza instructora como “sólidos”. Pero no queda ahí. La hermana de Millán y su pareja también se habrían beneficiado del vínculo con Roselló, cobrando 88.642,42 euros y 37.578,04 euros, respectivamente, de empresas vinculadas al empresario entre 2008 y 2011.

Una causa que asciende al TSJM

La causa fue impulsada desde el Juzgado de Instrucción nº6 de Navalcarnero, pero en junio de 2024 fue remitida al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), debido al aforamiento de Millán como diputada autonómica. La jueza Lidia Prada consideró que los hechos podrían ser constitutivos de delito, por lo que elaboró una exposición razonada en la que pidió que se abrieran diligencias contra la dirigente popular. El TSJM designó al magistrado Francisco Goyena para investigar el caso.

En diciembre de ese mismo año, sin embargo, el procedimiento sufrió un frenazo: el tribunal devolvió la causa a Navalcarnero por defectos procesales y ordenó a la jueza subsanar el auto. No la archivó, pero sí dejó la instrucción en pausa. Mientras tanto, Ana Millán ni ha dimitido ni ha sido apartada por su partido, y su caso permanece en el limbo judicial, a la espera de nuevas diligencias o de un posicionamiento definitivo por parte del fiscal.

El blindaje político de Ayuso

La reacción del PP no ha sido la de exigir explicaciones o depurar responsabilidades. Al contrario. Isabel Díaz Ayuso ha defendido públicamente a Millán en varios actos. En septiembre de 2024, cuando el caso escaló al TSJM y saltaron las alarmas en la oposición, la presidenta regional fue clara: “Es mi apellido lo que tienes encima”, dijo en un mitin, en referencia a las críticas que su entorno político estaba recibiendo. “Vale el vecino de Ayuso, el primo de Ayuso, el novio de Ayuso… Da igual. Es el apellido y no otra cosa lo que tienes encima”, añadió, reafirmando su respaldo a Millán.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, también salió en su defensa: “Estoy seguro de que Ana Millán es inocente de aquello de lo que se le está acusando”. Dentro de la Asamblea, el portavoz popular Carlos Díaz-Pache tachó la investigación de trámite y consideró que Millán ya había dado “todas las explicaciones”. La dirección nacional, lejos de marcar distancias, la premió en mayo de 2025 con un puesto como vocal en la comisión organizadora del congreso del PP nacional, presidido por Feijóo.

Un ascenso que no se detiene

En vez de dimitir, Millán ha ascendido dentro del partido. Es la vicesecretaria de Organización del PP de Madrid, un cargo clave en el engranaje interno, y ocupa la vicepresidencia primera de la Asamblea de Madrid. Fue incluida en las listas autonómicas de 2023 en una posición alta, lo que le garantizó el escaño y, con ello, el aforamiento ante el TSJM.

En redes sociales y en la oposición la comparan con Santos Cerdán. A Millán la llaman “la Cerdán de Ayuso”, en referencia a la protección política que ha recibido, incluso cuando la jueza que instruye su causa habla de “indicios sólidos” de corrupción. La diferencia, recuerdan desde la izquierda, es que a ella se le imputan cuatro delitos que pueden acarrear varios años de prisión.

Millán ha optado por no hacer declaraciones públicas amplias, más allá de insistir en que los pagos del alquiler fueron legítimos y negar cualquier trato de favor. A cambio, ha desplegado una estrategia legal contra usuarios de redes sociales, enviando burofaxes a quienes compartieron noticias sobre su imputación, acusándoles de difundir información falsa. Sin embargo, los datos proceden de autos judiciales y documentos oficiales que siguen siendo válidos mientras la causa esté abierta.

El volumen de documentación del caso es extenso: contratos, agendas, correos electrónicos, discos duros. La jueza Prada consideró que había material suficiente para dar el paso al TSJM, pero el desenlace judicial aún está por determinar.

Mientras tanto, en primera fila

Con el caso Neverland aún vivo, Ana Millán sigue en primera fila del poder político madrileño. Forma parte del núcleo duro de Ayuso, decide candidaturas, gestiona estructuras internas y representa al PP en actos institucionales como vicepresidenta del Parlamento regional. El silencio en su partido es clamoroso, y ninguna voz se ha atrevido a cuestionar su permanencia.

Hasta que la justicia se pronuncie –si es que lo hace–, Millán no se ha movido ni un centímetro de su sitio. Su caso se ha convertido en símbolo del blindaje político que otorga la fidelidad en el PP madrileño. Y, como en otros escándalos recientes, la estrategia parece clara: aguantar, resistir y ascender. Aunque haya cuatro delitos de por medio.

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