La magistrada Inmaculada Iglesias que investiga a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha acordado la implicación en las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tal como había reclamado la acusación popular que lidera el PSOE y la Fiscalía. Así lo ha adelantado elDiario.es este viernes.
Iglesias afirma en el auto que “atendiendo a la complejidad de la investigación de los hechos y al carácter interprovincial de la trama supuestamente delictiva”, procede encargar a la unidad de élite del instituto armado “que investigue los hechos y lleve a cabo las gestiones necesarias” para investigar las operaciones que lo mantienen imputado por corrupción en los negocios y administración desleal.
González Amador, procesado
Fue el pasado mes de mayo cuando trascendió que el empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid emitió un auto de pase a procedimiento abreviado contra el investigado por dos delitos de fraude fiscal y falsificación de documentos, causa por la que está actualmente imputado.
Con esta decisión judicial, la magistrada instructora puso punto y final a la instrucción de la pieza principal, cuyo fin era investigar el fraude de 350.951 euros a Hacienda por parte del empresario en dos ejercicios fiscales. De la misma manera, el novio de Ayuso continúa imputado por corrupción en los negocios y administración desleal en una pieza separada.
Según rezaba el auto de la magistrada, “de las actuaciones de comprobación e investigación desarrolladas por la inspección de la AEAT resulta que la Sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente S.L (en adelante Maxwell) en los años 2020 y 2021 registró un incremento de sus ingresos por la intermediación en una operación de venta de material sanitario en 2020 y por la percepción de cuantiosos ingresos”.
“Con la finalidad de reducir la tributación por el Impuesto de Sociedades de dichos periodos se dedujo indebidamente gastos en virtud de facturas giradas que no se corresponden con los servicios prestados (es decir, se trata de facturas falsas o falseadas)”, añadió.
El novio de Ayuso sitúa en el blanco al fiscal general
Bajo este mismo telón de fondo, González Amador reclamó la pasada semana una indemnización de 300.000 euros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por “perjuicios morales causados” y, sumado a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, reclama una fianza de 400.000 euros en vistas al juicio. Una cuantía que se asemeja a su fraude a Hacienda, de más de 350.000 euros.
El novio de Ayuso sostuvo en el escrito reciente de acusación que “las consecuencias de los hechos delictivos protagonizados por los acusados” han supuesto un “daño continuado e incesante” a su intimidad, protección de datos, presunción de inocencia, derecho de defensa y honor, al punto de considerarlos “de imposible restitución”.
El mismo texto refirió que “se han generado daños irreparables sobre todo aquello que, con esfuerzo, se construye durante años (…), sin que exista un sol día desde el 14 de marzo de 2024 en el que algún personaje político o periodístico no le denomine públicamente como delincuente y defraudador confeso”, emplazó entonces. Además, la acusación particular solicitó que se imponga al fiscal general una multa de 108.000 euros, recordando que su sueldo en 2023 fue de 133.525 euros anuales, distribuidos en doce pagas de 11.127 euros.
