La comisión de investigación del Congreso de los Diputados analizará los contratos relativos a la compra de material sanitario adquirido durante la pandemia de la Covid-19 por parte del exvicepresidente tercero de Almería, el popular Óscar Liria, que implica directamente a empresas como Azor Corporate Iberica SL., Ligroup China Co.Limited, Corpfam Global Investment SL., OYC Servicios Urbanos SL., y Pulconal SL., desde 2015 hasta la actualidad.

Un millón de euros es la cifra que alcanza el contrato fraudulento de mascarillas de la Diputación de Almería en concepto de comisión. Así, una presunta participación de las personas investigadas siembra la duda ante delitos “contra la administración pública así como contra la hacienda pública” según la instrucción judicial del juez.

La investigación se remonta a la contratación pública de tapabocas parte de la Diputación de Almería, liderada por el PP, a una de las sociedades de un empresario catalán. De dichas adjudicaciones, el exvicepresidente tercero  se habría beneficiado de sobres de entre 6.000 y 10.000 euros cada uno hasta alcanzar una cifra total que supera los 150.000 euros a través de una presunta mordida recibida por el empresario administrador de Pulconal, Kilian López.

Detenciones y más personas implicadas

La sentencia dictaminada por la jueza que instruyó el caso, con fecha 18 de marzo, apuntaba claros indicios objetivados de la presunta participación en los que estarían implicados también el hermano del expresidente tercero, su tío Rodrigo Sánchez, que es a su vez alcalde de Fines, y la pareja del regidor.

Ante este maremágnum de hechos que terminó con la detención de Óscar Liria, la Unidad Central Operativa (UCO), que contabilizó cerca de un millón de euros recibidos por el empresario administrador de Pulconal, reclama cerca de una veintena de expedientes de contratos menores.

López Sole logró un contrato de casi dos millones de euros para suministrar mascarillas, monos de protección y guantes de nitrilo a la Diputación de Almería durante la primera ola de la pandemia. Asimismo, el objeto social de Pulconal -empresa que administra- está vinculado al negocio inmobiliario, también bajo el radar de la investigación.

Además son 16 los contratos menores que la Diputación ha adjudicado en cuatro años a otra de las empresas del principal investigado, una operación con la que el 7 de abril de 2020 desde la Diputación Provincial de Almería se dio luz verde a más de 2 millones de euros, firmada por Fernando Giménez, también vicepresidente aquel entonces y actualmente investigado por la causa, pero autorizado por García Molina, presidente del PP en Almería. Los tres trataron los pormenores de su plan en un grupo privado de WhatsApp llamado “naranjitos”.

En este período de tiempo se han obtenido más datos como resultado de la denuncia que Juan Manuel Ruiz del Real, portavoz del Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Almería, hace ante la actitud del PP, que no ofrece explicación pública alguna ante la documentación requerida por la UCO de la Guardia Civil a la Diputación del Partido Popular.

La investigación apunta al exvicepresidente de la Diputación de Almería, encarcelado durante 13 días y ahora en libertad provisional durante su gestión en el Área de Fomento, pero no es él el único responsable porque “no es ni producto de la casualidad ni responsabilidad de una sola persona”, según los socialistas.

Así, una larga lista de personas se encuentran actualmente en fase de diligencias previas, desde familiares de Liria hasta el diputado de Presidencia y responsable de Organización del Partido Popular almeriense, que declarará en calidad de investigado.

Ante el silencio sepulcral de los populares, el secretario de Política Municipal del PSOE de Almería, Rodrigo Sánchez Haro, se preguntaba el pasado verano “cómo es posible que se llevaran 400.000 euros en mordidas políticos del PP de Almería y que aquí no haya ninguna responsabilidad política”, llegando a la conclusión de que el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, “no estableció los mecanismos de control para evitar que una supuesta trama de mordidas a políticos del PP con dinero de todos los almerienses operara a sus anchas en la institución”.

La historia del pasado verano escrita sobre contratos, comisiones, sobres con dinero, testaferros, cargos del PP en mitad de la trama y compra de material sanitario durante el Covid no parece terminar. Fuentes consultadas apuntan a esto sólo ha empezado y seguirá dando de qué hablar, sobre todo ahora que el Congreso llama a filas a los supuestos responsables para esclarecer las cuestiones relativas a la trama.

La corrupción del Partido Popular de Almería sigue arrastrando el nombre de la ciudad, que con el Caso Poniente y  el Caso Hispano abiertos mantiene la investigación sobre el Caso Mascarillas.

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