Los Presupuestos Generales del Estado entraron en vigor el pasado 1 de enero, tras su aprobación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 28 de diciembre, tras una dura negociación del Gobierno con sus socios parlamentarios y tras el escollo que el Partido Popular le puso en el Senado por sorpresa. Pero ahora, el PP ha encontrado un nuevo asidero al que amarrar la polémica por la falta de una disposición final en la ley que explicite la fecha de entrada en vigor. Sin embargo, esa fecha la marca la propia Constitución, en su artículo 134, y los antecedentes, como los Presupuestos Generales que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó tanto en 2015 como en 2016, unas cuentas selladas en tiempo y forma, y que tampoco recogían la fecha de entrada en vigor.

Es la propia Constitución Española, la norma que está por encima de cualquier texto legislativo, la que marca en su artículo 134 cómo se regulan los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, su punto 2 señala que “los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual”. El punto 3 señala que el Gobierno tiene la obligación de presentar las cuentas al Congreso de los Diputados “al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior”. Y el punto 4 abunda en que, en el caso de no aprobarse los Presupuestos “antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos”.

Sin embargo, como ya ocurriera de manera reciente con la polémica de las macrogranjas, el Partido Popular se ha coordinado para la difusión de una especie alternativa, con la que aseguran que los Presupuestos Generales del Estado no entrarían en vigor hasta el próximo 18 de enero, al no especificarse en la publicación de la Ley de Presupuestos Generales, en el Boletín Oficial del Estado, cuando es la fecha oficial que ya marca la Constitución.

Para ello, se agarran a que el Código Civil da 20 días naturales (que se contarían desde el 28 de diciembre en que los Presupuestos aparecieron en el BOE), en lo que se denomina vacatio legis, para consultar una ley cuando no se especifica su entrada en vigor. Y ello aunque la Constitución es una norma de rango superior, la de máximo rango, de hecho, y estaría por encima del Código Civil.

Campaña coordinada del PP

De manera conjunta, en redes sociales se han lanzado diferentes dirigentes del PP, empezando por la portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra quien no descubrió este supuesto falló en los largos meses de negociación en el Congreso, pero se apresuraba esta mañana a tachar de “gobierno de incompetentes” al Ejecutivo y exigía explicaciones urgentes a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

También aportaba su granito Javier Maroto, líder del PP en el Senado. De hecho, fue Maroto quien se apuntó el tanto de retrasar los Presupuestos con una táctica cuando menos curiosa: apoyar una enmienda a favor de las lenguas regionales de Compromís. Algo que provocó la devolución de las cuentas al Congreso y el retraso de su aprobación por una semana. Aún así, el senador por Segovia criticaba hoy que “al final llegan tarde ellos solitos. Por pura incompetencia”.

También hablaba de “chapuza” la exministra Elvira Rodríguez, responsable del PP en materia económica, quien se preguntaba el supuesto efecto “sobre los cambios legislativos que contiene la ley”.

Las cuentas de Mariano Rajoy

Pero al igual que ocurriera con la polémica de las macrogranjas, con la que tanto han luchado el PP en lugares como Castilla-La Mancha, los conservadores también aquí lanzan piedras sobre su propio tejado. Porque la disposición final que echan en falta para los presupuestos de 2022 tampoco se encuentra en los presupuestos para 2015, publicados en diciembre de 2014, ni en las cuentas para 2016, que el Ejecutivo del PP aprobó en octubre de 2015.

Cuentas que en ese caso llevaban la firma de Mariano Rajoy junto a la de Felipe VI y que también fueron aprobadas en tiempo y forma. Y, por aquel entonces, Javier Maroto era vicesecretario del PP de Rajoy, Cuca Gamarra era alcaldesa de Logroño y Elvira Rodríguez era presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. De ninguno se recuerda crítica semejante.