¿Debe el Salario Mínimo ser igual en todas las Comunidades Autónomas? La respuesta a esta pregunta la tienen clara en el Palacio de la Moncloa, pero ciertas regiones no lo ven de la misma manera. Lo cierto es que, al margen del choque por la tributación de la nueva subida en el Gobierno, el SMI ha generado un debate paralelo, inoculado desde sectores identitarios. Junts puso el cebo sobre la mesa este pasado miércoles durante la sesión de control al Gobierno, reavivando una cuestión que no se circunscribe a los ámbitos liberales del país, pues no sólo líderes como Isabel Díaz Ayuso defienden que el salario mínimo de un madrileño o catalán debe ser más alto que el de otra región. También se suben a este carro desde la izquierda soberanista, comprando el marco a quienes califica de “neoliberales”. Sin embargo, tanto el Gobierno como otras regiones, incluyendo las de signo popular, cierran la puerta a tal “desigualdad”.
El debate sobre el SMI se ha ramificado después de que la portavoz de los juntaires en el Congreso, Miriam Nogueras, percutiera sobre una idea que ya ha rondado por la cabeza de los de Carles Puigdemont en más de una ocasión. De hecho, no es la primera vez que Junts intenta marcar la conversación pública con una iniciativa de tal calado, ya lo hizo Quim Torra desde la Generalitat en 2019. También la pasada semana, tras estallar el choque entre Hacienda y Trabajo por la tributación de la subida del salario mínimo, la propia Nogueras matizó que la “cuestión nuclear” de este tema es el “coste de la vida”. “No es lo mismo vivir con el SMI en Cataluña que en Extremadura”, sugirió la dirigente de los neoconvergentes en Madrid, defendiendo que la primera es un “8% más cara que la media española”.
La posición de la portavoz juntaire la han refrendado desde la cúpula del partido a través de su secretario general. Jordi Turull lanzó una idea similar en el marco de una reunión de trabajo con representantes de la patronal Cecot en Terrassa. “Un trabajador catalán puede comprar mucho menos que uno de Extremadura”, adujo el número dos del escalafón neoconvergente, defendiendo la idea de que el SMI “no puede ser lineal en todo el Estado”.
Ayuso divide al PP
El debate el SMI escalonado por autonomías no sólo atañe al independentismo catalán, con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) recogiendo el guante pero desmarcándose de las tesis juntaires. Génova también se ha impregnado de una idea que verbalizó por primera vez la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al menos así lo hizo en el seno de la Conferencia de Presidentes del pasado mes de diciembre. Según apuntan fuentes conocedoras del cónclave autonómico, la líder del Ejecutivo madrileño incluso llegó a comprar el marco expuesto por los de Carles Puigdemont, provocando una evidente fractura en las baronías del partido.
“El salario mínimo no debería ser igual para un agricultor extremeño que para un empresario de Madrid”, indicó la presidenta a puerta cerrada en Cantabria a finales del pasado curso. Aunque desde el entorno de Ayuso no se le quiso -tampoco ahora- dar más vuelo a tal intervención, evitaron a profundizar en detalles o en un plan que su equipo esté confeccionando. La tesis de Sol queda en el aire, aunque distinguidos representantes populares como el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, optaron por no disputar este partido y se limitaron a declararse “partidarios” del SMI, calificándolo como “bueno” y respaldando que fuera “lo más alto que nuestra economía pudiera soportar”.
Sin embargo, otras delegaciones populares sí han salido en contra de tal idea. No lo hicieron cuando se le atribuyeron estas declaraciones a Ayuso, pero sí lo han hecho tras enterarse del movimiento. Paco Núñez, barón conservador en Castilla-La Mancha, al igual que el presidente de la región, Emiliano García-Page, manifestaron su rechazo a la iniciativa planteada por Junts per Cataluña y señalaron la falta de solidaridad de Junts: “No vamos a permitir que los independentistas nos humillen”. Posteriormente, a esta idea se acogió el presidente andaluz, quien tampoco ha querido mancharse en exceso las manos, aunque sí aboga por un “sistema común” por toda España.
Salta la sorpresa en Euskadi
El último actor en entrar en liza es vasco, pero no es el PNV. Los jeltzales guardan esta vez un prudente silencio a expensas de los derroteros que adquiera tal debate. Se trata de EH Bildu. La formación de Arnaldo Otegi lo dejó caer este pasado jueves, poco después de que Nogueras agitara el fantasma del SMI identitario desde la tribuna del Congreso de los Diputados. Para el portavoz adjunto de los abertzales, Oskar Matute, el salario mínimo fijado para el conjunto del territorio no comporta una “respuesta de la misma manera a aquellas autonomías donde el coste de vida es menor que en las que el coste de la vida “sea mayor”.
La formación dirigida por Arnaldo Otegi, que ha arrastrado con su posicionamiento a ERC -socios habituales- hacia la iniciativa de Junts, aunque no compra los parámetros expuestos por la fuerza independentista. En cualquier caso, los abertzales se mostraron cristalinos al entender que el SMI debe ser acorde a la “realidad socioeconómica vasca”, por lo que ha prometido que su grupo “seguirá trabajando” por un salario mínimo propio “de los y las trabajadoras de Euskal Herria. Algo que ya avanzaron los sindicatos de su cuerda a través de la creación de un Acuerdo Interprofesional autónomo para fijar una cuantía exclusiva para el País Vasco y Navarra.
El debate está servido, especialmente entre estos tres actores, aunque por el momento la propuesta se ha topado con una respuesta negativa por parte de Moncloa. Desde el Gobierno de coalición han rechazado tal posibilidad al entender que atenta contra la equidad entre territorios y que, en paralelo, su aplicación liquidaría los principios de solidaridad. “Estamos haciendo muchísimos esfuerzos por tener un mercado interior homogéneo en España, y en cuanto a la situación del mercado laboral, tenemos que mantener, también en el salario mínimo, una legislación unificada y un SMI homogéneo”, explicaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ante las cámaras, al mismo tiempo que defendía, tanto en calidad de economista como de extremeño, que no hay discusión alguna a este respecto.
