La comisión de investigación del Congreso de los Diputados analizará a fondo, a petición del PSOE,  los contratos realizados entre la Comunidad de Madrid y Sibucu 360, la empresa ajena al sector sanitario con la que el equipo de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, repitió pese a las alertas decretadas en algunos lotes de tapabocas.

Tal y como han contado varios medios de comunicación, entre ellos ElPlural.com, la autonomía popular volvió a comprar mascarillas a la firma en agosto de 2020 por valor de medio millón de euros para el Hospital La Paz. Además, la Consejería de Sanidad madrileña había contratado con la misma empresa la venta de mascarillas, gorros y filtros por cerca de 15.000 euros apenas un mes antes para el Hospital Ramón y Cajal.

Primera empresa en cerrar contratos con el Ayuntamiento de Almeida

Todavía dentro del área geográfica que abarca la capital, y sin que esto suponga ninguna ilegalidad, Sibucu 360 fue la primera compañía en hacer negocio con el Ayuntamiento de Madrid. Así, apenas había empezado lo más duro de la pandemia, el 20 de marzo de 2020 el Consistorio de Cibeles dio 408.375 euros (IVA incluido) por la adquisición de 125.000 mascarillas quirúrgicas y otras 100.000 de tipo FFP2.

La Xunta de Galicia también volvió a comprar material sanitario a Sibucu

La Xunta de Galicia, gobernada entonces por Alberto Núñez Feijóo, también compró nuevamente material sanitario a Sibucu después de las alertas sanitarias. En su caso lo hizo en julio de 2021, tras haber adquirido 2,3 millones de mascarillas por valor de 1.945.000 euros entre los meses de marzo y junio. En concreto fueron 90.650 las unidades de tipo FFP3 por valor de 43.512 euros las que se obtuvieron para su distribución entre el personal de hospitales y centros de salud de seis de las siete áreas sanitarias de la región gallega.

Mascarillas defectuosas

En los primeros meses de coronavirus el sistema de alerta rápida para productos no alimentarios (RAPEX) de la Unión Europea (UE) y la red de alertas del Ministerio de Consumo publicaron los riesgos de varios lotes de mascarillas -que afectaban a 80.000 tapabocas de un total de 8 millones, según la versión de la compañía- validadas por un laboratorio italiano que no disfrutaba de acreditación para ello y sobre el que Sibucu carga la culpa.

Relacionado La comisión del Congreso fiscalizará el puesto "a medida" de la cuñada de Ayuso en Villanueva de la Cañada

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) alertó en mayo de 2020 de que la firma había distribuido tapabocas con sello falso y advirtió a los clientes de Sibucu vía carta de que debían certificar el material o devolverlo. Fuentes del Sergas señalarían en declaraciones a Público que “tras revisar los pedidos ninguno de los modelos adquiridos está afectado por las alertas”, una cuestión cuanto menos llamativa si se considera que el Instituto Galego de Consumo e da Competencia (IGCC) alertó de que eran precisamente cuatro los lotes que se correspondían con sellos ilegales mientras emplazaba a los clientes a devolver o certificar el material.

La empresa defiende en conversación con ElPlural.com que los lotes con material defectuoso no afectaron a ninguna administración pública, sino “únicamente a puntos de distribución en los que el etiquetado incorrecto podría generar confusión al consumidor final”.

Un polémico empresario cercano a Feijóo

La firma estaba vinculada a un empresario conocido por Feijóo: José Ramón García González. Desde la empresa matizan en declaraciones a ElPlural.com que esta persona no ha formado parte de Sibucu y que, por lo tanto “no es el dueño”. Sin embargo, García estuvo detrás de Moonoff SL -mercantil dedicada al sector de la iluminación y de la que Sibucu es administradora única- desde 2013 hasta 2018, año en el que abandonó definitivamente la compañía -aunque siguió presentándose como socio inversor- por problemas con la Justicia.

El empresario fue condenado a nueve meses de prisión y una multa de 615.372, 75 euros por fraude fiscal y falsedad documental. Así las cosas, la Justicia condenó tanto a Blusens Techonology -de la que García fue fundador- como a dos de sus directivos por una trama que permitía el movimiento de mercancía entre distintas empresas generando documentación contable para abaratar impuestos sin que existiera un consumidor final. José Ramón García González, por su parte, fue inhabilitado durante 540 días para el ejercicio del cargo de administrador o apoderado en el marco del procedimiento seguido contra esta compañía.

Negocio muy rentable

Sibucu 360 encontró en la venta de material sanitario un negocio muy rentable, llegando a crecer cerca de un 4.000% durante lo peor de la pandemia. De forma detallada, la empresa cerró el ejercicio 2020 con una facturación de más de 31 millones de euros cuando venía con una cifra de negocio algo inferior a los 765.000 euros en 2019.

Relacionado El Congreso exige a la Junta los contratos de mascarillas por los que la justicia investiga a Bendodo

Es decir, multiplicó hasta por diez sus beneficios en un mercado en el que carecía de experiencia, saltando de un resultado positivo de 344.000 euros hasta los 3,2 millones en tan solo un año. En el mismo espacio temporal, Sibucu disparó el resultado de explotación hasta los 4 millones de euros y dejó su patrimonio neto en 1,5 millones de euros, permitiendo a los socios repartir cerca de dos millones en dividendos.

El BNG no entiende el "veto" del PSOE a Feijóo

El BNG afea al PSOE no llevar en su lista para la comisión de mascarillas el nombre de Feijóo, que sí incluye la formación soberanista al haber conseguido incorporar 9 de los 10 nombres propuestos.

Fuentes del partido gallego aseguran no comprender este "veto", ya que el ahora líder del PP era el máximo responsable de la Xunta de Galicia durante el Covid. “Armengol o Ángel Víctor Torres ocupaban dichos puestos en los gobiernos de Canarias y las Islas Baleares. Ellos vendrán a comparecer con la aprobación de la lista. Sin embargo, Feijóo no”, dictan.

Síguenos en Whatsapp y recibe las noticias destacadas y las historias más interesantes.