Más de diez años sin concurso público. Este es el modus operandi con el que se lleva gestionando desde el 2011 el material de electromedicina del Hospital La Paz con el conocimiento de la Comunidad de Madrid, tal y como ha reconocido el equipo de Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a ElPlural.com. Un escándalo que, además, tiene cifras de vértigo: más de 230 contratos por un montante que alcanza casi los 22.500.000 euros.
Los hechos se remontan a septiembre de 2009, cuando el centro universitario madrileño adjudicó a Dräguer Medical Hispania S.A. y a Iberman S.A. (que pertenece a GEE, el Grupo Empresarial Electromédico) todo el proceso de mantenimiento de radiología convencional, equipamiento electromédico y equipos de alta especificidad técnica del hospital público. Este contrato se firmó con una duración estipulada de dos años y un valor total de 5.208.420 euros, sin embargo, ni este tiempo ni la cantidad se ha respetado.
El Gobierno de Ayuso admite el escándalo
Y es que desde 2011, cuando este contrato debió extinguirse, La Paz ha mantenido la adjudicación a las mismas compañías sin celebrar otro concurso hasta, al menos, el pasado año. Así lo ha admitido la Administración liderada por Ayuso a este periódico, tanto en instancias oficiales como a través de algunos miembros de la Consejería de Sanidad a título propio.
Se trata concretamente de 234 contratos desde 2011 a 2021 por un valor medio anual de cerca de un millón y medio de euros. Una cifra que asciende hasta los 22.430.788 euros en total, tal y como se extrae de la documentación solicitada formalmente al portal de transparencia. Unos datos que ponen en entredicho la gestión llevada a cabo desde hace al menos una década desde el propio hospital y sus centros médicos adscritos.
En concreto, esta información pone en evidencia una concatenación de continuidad de servicio, sin soporte en derecho y sin causa que justifique el que el contratista GEE -sociedad que monopoliza los servicios de electromedicina en la región gracias a este entramado de prórrogas- siguiese facturando con el beneplácito del hospital y de las arcas públicas, sin mediar licitación alguna durante todos esos espacios de tiempo, que les llevaron a ingresar ingentes cantidades de dinero.
También un oscurantismo entorno al personal que desempeña el servicio, a pesar de poder emplear acrónimos o iniciales de los empleados requeridos, que pudiera garantizar el cumplimento y trazabilidad de su identidad, sin, con ello, desvelar la identidad nominativa de estas personas y pudiendo ofrecer transparencia sobre el cumplimento o no de los parámetros contratados.
Respecto al inventario, la respuesta de la Comunidad de Madrid refleja que no existe un control en cuanto a la determinación del valor económico de cada contrato, independientemente de que sean estimaciones al alza, puesto que su justificación no está sustentada, baja ningún parámetro medianamente objetivo.
El ideólogo del Zendal también lo reconoce
Este extremo también lo han corroborado piezas clave de la gestión sanitaria que forman parte del Gobierno madrileño. Entre ellos Fernando Prados Roa, el ideólogo del Zendal, el hospital estrella de Ayuso, y coordinador de IFEMA durante su etapa como hospital para el coronavirus. El que fuera director general de infraestructuras sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), y ascendido a viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Publica esta misma semana, ha apuntado al conocimiento de las instituciones sanitarias de Madrid de este respecto.
"Todo esto se hace con el beneplácito de Belén Hernando, quien desde su posición técnica en la dirección de infraestructuras del SERMAS debe conocer de primera mano el devenir de todos estos contratos y proyectos vinculados a electromedicina", asegura una fuente del SERMAS en declaraciones a este periódico, en referencia a la actual coordinadora de Gestión en la Dirección General de Infraestructuras Sanitarias del sistema madrileño.
Por su parte, Andrés Gómez Blanco, actual director general de infraestructuras sanitarias del SERMAS, pone el foco en el propio equipo de mantenimiento del centro hospitalario. "La valoración del procedimiento de electromedicina del hospital La Paz se realiza con la supervisión del jefe de Servicio de Mantenimiento del propio hospital, que es Juan Ignacio Chaparro", asegura en declaraciones a este periódico.
La sombra de un exalto cargo del PP
Según estas declaraciones, esta situación se produciría con el presunto conocimiento de las altas esferas de la institución pública. En ellas se encuentra precisamente el gerente del hospital, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo, sobre el que se cierne una larga sombra de sospecha. Se trata de un exalto cargo del Partido Popular y amigo íntimo de Mariano Rajoy y Ana Pastor, quien fuera ministra de Sanidad durante el mandato de José María Aznar. De hecho, es familiar del actual presidente popular, es el médico de cabecera de Rajoy y llegó a sonar como sucesor de Ana Mato al frente de esta misma cartera cuando dejó el cargo en 2014.
Bajo su dirección al frente de La Paz, se han sucedido diversos acontecimientos que han alargado más la sombra sobre él. En 2020, la compañía Sibucu 360 SL fue la adjudicataria de un contrato para la compra de mascarillas quirúrgicas por valor de 500.000 euros mediante un contrato adjudicado por procedimiento sin publicidad, tal y como publicó entonces ElPlural.com. Además, esta firma no se dedicaba a la distribución de productos sanitarios, sino a la consultoría técnica e ingeniería.
En este tiempo también se produjo otro escándalo. Artesolar Iluminaciones S.L., la compañía de la que Tomás Díaz Ayuso (hermano de la lideresa) es gerente de Desarrollo de Proyecto, fue la benefactora de un contrato a dedo en La Paz para el suministro de lámparas y mantenimiento de material eléctrico. Una de más de una veintena de acuerdos con la Administración de los que se lucró Ayuso con dinero público, tal y como desveló ElPlural.com.
Durante su mandato se han producido todos estas adjudicaciones directas sin el procedimiento legal adecuado que tuvieron como benefactor principal precisamente a GEE. Esta compañía ha logrado obtener más de 86 millones de euros opacos gracias a encadenar numerosos contratos y prórrogas bajo los gobiernos del PP.
