El juez Juan Carlos Peinado sigue alargando una investigación sin pruebas contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pese a que la querella fue presentada hace un año por el pseudosindicato ultraconservador Manos Limpias -basada únicamente en recortes de prensa y noticias falsas- el magistrado ha optado por prorrogar la instrucción otros seis meses. Mientras tanto, las evidencias que se han acumulado en el sumario no hacen más que apuntar en una dirección: el archivo inmediato de la causa.
“Una sospecha fundada en datos objetivos y verificables basta para abrir la causa, pero si verificadas las comprobaciones e investigaciones precisas, la hipótesis se diluye, procederá acordar el archivo inmediato”, recordaba hace meses la propia Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, el juez instructor parece no haber leído esa advertencia. O, si lo ha hecho, la ha decidido ignorar.
El caso continúa sin pruebas
En el año transcurrido desde que se admitió a trámite la querella, Peinado ha interrogado a 33 personas, ha acumulado 15 tomos en el sumario y ha abierto cinco líneas de investigación distintas. Ninguna ha arrojado una sola prueba concluyente contra Begoña Gómez. Al contrario, los informes de la Guardia Civil, los testimonios de cargos públicos, directivos y responsables académicos, y hasta los documentos internos de las instituciones implicadas niegan que haya delito alguno en su conducta.
A pesar de todo ello, el juez ha optado por continuar con una investigación que, como admiten fuentes jurídicas, “parece más una búsqueda desesperada de un delito que una investigación penal seria”.
Red.es: una investigación que se desmontó sola
Una de las primeras acusaciones giró en torno a un supuesto tráfico de influencias para beneficiar a dos empresas en la concesión de contratos por valor de 10 millones de euros a través de Red.es, una entidad pública. La tesis sostenía que Gómez habría favorecido a estas empresas por su vinculación con Juan Carlos Barrabés, un empresario que colaboraba con la cátedra que ella codirigía en la Universidad Complutense.
Pero la Guardia Civil desarmó este argumento tras analizar los contratos, los miembros de la mesa de adjudicación -ninguno con relación con Gómez- y los procedimientos seguidos. No hallaron anomalía alguna. Las empresas presentaron sus ofertas en igualdad de condiciones, obtuvieron puntuaciones técnicas acordes al pliego y cumplieron los requisitos.
Barrabés presentó hasta 32 cartas de apoyo firmadas por grandes empresas e instituciones, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid. Una de esas misivas llevaba la firma de Gómez como codirectora de la cátedra, y esa fue la excusa para iniciar una investigación que, hasta hoy, no ha arrojado ningún indicio de irregularidad.
El cerco sobre la Complutense
Otro de los focos del juez se centró en el supuesto tráfico de influencias en la Universidad Complutense. Según Peinado, la contratación de Begoña Gómez para la cátedra de Transformación Social Competitiva podría haber sido irregular.
Pero el propio rector, Joaquín Goyache, dejó claro que Gómez fue contratada por su trayectoria profesional y por su conocimiento del ámbito de la captación de fondos. De hecho, daba clases en la universidad desde 2012, años antes de que Pedro Sánchez se convirtiera siquiera en diputado.
El juez mostró su sorpresa porque Gómez no tenía titulación universitaria, pero el rector le recordó que los estatutos de la universidad permiten la codirección de cátedras a personas sin titulación si poseen la experiencia adecuada. Además, la denominación “cátedra” se usa en la Complutense de forma genérica en más de 50 iniciativas similares. Nada nuevo, nada irregular.
El caso IE Business School: una imputación contra las evidencias
Otro episodio llamativo fue la imputación del directivo del IE Business School, Juan José Güemes, por haber contratado a Begoña Gómez. Peinado le citó como testigo y, tras su declaración, decidió imputarlo alegando que había contratado a Gómez por ser la esposa del presidente.
La sorpresa fue mayúscula. Güemes explicó que contactó con Gómez a finales de 2017 y que la fichó en julio de 2018, antes de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa. La directora de Recursos Humanos del IE negó haber afirmado que la contratación se debiera a su relación con el presidente. Solo explicó que, por tratarse de una persona pública, se incluyó una cláusula de conflicto de intereses en su contrato. Nada más. Pese a todo, el juez tergiversó las declaraciones para justificar una imputación sin base.
Corrupción en los negocios... sin negocio
Peinado también ha investigado a Begoña Gómez por un supuesto delito de corrupción en los negocios. ¿El motivo? La financiación de una herramienta tecnológica impulsada por la cátedra que codirigía, en la que participaron empresas como Telefónica, Indra y Google.
Sin embargo, ni Gómez ni esas empresas obtuvieron beneficio económico alguno. La herramienta se diseñó para ayudar a pequeñas empresas, era de uso gratuito, y no ha generado ingresos ni para Gómez ni para las compañías participantes. La Universidad Complutense, además, no desembolsó un solo euro.
A pesar de lo que indica el propio Código Penal -que exige que exista un beneficio no justificado como contraprestación por un trato de favor-, Peinado mantiene viva esta línea de investigación sin pruebas ni damnificados.
El dinero inexistente
Uno de los grandes misterios que persigue el juez es dónde estaría el dinero procedente de los supuestos delitos. Pero la realidad es que no hay rastro alguno. Un informe de la Universidad Complutense detalla los ingresos de Begoña Gómez desde 2012. En su mejor año, cobró 14.962 euros brutos, apenas por encima del salario mínimo interprofesional. En otros cursos, sus ingresos fueron aún menores: 2.983 euros, 6.000, 9.000…
En cuanto a sus cuentas bancarias, el sumario refleja que Gómez dispone de siete cuentas con saldos que oscilan entre los 234 y los 5.696 euros. En total: 21.034 euros. Ni rastro de corrupción o enriquecimiento ilícito.
Apropiación indebida y una sociedad sin actividad
El juez también la acusa de apropiación indebida por supuestamente registrar a su nombre el software que desarrolló la cátedra. Pero el Registro de la Propiedad Intelectual ha confirmado que el software no está a nombre de Begoña Gómez.
Además, aunque creó una sociedad en 2023 con el mismo nombre que la cátedra, esta no tiene actividad alguna. No ha facturado ni realizado operaciones comerciales. La herramienta tecnológica, por su parte, está abandonada por la Complutense.
Intrusismo por obedecer órdenes
La última imputación es por intrusismo profesional. El delito se justificaría porque Gómez firmó un pliego técnico relacionado con un contrato de servicios de la cátedra. Sin embargo, lo hizo porque así se lo pidió la propia Escuela de Gobierno de la Universidad Complutense por correo electrónico. La firma no tenía validez administrativa ni técnica, y se trataba de un simple trámite interno.
Las prácticas del juez, bajo lupa
Peinado no solo mantiene una causa sin pruebas, sino que sus métodos han sido severamente cuestionados. La Audiencia Provincial de Madrid anuló un registro contra el empresario Barrabés mientras este estaba hospitalizado. “No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad”, advirtió la sala. También le prohibió investigar el rescate a Air Europa por falta de base, aunque el juez pidió igualmente documentación a la UCO.
La última novedad es la imputación de Cristina Álvarez, asistente de Gómez en la Moncloa. ¿La razón? Dos correos enviados a patrocinadores de la cátedra pidiendo renovación de apoyo. Nada que no hagan miles de gestores universitarios. Pero esta excusa le sirve a Peinado para volver a la Moncloa. Esta semana interrogará al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, por el contrato de Álvarez.
El caso se tambalea
Tras un año de diligencias, interrogatorios, informes y titulares, la causa contra Begoña Gómez acumula lo que ningún juez debería obviar: cero pruebas. La causa judicial parece caminar al margen de la lógica jurídica y de la presunción de inocencia. En su lugar, se sostiene en insinuaciones, titulares y prejuicios. Mientras tanto, Begoña Gómez sigue imputada y la maquinaria mediática continúa alimentando un caso que, por lo que demuestra el sumario, jamás debió haberse abierto.
